El Supremo debatirá unificar criterios sobre el doble cómputo

donostia - El Tribunal Supremo se reunirá el día 16 para tratar de unificar los criterios sobre el medio centenar de solicitudes que esperan en la Audiencia Nacional para que a otros tantos reclusos se les descuente de su condena el tiempo transcurrido en centros penitenciarios del Estado francés. Los presos, la mayoría del EPPK pero también otros pertenecientes a la denominada vía Nanclares, han reclamado que de su tiempo total de estancia en prisión se descuenten aquellos años transcurridos en otras prisiones comunitarias. Varias salas de lo Penal de la Audiencia Nacional, como la Primera, han atendido las primeras reclamaciones, mientras que otros tribunales, como el de la Sala Segunda, han rechazado las excarcelaciones.

Con el objetivo de avanzar hacia un espacio jurídico común, el Consejo de Europa aprobó una decisión-marco en 2008 que establecía la opción de descontar el tiempo cumplido en otra prisión comunitaria. El Estado español, que tenía que transponer dicha norma para 2010, la ha adaptado esta semana, después de que varios reos como Carmen Gisasola hayan sido puestos en libertad.

El Supremo analizará el día 16 el caso de otro reo de la denominada vía Nanclares, el de Kepa Pikabea. La Audiencia Nacional denegó la acumulación de penas por ser un asunto resuelto y Pikabea ha apelado al alto tribunal con un recurso de casación.

En el caso de Santiago Arrospide y Alberto Plazaola, la Sección Primera de la Audiencia Nacional sí dio el jueves luz verde a su puesta en libertad, como ocurrió semanas atrás con Carmen Gisasola. No así, por ejemplo, con Iñaki Bilbao.

Para resolver esta disparidad de criterios dentro de un mismo tribunal, el Supremo ha llamado a los quince magistrados que componen la Sala de lo Penal para, según recogió ayer Europa Press, “unificar criterios que descarten las dudas interpretativas derivadas tras las recientes resoluciones sobre esta materia que han acordado distintas secciones de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional”. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, reclamó ayer mediante una circular a los fiscales que le informen de las solicitudes de ejecutar el doble cómputo.

En este contexto habrá que ver la influencia que tendrá en la decisión la legislación española que entró en vigor el miércoles. La transposición de la decisión-marco incluye una disposición adicional que “en ningún caso serán tenidas en cuenta las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010”.

El abogado Alfonso Zenon, que denunció que la Audiencia Nacional ha tenido “paradas” las solicitudes desde abril o mayo hasta ahora, valoró “esas salvedades: se refieren a sentencias de antes de agosto de 2010, son, casualidad, las que afectan a los presos políticos vascos”.

“No entendemos” En la línea en la que ministros como el del Interior y el de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, respectivamente, se situaron el jueves, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáez de Santamaría, mostró ayer su incomprensión ante la excarcelación de Santiago Arrospide, que ayer fue visto en Lasarte-Oria, y Alberto Plazaola: “Los ciudadanos no lo entienden y claramente nosotros tampoco”.

La número dos del Ejecutivo de Mariano Rajoy se limitó a responder a determinadas asociaciones de víctimas, que criticaron las excarcelaciones, que la decisión del Gobierno “está en la ley que salió de Las Cortes y que dice claramente que no se puede hacer lo que ha hecho la sección primera de la Audiencia Nacional”. Una decisión tomada, señaló Sáez de Sáenz de Santamaría, en ausencia de una transposición que ha tardado cuatro años más de lo previsto.

Más aún, la vicepresidenta española dijo tenerlo “muy claro. Nos llevan a desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y tan incomprensibles”.