Bilbao - La lucha contra la corrupción a nivel jurídico ha avanzado notablemente en los últimos años, aunque aún hacen falta más medios para combatirla de manera eficiente. Esta fue una de las principales conclusiones a las que llegaron ayer los juristas Urko Giménez y Norberto de la Mata dentro de las jornadas Justicia en Tiempos de Crisis, que se celebran entre ayer y hoy en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU. En opinión de los ponentes, la falta de medios materiales, sobre todo a nivel pericial, perjudican este objetivo, lo mismo que los criterios existentes en torno al indulto o la regulación de la figura del aforamiento.

En una conferencia titulada La corrupción política y su respuesta judicial, los profesionales de la justicia coincidieron al señalar algunos de los obstáculos con los que se topa la lucha judicial contra esta lacra. En opinión de Urko Jiménez, magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, “la corrupción no puede ser combatida solo por el Derecho Penal, aunque es un instrumento imprescindible”. Para que esta vía de lucha funcione, no obstante, es necesario que la instrucción sea más eficiente. “El modelo de instrucción que tenemos está obsoleto, no a nivel policial, pero sí a nivel jurídico”, explicó. Desde este punto de vista, los magistrados se encuentran en ocasiones con que no cuentan con “datos empíricos” suficientes para sacar adelante la investigación y con que existe un problema “de falta de peritos en el ámbito económico o contable”.

El catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU Norberto de la Mata coincidió al señalar que esta dificultad de lograr las pruebas periciales oportunas es uno de los lastres de la instrucción judicial, y añadió algunos más. La reforma del indulto, del régimen de aforamiento o incluso la revisión de las penas y la inhabilitación por casos de corrupción favorecerían, en opinión del catedrático, la lucha contra este tipo de abusos.

Los dos conferenciantes coincidieron al señalar que la justicia se encuentra en mejores condiciones que hace algunos años para luchar contra la corrupción, entre otras cosas gracias a algunas reformas legales introducidas en los últimos años. Una de ellas es la tipificación de la financiación ilegal de los partidos políticos como delito en el Código Legal, un cambio favorecido por la reforma impulsada este mismo año. El catedrático De la Mata remarcó, además, la necesidad de aclarar en qué casos cabe hablar de corrupción política, un término cuyo uso debería ceñirse, en su opinión, a los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Desde esta perspectiva terminológica, “el fraude fiscal poco tiene que ver con la corrupción”, lo mismo que otros delitos que se asocian con este término y que en líneas generales se refieren a abusos cometidos en el ámbito público.