La honestidad política como hecho diferencial de Euskadi

Nos encontramos con que personajes de este perfil están controlando en la sombra y en la superficie la política del Estado español. Proliferan Rasputines cuyos apellidos se corresponden con figuras geométricas (Redondo, Cuadrado), Fran Hervías, al que apodan el señor lobo (alguno ha visto las películas de Tarantino), García Egea, campeón mundial de lanzamiento de huesos de oliva y otros del mismo pelaje que están moviendo el tablero de la política española, iba a afirmar que a través de mecanismos de laboratorio, pero laboratorio es algo demasiado sofisticado para que pueda ser manejado por estos aprendices de brujo.

Lo bueno de lo ocurrido es que ni ellos mismos son capaces de diseñar, ni siquiera especular razonablemente, sobre el escenario final del terremoto que han provocado. Como afirmaba un conocido opinador en Euskadi, estamos más bien ante iniciativas impulsadas por una mezcla de asesores de tres al cuarto y políticos intrigantes que toman a los anteriores por clarividentes augures que prevén el futuro. Es triste llegar a la conclusión a la que han llegado politólogos como Joel Cohen de que la denominada nueva política posee dos perfiles dominantes, la mercadotecnia y las fake.

Lejos de esta situación, Euskadi que posee numerosas señas de identidad: una lengua, la única europea que no es de origen indoeuropeo; un territorio en el que han vivido siempre la mayoría de sus habitantes; unas instituciones políticas históricas eliminadas en buena medida a través de conquistas militares, etc., posee otro signo de identidad: la normalidad y la institucionalidad política.

En Euskadi no se conocen transmutaciones políticas basadas en el transfuguismo; no se conocen compras de votos a cambio de prebendas monetarias o institucionales; la alternancia política se ha producido siempre con normalidad (aunque no haya sido cómoda para quienes han sido sustituidos en el poder); el recurso a los procedimientos formales se ha practicado siempre incluso cuando se ha querido reformar el Estatuto de Autonomía en la época del lehendakari Ibarretxe, aunque no haya existido reciprocidad en las instituciones del Estado; no existe una lucha ilegítima por el control de las instituciones del Estado de perfil constitucional como el CGPJ o el Consejo de Estado.

En materia de transfuguismo existe un Pacto por la Estabilidad Institucional, en el que yo he estado presente durante muchos años y ahora está el senador Imanol Landa. En este Pacto se ha estado intentando reprimir la figura del tránsfuga con más voluntad que posibilidades jurídico-políticas. El tránsfuga está protegido por una jurisprudencia constitucional que le atribuye la posesión de su representación política y se la expolia al partido que le eligió, que financió su campaña, que confió en su congruencia y en la defensa de los valores que dicho partido representa, en definitiva que confió en su honestidad.

Se ha intentado en el Pacto Antitransfuguismo exprimir el contenido de resoluciones judiciales como la Sentencia 151/2017, que establece que los concejales tránsfugas no pueden asumir nuevos cargos o retribuciones que antes no ejercían o percibían y que impliquen mejoras personales, políticas o económicas.

En este Pacto están representados todos los partidos y entre todos han asumido compromisos como no aceptar en su grupo parlamentario al tránsfuga de otro grupo; no atribuir al tránsfuga responsabilidades políticas en el partido de recepción; no mejorar sus prestaciones económicas; no admitirle en comisiones parlamentarias, etc. Todo lo anterior ha sido inútil, en el fondo no se puede evitar la impresión de que a los grandes partidos les interesa el tránsfuga y los eventuales beneficios que se puede obtener en la lucha descarnada por el poder que conforma la política española.

En el año 2020 se ha aprobado otro Pacto de Estabilidad Institucional. Tampoco en relación a este puedo ser particularmente optimista, no porque la figura del tránsfuga esté encapsulada por la doctrina constitucional, sino porque los tránsfugas también constituyen una pieza del ajedrez de esa nueva parte de la política que se denomina política líquida.

En relación a las reflexiones anteriores queda por saber cuál es el punto de saturación en el que la ciudadanía reaccione activamente contra una forma de ejercer la actividad conceptualmente más noble, la política, pero también la más pervertida por algunos de sus más indignos representantes.

No se ha preguntado nadie por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid ha procedido a una disolución anticipada de la Asamblea Parlamentaria de naturaleza preventiva, cuando todavía nadie le había amenazado con una moción de censura, cuando la gobernabilidad de Madrid no poseía grietas evidentes. Las respuestas a las preguntas anteriores son dos: o las encuestas le garantizan la mayoría y su particular rasputín, Miguel Ángel Rodríguez, le ha impuesto la solución, o alternativamente, porque su vocación ideológica consiste en pactar con Vox.

El sueño de Jean-Jacques Rousseau de concebir la política como un instrumento de recomposición del equilibrio entre antagonismos se ha convertido en una utopía. El populismo en el Estado español está derivando peligrosamente a un neofranquismo al que no le importa destruir siglos de parlamentarismo y degenerar las instituciones.

Afortunadamente Euskadi en esto también es diferente. La estabilidad institucional de nuestro país se observa con envidia en otras comunidades, esta estabilidad es la garantía de una gobernanza eficiente, habiendo sido premiadas las instituciones vascas en materias como emprendimiento, innovación y sociedad de la información; en materia medioambiental; en materia de gobernanza; fomento empresarial y apoyo a la transformación digital. En Euskadi tenemos otra forma de entender la política.