Tribuna abierta

Yucatán

27.03.2021 | 00:55
Yucatán

A veces tengo la impresión de que pertenecemos a una sociedad irrefrenable en lo que a demandas se refiere. Se pide, se exige, todo y ahora. Como si la ciudadanía, o una buena parte de ella, solo se interesara por los derechos propios y poco por los deberes de cada cual

Leía el otro día una pequeña reseña histórica que pone en evidencia la estupidez humana conjugada con soberbia.

El explorador español Francisco Fernández de Córdoba desembarcó en 1517 en una península del nuevo mundo. Y como buen "conquistador" decidió poner nombre a aquellas tierras. Cuentan las crónicas que para bautizar aquel paraje preguntó a la población indígena sobre la denominación de la costa en la que había desembarcado. Y en virtud de la respuesta que obtuvo determinó que aquella tierra se llamara Yucatán. En realidad, el término "yucatán" en lengua maya significa "no entiendo", que fue la respuesta que una y otra vez repitieron los aborígenes a las interpelaciones sesudas de Fernández de Córdoba.

A veces tengo la impresión de que pertenecemos a una sociedad irrefrenable en lo que a demandas se refiere. Se pide, se exige, todo y ahora. Como si la ciudadanía, o una buena parte de ella, solo se interesara por los derechos propios y poco por los deberes de cada cual.

Esa sensación resulta frustrante porque lo que trasciende es que para mucha gente, los poderes públicos están para servir a sus intereses, perdiendo la perspectiva de valores tales como el esfuerzo, el trabajo o la cooperación. Y en ese egoísmo en el que el individualismo impera, se pierde de perspectiva no ya la realidad y sus límites, sino el sentido mismo de la comunidad y del bien común.

Estas últimas semanas hemos asistido perplejos a debates o controversias que abonan esta percepción. En mi ámbito próximo, como representante electo vizcaino, asistía consternado a un discurso disolvente en sede parlamentaria que pretendía denunciar una supuesta dejación de las administraciones en relación al transporte público y de manera especial a las nuevas y futuras inversiones del ferrocarril metropolitano.

El muñidor del relato, que pretendía encabezar una protesta de agraviados, inculpaba a las instituciones de no hacer nada, de no comprometerse con las nuevas infraestructuras, dejando en la estacada a una comarca, a unos barrios, a los que solamente se apelaba en periodo electoral, engañando a la gente –que, por cierto debe ser tonta– con señuelos de obras que pasado el tiempo se guardaban en un cajón. "Como siempre" –apostillaba el procurador en cuestión–. El tribuno denunciante, representante de un adanismo político insolente y sin complejos, se olvidaba, quizá conscientemente, que a quienes imputaba de "no haber hecho nunca nada" eran los mismos que habían habilitado hasta tres líneas diferentes del Metro en Bizkaia. El transporte que miles de personas exigentes como él disfrutaban desde hacía tiempo y que, al parecer, había surgido en nuestro subsuelo por "generación espontánea" o "por la presión social de la gente".

Pero que no se reconozca una gestión pasada, o unos frutos que todo el mundo puede ahora hacer uso –como si hubieran existido siempre– no tiene nada que ver con la insensatez de pedir y reclamar el cielo a sabiendas de que lo requerido tiene un coste económico inasumible. Resulta frustrante escuchar, entonces, esa retórica de resabiados que escépticamente indica; "dinero ya hay para otras cosas". Una artimaña falsaria que sirve para mantener irreflexivamente cualquier petición, por estrambótica que resulte.

Es desalentador encontrarse siempre enfrente una pancarta, con una reivindicación cargada de literatura para camuflar su falta de viabilidad.

Es muy fácil convocar a tus vecinos a una consulta popular para que den su opinión sobre un desarrollo urbanístico, sin explicación previa, ni contextualización. Es muy lustroso "dar la palabra al pueblo" sobre lo que podría hacerse en un entorno, sin decir a los consultados que la libranza de ese espacio urbano costó 250 millones de euros que, en algún momento, el Ayuntamiento deberá ayudar a sufragar, como tiene comprometido en un convenio suscrito años atrás.

Y es que, ahora que el tren ya ha dejado de pasar por el centro del municipio, ahora que ya no existe ninguno de los 27 pasos a nivel que cuarteaban el pueblo, es sencillo decir que la ingente obra que posibilitó todo eso la pague Rita la pollera y que en lugar del desarrollo urbanístico previsto para generar recursos, se construya una gran zona verde, como Central Park.

