donostia - El extesorero del PP Luis Bárcenas reiteró ayer, esta vez ante el juez del caso Palma Arena, José Castro, lo que ya afirmó el pasado enero ante el Parlamento balear: explicó que un conocido empresario de la construcción ayudó a financiar las obras de la reforma de su partido en Palma de Mallorca así como la compra de las oficinas centrales de los populares de la CAV, situadas en la Gran Vía de Bilbao, al lado del Sagrado Corazón.

Bárcenas realizó esta afirmación en el marco de la instrucción del magistrado en el caso de la presunta financiación ilegal del PP balear. Ayer Bárcenas confirmó lo que ya dijo por videoconferencia desde la cárcel ante una comisión de investigación del Parlamento balear.

En aquella declaración de enero, el extesorero aseguró ante los parlamentarios que el empresario de la construcción Antonio Pinal, de la firma de origen guipuzcoano Bruesa, efectuó una donación para la compra de la sede del PP de Baleares y también, al igual que otros empresarios, de la nueva sede del PP de la CAV en Bilbao. Ya en julio de 2013 el extesorero había entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz una carpeta con la documentación bancaria y contable que supuestamente demostraba que la hipoteca con la que se abonó la compra y reforma de la nueva sede -cantidad que se elevó a los 1,2 millones de euros- fue pagada entre 1999 y 2005 con fondos de supuestas donaciones de constructores, entre ellos, de representantes de Bruesa y Urazca.

La documentación se integraba en una de las nueve carpetas de diferentes colores que el exsenador entregó al magistrado, en cuya portada llevaba manuscrita la palabra Bilbao. En su interior había una hoja correspondiente a un cuaderno de contabilidad con apuntes también escritos a mano, fotocopias de impresos mecanizados del Banco Popular, así como otros documentos bancarios manuscritos del Banco de Vitoria, Argentaria, BBVA y Banesto, y la liquidación de un presupuesto de la sede bilbaina.

El auto que el juez Ruz publicó el pasado mes de octubre detalla que el fondo para pagar la sede vasca se alimentaba de aportaciones de particulares recibidas en efectivo en la sede estatal del PP, que se troceaban para no superar el máximo legal de 60.000 euros y que se desviaban mediante transferencias a Euskadi. La contabilidad B del extesorero reflejaba como salidas estos envíos de dinero que “eran empleados para el pago de la cuota de la hipoteca por la compra de la sede”. Ruz sostiene que la presunta financiación en negro de la compra y posterior reforma del edificio se realizaba también mediante el pago directo con cargo a la cuenta del PP estatal de las cuotas de un crédito y la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre, del importe de la cuota mensual. Según el auto, una de las personas que efectuó entregas por valor de 36.000 euros fue Emilio Álvarez López, quien estuvo “presente en los consejos de administración de Bruesa Construcciones S. A. y el Grupo Empresarial Bruesa”.

27,2 millones en adjudicaciones Pinal, el empresario que presuntamente pagó parte de la reforma de las sedes vasca y balear a cambio de serle adjudicadas distintas contrataciones públicas, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez Castro. Al mismo tiempo, la Agencia Tributaria ha entregado un informe al magistrado en el que certifica que el Govern balear, durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007), adjudicó contratos por un total de 27,2 millones de euros a Construcciones Brues SA, otra empresa del grupo Bruesa. - R. Ugarriza