El apagón eléctrico que dejó a oscuras toda la Península Ibérica y del que casi un mes después de que se produjera todavía se sigue sin conocer cuáles fueron sus causas, confirmando, una vez más, la opacidad tradicional en la que se mueve el sistema eléctrico en el Estado español, no solo ha puesto de relieve nuestra vulnerabilidad, sino también la existencia de una red obsoleta para las necesidades de nuestras empresas que nos empieza a pasar la factura de una previsible falta de competitividad y desarrollo económico en este país.
Y a pesar de esta triste realidad y de la urgente necesidad que tienen nuestras empresas para llevar a cabo sus procesos de descarbonización dentro de los parámetros que exige la Unión Europea, la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es dependiente de las decisiones que se tomen en Madrid y, en este sentido, las perspectivas no son nada halagüeñas.
El nuevo plan quinquenal para la electrificación del Estado 2025-2030, que se anunció como el más ambicioso hasta la fecha, al contemplar las inversiones necesarias para actualizar una red que dé respuesta a la alta demanda de solicitudes de acceso –que se han multiplicado por ocho respecto al plan anterior y que iba a entrar en vigor antes de este verano–, está sufriendo un importante retraso. La causa reside en que todos los recursos de Redeia, es decir, la empresa que gestiona la red eléctrica española, están centrados en analizar las causas del apagón y evitar que vuelva a producirse un nuevo episodio de este tipo. En definitiva, más incertidumbre.
El Gobierno Vasco ha requerido a Redeia el suministro de 6.000 megavatios más de potencia en la red eléctrica vasca para satisfacer la demanda planteada por las empresas para acometer sus planes de descarbonización y responder a las necesidades de nuevas compañías que se quieran instalar en el país. Este retraso en la aplicación de los nuevos parámetros de potencia eléctrica que pide la CAV va a suponer una afectación importante en las empresas electrointensivas porque son grandes consumidoras de electricidad, así como las que tienen procesos productivos que utilizan mucho calor y están abandonando el gas por la electricidad siguiendo la estela de la descarbonización, a lo que hay que añadir aquellas compañías que quieren ubicarse aquí y no pueden hacerlo por falta de acceso a la red. Como muy gráficamente dice el consejero de Industria, Mikel Jauregi, no hay enchufes eléctricos para todos.
El Gobierno Vasco ha cuantificado que la falta de potencia de la red que discurre por la CAV supondrá poner en riesgo un total de 70.000 empleos directos e indirectos que, en el caso de Gipuzkoa, alcanzarían los 25.000 puestos de trabajo, así como el bloqueo de proyectos empresariales que, en estos momentos, se encuentran en situación de stand by y con el peligro de que opten por instalarse en otros territorios con un mejor acceso a la red eléctrica.
Según estimaciones del Departamento de Industria, un total de 117 empresas vascas, de las que 46 son guipuzcoanas, necesitan de manera urgente más potencia eléctrica adicional para llevar a cabo sus procesos de descarbonización, que se ha calculado en torno a los 2.034 megavatios de potencia adicional. A esta potencia hay que sumar los 745 megavatios de veinte nuevos parques industriales y los 342 megavatios que requieren los doce nuevos parques eólicos proyectados en la CAV. Todo ello, con una inversión por parte de las empresas vascas para poder cumplir con los requisitos de descarbonización implantados por la UE, que se calcula en unos 950,7 millones de euros. Y eso, solo de saque.
Problema estructural
Estos datos ponen de relieve la presencia de un auténtico problema estructural de la economía vasca en términos de competitividad que, de no remediarlo a tiempo, puede tener importantes consecuencias en nuestro tejido empresarial de cara al futuro. Un auténtico cuello de botella que se debe a la ausencia de planificación del Gobierno español desde la época de Aznar y a que las compañías eléctricas no se han visto presionadas para invertir en la red y darle una mayor capacidad y potencia, tal y como han solicitado las empresas vascas.
Existe un consenso generalizado de que esa falta de inversiones para dotar de una mayor potencia a la red eléctrica, que se encuentra sobresaturada y totalmente insuficiente para responder a la demanda, tiene su origen en una falta de previsión para responder al ritmo con el que se ha producido la transición energética, donde las inversiones en renovables han ido muy por delante de las que se han hecho en las infraestructuras de distribución eléctrica.
La red eléctrica vasca tiene importantes limitaciones, no solo por su saturación y falta de capacidad, sino también porque carece de flexibilidad para gestionar picos de demanda o integrar la energía renovable y una dependencia estructural del suministro exterior, en nuestro caso, de Francia.
Lo que ha pasado es un poco parecido a lo que ha ocurrido con el coche eléctrico, en donde las exigencias de los políticos de la UE han ido muy por delante a la propia realidad, obviando la existencia de un mercado, que sigue renuente y desconfiado ante un vehículo de ese tipo que tiene un precio alto y una falta de infraestructuras de repostaje, obligando a los fabricantes de automóviles a tener que abandonar un tipo de producto en los que eran líderes y entrar en nuevos procesos productivos sin un horizonte claro y lleno de incertidumbres. Consecuencia de este mayor peso de la ideología frente a la tecnología: pérdida de competitividad en un sector como el de la automoción, clave en Europa y en Euskadi, y destrucción de un gran número de puestos de trabajo industriales.
Dependencia
En este contexto, es bueno recordar la absoluta dependencia energética del exterior de la CAV, ya que solo el 36,1% de toda la demanda eléctrica registrada en el año 2024, cifrada en 15.025 gigawatios hora, procedía de producción propia, aunque con muchos matices, y el resto, es decir, el 63,9% fue importada de otros territorios como Navarra, Castilla-León o Castilla-La Mancha o Francia.
Hay que reseñar que ese 36,1% de energía que se produce en la CAV no es del todo genuinamente vasco, ya que la mitad, aproximadamente, el 52,3%, tiene su origen en las centrales de ciclo combinado existentes en el territorio, que funcionan con gas natural importado, un 22,5% de la cogeneración con otros combustibles fósiles o no, y el restante 7,9% a través de residuos no renovables. En concreto, solo el 17,3% tuvo su origen renovable en el país. Otro dato revelador que solo el 6,3% de la electricidad consumida el año pasado por los vascos procedía del sistema eólico, solar o hidráulico.
Todo este panorama refleja una situación de absoluta vulnerabilidad de la CAV, sobre todo en situaciones de tensión de precios en el mercado energético o riesgos en el suministro. En términos de consumo, los parámetros todavía ofrecen una imagen peor, ya que la tasa de autoabastecimiento es el 8,7% frente a un 91,3% que procede de energía importada del exterior.
Es llamativo cómo en un país con un gran desarrollo industrial de estructuras de producción energética eólica, sea el tercero en el Estado, después de Madrid y Baleares, con una producción que alcanza solo el 2% frente al 24% estatal. Nuevamente, las decisiones políticas de algunos partidos tomaron en el pasado con el fin de no impulsar los parques eólicos para no crear tensiones con otras fuerzas que de manera beligerante se oponían a la instalación de esas infraestructuras, son la causa de este importante retraso en una de las tres patas más importantes de las energías renovables.
Se da la circunstancia de que aquellos que entonces se manifestaban contrarios a la instalación de parques eólicos, ahora se muestran menos reticentes, incluso han abierto un debate sobre esta cuestión entre sus bases. La pena es que esta rectificación llega muy tarde.
