La decisión del Consejo de Estado de Bélgica, (una suerte de tribunal contencioso administrativo), de ordenar la paralización del megacontrato de la empresa pública ferroviaria SNCB por valor de 1.700 millones de euros, en donde la empresa guipuzcoana CAF figura como licitador preferente frente a otros dos competidores europeos, por “falta de transparencia al no entenderse la metodología utilizada en la evaluación de las ofertas en relación a los méritos técnicos”, es un hecho de suma gravedad que pone en cuestión la unidad de mercado y el principio de la libre competencia en el seno de la UE.
Es cambiar las reglas de juego en mitad del partido y la máxima expresión de la inseguridad jurídica de las que son víctimas las empresas europeas cuando las compañías oriundas de los países que convocan concursos públicos pierden las licitaciones al presentar peores ofertas que otras firmas competidoras en la puja. Es lo mismo que está haciendo Trump con su súbita e irreflexiva guerra arancelaria en su supuesto deseo de proteger la economía y las empresas estadounidenses, estableciendo unos gravámenes que están desestabilizando las bases del comercio mundial y la globalización. Puro proteccionismo populista.
Pero el argumento del Consejo de Estado de Bélgica no puede ser más falaz, cuando en el pliego de condiciones del concurso elaborado por el propio consejo de administración de la SNCB y de manera transparente se recogía que la elección del candidato preferente iba a obedecer a la mejor relación calidad-precio combinando con factores económicos y técnicos.
Una reglas de juego que fueron tenidas en consideración por los miembros del consejo de administración, en el que están representados representantes la gran mayoría de los grupos políticos de Bélgica, cuando por unanimidad decidieron seleccionar a CAF como el mejor postor para adjudicarse un megacontrato para el suministro de trenes por un importe de 1.700 millones de euros, ampliable hasta los 3.400 millones con una duración de 12 años, en lo que supone el mayor pedido que puede tener la empresa guipuzcoana en toda su larga historia.
En este sentido, CAF obtuvo un 4% más de puntuación que Alstom en los criterios técnicos a valorar como el consumo energético de los trenes, así como otros aspectos medioambientales.
¿Qué ha pasado en este mes y medio para que la decisión de una empresa pública belga se vea puesta en cuarentena por un tribunal contencioso administrativo? Sencillamente, que Alstom, el fabricante ferroviario francés con dos plantas en Bélgica y que fue el gran perdedor de este concurso, no solo ha recurrido por la vía de urgencia ante el Consejo de Estado de Bélgica por la arbitrariedad de la decisión de SNCB, sino que movilizado a las instituciones, partidos políticos y sindicatos belgas denunciando que si no se le adjudicaba el concurso se ponía en peligro la continuidad los puestos de trabajo de 3.000 trabajadores belgas. Para añadir mayor dramatismo, lanzó el mensaje de que la planta de Brujas, con una plantilla de 800 trabajadores, tiene carga de trabajo hasta dentro de un año. Una auténtica guerra sucia comercial.
La iniciativa ha tenido el resultado apetecido, ya que varios de los partidos que votaron a favor de CAF en el seno de la SNCB han cambiado de opinión y, ahora, prefieren que el contrato se quede en Bélgica, a pesar de que la oferta de Alstom no fue tenida en consideración por ellos en un principio, al decantarse por la de CAF. Hay que tener en cuenta el gran peso que los partidos nacionalistas tienen en las regiones de Flandes y Valonia, donde precisamente se ubican cada uno de los centros fabriles de Alstom. El gobierno federal belga está formado por una coalición de cinco partidos y se constituyó el pasado mes de febrero, ocho meses después de la celebración de las últimas elecciones.
Los argumentos que ha expuesto Alstom para recurrir la decisión de la SNCB, ante la falta de otros de mayor cualificación que nada tienen que ver con aspectos innovadores, tecnológicos o de cumplimiento de plazos, no pueden ser más simples y a la vez más populistas para presionar a las instituciones belgas y moldear una opinión pública favorable a sus intereses.
En primer lugar, el precio de la oferta de Alstom que es 107 millones de euros más barata que la de CAF, que se situó en 3.400 millones, una cifra nada relevante teniendo en cuenta el volumen del contrato, y, en segundo lugar, la prevalencia de aquellos licitadores que contaban con plantas productivas en Bélgica, para lo que el concurso debía de haber primado el fomento del empleo local.
La propia SNCB le respondió a Alstom que el precio no determina la opción preferente, sino que una oferta mejor en términos técnicos, de calidad y medio ambiente puede compensar a otra que ofrece un precio menor. Y eso, precisamente, es lo que ha ocurrido.
En cuanto al factor de empleo local que plantea Alstom, la normativa europea es clara a la hora de no recoger el elemento de la producción local como un criterio de adjudicación, ya que supondría una discriminación con OTRAS empresas de otros Estados miembros de la UE, lo que contravendría el actual derecho comunitario.
Si este argumento prevalece, tal y como parece deducirse del dictamen del Consejo de Estado de Bélgica, será necesario abrir un debate en la UE sobre los criterios que se debe tener en cuenta a la hora de convocar concursos públicos como pueden ser, por ejemplo, los efectos económicos locales en términos de desarrollo industrial y empleo. De momento, los criterios locales no son tenidos en cuenta en un concurso público europeo.
No es la primera vez que Alston, acostumbrada a trabajar en un ámbito de proteccionismo industrial francés dentro del chovinismo tradicional de sus gobiernos a la hora de favorecer a las empresas galas frente a otras europeas, denuncia a CAF por ganar un concurso público. En enero del año 2021, el consorcio formado por CAF y Bombardier, ganó a Alstom dos importantes concursos públicos, uno de ellos, un megacontrato de 2.560 millones de euros, que trató de paralizar acudiendo a los tribunales que no aceptaron sus denuncias y que provocaron el enfado de las autoridades galas.
Las políticas proteccionistas en defensa de la industria y del tejido empresarial propios y preservar el empleo oriundo, lo que supone obstaculizar la entrada en sus mercados de empresas extranjeras, no son nada nuevo en el mundo y en Europa y se están aplicando de manera más intensa en todas las grandes economías del mundo, bien de manera sutil, como puede ser la aprobación de nuevas normas de homologación de productos, o mediante la obligación de establecerse con plantas productivas en esos países.
Algunas empresas vascas, entre las que destaca CAF, han sufrido las consecuencias de este proteccionismo económico en países como Estados Unidos, Canadá o Alemania, por poner unos ejemplos, a través de la suspensión unilateral de contratos de suministro de material, la adjudicación a “dedo” de concursos a favor del fabricante local o la elaboración de nuevas normas ad hoc para impedir la venta de productos más innovadores y con mayor tecnología que los fabricados por las compañías del país.
Por eso, al igual que hace ya algunos años, el Gobierno español intercedió ante las autoridades estadounidenses para defender los intereses de CAF, que había ganado un concurso público del metro de Houston que se lo arrebataron con la excusa de que no contaba con centros fabriles en Estados Unidos, en este momento, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, debiera de realizar todas las gestiones oportunas ante la Comisión Europea y el propio gobierno belga para evitar que se consuma este flagrante robo con tintes chovinistas. También el Gobierno Vasco debería de activar todos sus resortes políticos en denunciar este tipo de actuaciones impropias en un país que fue uno de los fundadores de la UE. Una demostración más de que la anhelada unidad de Europa, a pesar de la tozuda realidad en sentido contrario, sigue siendo una utopía inalcanzable.
