Patada en la puerta

o es la primera vez, ni será la última, que la policía actúa de manera contraria a la ley y emplea sus medios de forma abusiva. Ocurrió la pasada semana en el centro de Madrid, cuando una docena de jóvenes celebraban en un piso una fiesta que no cumplía con las restricciones sanitarias por la pandemia, y molestaban a los vecinos. Llegó la Policía Nacional, varios agentes golpearon la puerta, pidieron que la abrieran para identificar a los presentes, y desde la casa se les preguntó si tenían orden judicial. La respuesta que obtuvieron fue una entrada por la fuerza de los mazos y un lote de grilletes. El artículo 18.2 de la Constitución considera la inviolabilidad del domicilio como un derecho fundamental: "Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". El concepto de flagrancia, además, no es interpretativo, sino que fue definido por el Tribunal Constitucional en aquel recurso que se presentó frente a la llamada "ley Corcuera", la que pretendía, en efecto, consagrar el sistema del patadón como método común de intervención. Flagrancia evoca la misma etimología que la palabra flama, llama, e inequívocamente determina que la comisión de un delito esté ocurriendo en ese mismo momento y que haya constancia indubitada. No pudo haber confusión en los policías que asaltaron el domicilio por la muy sencilla razón de que los que estaban en la fiesta en todo acaso podrían estar incurriendo en una mera falta administrativa, nunca un delito. Pero entraron con violencia, de manera ilegal y en abuso de autoridad. Lo peor no fue eso. Lo auténticamente grave es el amparo que el Gobierno está dando a este tipo de ataques a los derechos civiles. La Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional ha distribuido entre los mandos una circular en la que, con una bien calculada ambigüedad, deja a criterio de los agentes si han de dar patadas o mazazos para acceder a un domicilio ante la sospecha de que pueda estar celebrándose actividades que no cumplan las medidas ordenadas por las autoridades sanitarias. Eso, conscientes de que si no se cumple al menos uno de los tres supuestos constitucionales para la entrada en domicilio -autorización de propietario, orden judicial o flagrante delito- constituiría un allanamiento de morada, tipificado en el artículo 204 del Código Penal. Para que no quepa duda de hasta qué punto el actual Gobierno está dispuesto a vulnerar libertades básicas permitiendo ilegalidades policiales, en estas llegó su portavoz -esa que tanto arrastra la lengua y que tan incapaz es de transformar una idea simple en una frase entendible- para avalar la ilícita actuación policial en la que los agentes tiraron abajo la puerta. Explicaba Montero solemne tras el Consejo de Ministros que "no era una morada sino un apartamento turístico, contraviniendo la actual normativa sanitaria". Aún en el caso de ser un piso alquilado para organizar una juerga, no es nadie el Gobierno para juzgarlo, ni para arrogarse la violenta ejecutoria policial, ni para hacernos creer que la normativa sanitaria tiene el rango del Código Penal.