Es muy guay eso de "dar la palabra al pueblo", pero no lo es tanto ocultar a la gente las consecuencias que puede tener no cumplir con los compromisos contraídos. Y es muy feo, en términos democráticos, invitar a un convite que paga otro.

¡Qué fácil es predicar sin dar trigo!

Más ejemplos. Todavía guardo en mi retina la imagen de Pablo Iglesias, Mayoral, Lander Martinez y otros dirigentes de Podemos fotografiados con el comité de empresa de La Naval en las puertas del astillero. Allí, aquel día –el 22 de octubre de 2018– la cúpula del equipo morado censuró gravemente al Gobierno Vasco y a su lehendakari por "no haber movido un dedo" en defensa de aquel equipamiento industrial para el que pedían una "nacionalización".

No es sencillo olvidar la exigencia del mismo partido para incorporar una partida presupuestaria en Euskadi que interviniera en la compra de activos del astillero. Y más irrefrenable mención es recordar que los mismos que esto solicitaban como condición inexcusable para apoyar las cuentas vascas, formaban parte del gobierno de su España sin que su posición de privilegio sirviera para nada. Ellos, desde el gobierno del Estado, podían haber rescatado a la empresa, incorporado a la factoría en Navantia o, en el último extremo, podían haber adquirido los terrenos de la empresa para garantizar su continuidad industrial evitando cualquier tentación especulativa. Pero, ¿qué hicieron tras un año de coalición en la Moncloa? ¿Qué acuerdos protagonizaron al respecto en el Consejo de Ministros? Ninguno. Cero patatero.

Pero la lista de despropósitos parece no tener fin. Hay que luchar contra el "cambio climático" (por supuesto). Y es preciso ir abandonando la dependencia de los combustibles fósiles, aunque en algún caso –como el gas– sean la transición necesaria para llegar a las nuevas fuentes energéticas limpias. Dice EH Bildu que gas ni oler. Entonces, si no es posible tan siquiera explorar, para saber si hay gas o no, habrá que encontrar una alternativa con la energía eólica. Pues tampoco. Que molinillos ni para moler café.

Sin embargo, el disparate más notable de cuantos estamos conociendo, no ha tenido aún desenlace. Imaginemos, en la actual situación de crisis económica provocada por la pandemia, que un grupo empresarial está dispuesto a llevar a efecto una inversión de cincuenta millones de euros para poner en marcha una planta que procese varillas de acero para la construcción, lo que en el sector se viene en denominar "corrugados".

Pensemos que tal iniciativa industrial llevaría aparejada la creación de doscientos puestos de trabajo directos y otros quinientos inducidos en empresas auxiliares y del entorno. Con estos números y previsiones, cualquier administración del país se daría con un canto en los dientes para hacerla viable en su ámbito. Pero cualquiera no significa todas.

El proyecto en cuestión existe y la única condición que plantea es poderse desarrollar en una factoría ya existente, cerrada hace ocho años, pero en condiciones de hacer prosperar con éxito la iniciativa. La fábrica se encuentra ubicada en el casco urbano de Azpeitia, donde la acería funcionó hasta la crisis de su último proyecto industrial. El Ayuntamiento de la localidad, presidido por EH Bildu se opone a la reactivación de la industria e invita al grupo empresarial a ejecutar su proyecto fuera de los ámbitos urbanos. Esto provocaría que la necesidad de financiación del proyecto se multiplicara por tres haciendo inviable el negocio. La razón esgrimida por la alcaldesa de EH Bildu se centra en una supuesta prohibición del Plan General de Ordenación Urbana que, según ella impide la actividad de la acería. Sin embargo, Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa, que apoyan la inversión, no ven ilegalidad alguna en la puesta en marcha del proyecto puesto que la supuesta prohibición no llegaría hasta la aprobación de una normativa especial que lo determine y que, al día de hoy no existe.

La decisión final pende de un hilo. Simplemente de la voluntad política del gobierno municipal de EH Bildu. Setecientos nuevos puestos de trabajo pueden perderse por la decisión política de la Izquierda Abertzale. Luego, nos vendrá con la pancarta. A reivindicar. Ver para creer.

Esto si que no lo entiendo, o lo que es lo mismo, Yucatán.

Miembro del EBB de EAJ-PNV