Rosa Díez dice que la 'omertá' de PP y PSOE y la impunidad han fomentado la corrupción

En una entrevista con Europa Press, Rosa Díez sostiene que uno de los elementos que ha favorecido la corrupción en los últimos años es un "pacto no escrito" entre los grandes partidos para "no tocar" el tema, y ha recordado que, cuando la pasada legislatura UPyD planteaba iniciativas para combatir la corrupción, su formación era acusada de desprestigiar la clase política. Esa 'omertá' (pacto de silencio) que UPyD atribuye al PP y al PSOE ya se ha quebrado, en su opinión, y los partidos ya no pueden seguir sin hacer nada.

El segundo factor es la impunidad, que achaca a un imperfecto funcionamiento de la Justicia, que ha actuado "siempre tarde y a veces mal", y a la falta de independencia de los órganos judiciales y de los organismos supervisores.

NO HAY LIMITES PARA LA DESVERGüENZA

A todo ello añade la falta de transparencia sobre los contratos de las administraciones, para acabar configurando un clima de corrupción generalizada. "Cuando validas un método y el que lo valida se siente impune, ya no hay límites para la corrupción --sostiene--. Se empieza por una cosa y se acaba en esto. No hay límites para la desvergüenza y para la corrupción".

Su conclusión es que "las cosas que ocurren en España casan muy mal con los estándares democráticos de nuestro entorno", algo que "debería dar mucha vergüenza", y ya no basta con pedir perdón, como sugiere al PP el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en relación con el 'caso Bárcenas'. "Vale pedir perdón si además hay toma de decisiones, como mandar a casa a todos los imputados. Porque pedir perdón y no hacer nada, a lo mejor algunos se quedan muy tranquilos", añade.

Rosa Díez opina que la resolución aprobada en el último Debate sobre el estado de la Nación, aunque "no es suficiente", supone "un paso importante" porque "por primera vez el PP se compromete a reformar leyes, no sólo a hacer declaraciones de comportamientos éticos".

En los últimos meses, UPyD ya pactó con el PP aplicar los partidos políticos la responsabilidad penal que se exige las personas jurídicas y obtuvo el apoyo del PP a su propuesta de tipificar en el Código Penal, como un delito específico, la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento ilícito de los políticos.

Su próxima apuesta es apartar a los políticos sospechosos de delitos de corrupción. La formación magenta tiene recogido en sus normas internas la exclusión de los imputados de sus listas pero acepta que, a la hora de extenderlo por ley a todos los partidos, ese umbral se sitúe en la apertura del juicio oral.

Lo que promueve UPyD es que, quienes han sido citados ante un juez y salen como acusados de delitos contra la administración, con un auto de apertura de juicio oral, sean inelegibles por ley y deban abandonar inmediatamente sus cargos, sin esperar a la celebración de ese juicio y menos aún a la sentencia.

SIEMPRE ENCUENTRAN DISCULPAS PARA JUSTIFICARSE

A su juicio, no vale esgrimir la presunción de inocencia pues esa garantía no está en cuestión y lo único que se pretende es que el cargo público se defienda, pero fuera de la administración. "Esto es algo a lo que tenemos que llegar cuanto antes", insiste.

Rosa Díez admite que los grandes partidos "encuentran disculpas" para no apartar a los políticos implicados en casos de corrupción: "En esta materia el PP y el PSOE se parecen como dos gotas de agua, y también afecta a CiU y a Izquierda Unida --explica--. Todos tienen casos y todos ellos gritan cuando sale el caso del otro pero luego se justifican cuando pasa en su partido".

Para la líder de UPyD, "mientras los partidos viejos no asuman esto como un proceso irreversible de exigencia de responsabilidad, no se darán cuenta de que están haciendo muy flaco servicio a la democracia".

En cuanto a la ramificación de estas prácticas en las cajas de ahorro y sus consecuencias en la crisis financiera, donde UPyD ha promovido distintas denuncias judiciales contra Bankia, Banca Cívica, Caja Madrid y otras entidades, Rosa Díez espera que se acaben depurando responsabilidades de todo tipo.

Así, pide responsabilidades profesionales --para que quien haya llevado una entidad a la quiebra no pueda ocupar un puesto directivo en otra entidad--, responsabilidades penales, económicas y patrimoniales --que los directivos devuelvan el dinero incluso respondiendo con sus propios bienes--. Y también responsabilidades políticas por haber colocado en los consejos de administración a representantes de partidos políticos que no han hecho nada para evitar la mala gestión.

Eso sí, ha vuelto a recordar que UPyD ha promovido estas acciones judiciales porque quien debía hacerlo, especialmente la fiscalía, no hizo nada en su momento. "Y los datos que hemos utilizado no son fruto de investigación, estaban ahí, son públicos, pero hemos tenido que ir por delante de la fiscalía porque no hacía su trabajo", ha añadido.

En este sentido ha advertido de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que estudia el Ministerio de Justicia puede impedir que los partidos políticos realicen esta tarea.