Sevilla. Si los sondeos de intención de voto pronostican el paso a la oposición del PSOE en Andalucía después de 30 años en el poder, las noticias que llegan de los tribunales, con el caso de los ERE como referencia, no ayudan a José Antonio Griñán y a los suyos a mejorar en las encuestas. La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha concluido que el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ya en prisión por estos hechos, concedió, "en connivencia con otros, a sabiendas de su absoluta falta de competencia y omitiendo clamorosamente y de manera continuada el procedimiento legalmente aplicable", 617 ayudas sociolaborales y 270 ayudas directas a empresas.
En el auto de 36 páginas por el cual dictó el ingreso de Guerrero en la cárcel, la magistrada pone de manifiesto que, "omitiendo el procedimiento, y por supuesto sus controles, el inculpado en connivencia con otros, concedió ayudas conociendo la ausencia de cobertura presupuestaria para el pago de las mismas, y por supuesto pudo conceder, con la misma connivencia, y de manera manifiestamente injusta y arbitraria, un número muy importante de ayudas para favorecer a familiares, amigos o personas próximas al entorno de Guerrero, al entorno de altos cargos de la Junta o del PSOE, partido que gobernaba durante el ejercicio de su cargo y gobierna en Andalucía".
La responsable del juzgado sevillano dice que el imputado otorgó estas ayudas directas y sociolaborales en virtud del convenio marco de colaboración suscrito el 17 de julio de 2011 entre la Consejería de Empleo y el antiguo IFA, "con total ausencia de procedimiento al ser el adecuado el de la subvención excepcional, según indicó repetidamente a la Consejería de Empleo la Intervención General de la Junta", añadiendo que la finalidad de dicho convenio marco "y asumida por Guerrero era obviar los férreos controles de la intervención de la Junta, pues conocía el inculpado, sus superiores y las personas que colaboraron con él que la subvención excepcional exigía un marcado control en la solicitud".
En este sentido, acusa a Guerrero, además, de omitir el cumplimiento de la normativa comunitaria en las ayudas directas a empresas, así como de incumplir incluso el procedimiento previsto en el convenio marco, "pues en la gran mayoría de las ayudas no ha existido la menor solicitud por la empresa, y es más -añade en el auto-, en muchas de estas ayudas sociolaborales el imputado ordenó el pago de la ayuda destinada a la suscripción de pólizas de rentas sin suscribir el convenio con IFA o IDEA para que ésta materializara dicho abono". De este modo, según la magistrada, Guerrero "permitió de forma injusta y arbitraria, en total connivencia con otros, la concentración de un importante número de ayudas directas a empresas que el imputado otorgó", empresas "que tenían identidad en su sustrato subjetivo, pues pertenecían o formaban parte de ellas las mismas personas, que eran del ámbito, ya por relaciones personales o políticas, del PSOE andaluz", y todo ello "se realizó en la mayoría de los casos sin que mediara ninguna solicitud, en un reducido espacio de tiempo y con coincidencia de fechas, lo que permitió el enriquecimiento de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma".
imputaciones Guerrero está imputado por seis cargos, como son sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y otro delito de falsedad en documento mercantil. La jueza considera que la actuación del exdirector de Trabajo de la Junta "supuso indiciariamente una distracción continuada de dinero público, un absoluto dispendio dilatado lamentablemente en el tiempo para favorecer a estas personas o entidades".
