Madrid - El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata sentará en el banquillo de los acusados al Partido Popular como responsable civil subsidiario por haberse financiado con cajas B “desde 1990 y hasta, al menos, el año 2008”, las cuales se habrían nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar “gastos generados en campañas electorales, retribuciones, complementos de sueldo, compensaciones a personas vinculadas con el partido o servicios relacionados con la actividad del partido”. Así consta en el auto en el que abre juicio oral contra los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Alvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica que reformó las obras de Génova Gonzalo Urquijo, Belén García y su empleada Laura Montero y considera que esta empresa junto a la formación política deben ser juzgados como responsables civiles subsidiarios de los presuntos delitos que habrían cometido los seis acusados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 reproduce el auto de transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, que dictó el pasado 23 de marzo su compañero Pablo Ruz, para solicitar una fianza civil de 1,2 millones de euros a la formación presidida por Mariano Rajoy, con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes si no presta la caución.
varios sistemas de cuentas El juez José de la Mata recoge que el PP habría operado con “varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero al margen de la contabilidad oficial” presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando a modo de “contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B” por no aparecer asentados dichos pagos en los libros contables ni haberse declarado al fisco. En su auto, de 102 páginas, el magistrado señala que Lapuerta y Bárcenas se habrían “prevalido” de sus cargos para manejar dichos sistemas de financiación y realizaron “diversas aportaciones que se remontan hasta los primeros años de vida de la caja B del partido” que no tuvieron “reflejo alguno en la contabilidad oficial” de la formación.
Entre los que cobraron sobresueldos, cita al exgerente Cristóbal Páez, que recibió sendas aportaciones de 6.000 euros en 2007 y 2008 para compensar su nombramiento en el cargo. Las entregas, según el juez, se hicieron en sobres que contenían billetes de 500 euros y sin que se practicaran la correspondiente retención ante la Hacienda Pública.
El juez considera acreditado que la caja B se destinó a sufragar gastos electorales de candidatos o de la propia formación en las elecciones catalanas de 2003, las generales, andaluzas y europeas de 2004 y las generales y andaluzas de 2008. El dinero opaco también se empleó, según el auto, en “el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP”, como la realización de las obras de su sede, en la calle Génova de Madrid, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro. De igual modo, los extesoreros destinaron fondos opacos al pago de la sede del PP en Bilbao entre los años 1999 y 2005, sobre la que Bárcenas creó “una cuenta específica” con fondos que se habrían nutrido, entre otras, de las aportaciones realizadas por la empresa Bruesa Construcciones.
La investigación también pone de relieve que las aportaciones en metálico entregadas por donantes a la formación de la calle Génova también se destinaban a las cuentas de donativos anónimos y nominativos aunque antes se fraccionaban para sortear “las limitaciones, requisitos y prohibiciones establecidos por la normativa legal”.
El juez cree que los hechos constituyeron un delito fiscal que es imputable a “quien actuara como administrador o responsable legal de la formación política” y por el que, en todo caso, la formación debe responder como responsable civil subsidiario. - Europa Press
