Más vale tarde...

En octubre del año pasado, y con el ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales constituido y en rodaje, se volvió a insistir desde este rincón de NG sobre la necesidad de activar un plan de ayudas para renovar el parque automovilístico vasco cada vez más envejecido porque una gran mayoría de los conductores vascos optan por los vehículos de ocasión ante un coche eléctrico muy caro, falta de una red sólida de electrolineras y ausencia de perspectiva de futuro claras. El año pasado, por cada coche nuevo que se matriculó en la CAV se vendieron tres de segunda mano. Toda una muestra del poco éxito de las políticas de descarbonización e impulso del coche eléctrico llevadas a cabo por las instituciones.

Cinco meses después y coincidiendo con el anuncio de Trump de aplicar un 25% de aranceles a los coches europeos, el consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha anunciado la puesta en marcha del programa ‘Vehículos de Menos Emisiones’ con una dotación de cinco millones de euros y una ayuda máxima de 3.500 euros por la adquisición de vehículos nuevos de todo tipo, tanto eléctricos híbridos, como de combustión, que cuentan con motores de gran eficiencia desde el punto de vista medioambiental, con la condición de achatarrar coches con más de 20 años de antigüedad. Se trata de retirar de la carretera alrededor de 2.000 turismos y furgonetas.

Una decisión que llega tarde y con poca dotación, sobre todo, cuando otras comunidades como la de Galicia puso en marcha hace ya más de un año un Plan Renove para vehículos de cualquier tecnología con unas subvenciones entre 3.000 y 4.000 euros, a la que siguieron otras más cercanas, como la de La Rioja, con ayudas de 3.750 euros, o Cantabria. Asimismo, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas de hasta 2.000 euros para la adquisición de vehículos ECO o Cero emisiones o el ayuntamiento de la capital española que contempla diferentes tipos de subvenciones en función de la tecnología que tenga el vehículo, previo achatarramiento del coche viejo.

Este plan de ayudas va a contribuir de manera importante a toda la cadena de valor del sector de la automoción, donde la CAV es líder en el sector de los componentes, que arroja una situación de estancamiento y da empleo a 38.700 trabajadores, así como a los concesionarios vascos, donde trabajan 6.892 personas, que se encuentran en un gran limbo administrativo, al no ser considerados industria, ni sector comercial específico. Y ello, sin contar con la recaudación fiscal, a través de los tributos que se concentran en la adquisición de un coche, que hará aminorar de manera importante la inversión pública realizada con este programa.

Por eso parece que el plan de ayudas anunciado por el Gobierno Vasco responde más a un impulso concreto de respuesta ante la delicada situación en la que se encuentra el sector de la automoción en Euskadi, como consecuencia de la crisis que vive en Europa, sobre todo en Alemania, que de una decisión larvada en el tiempo, teniendo como horizonte el apoyo a toda su cadena de valor.

Y eso que en el Gobierno Vasco tienen ya experiencia en este tipo de iniciativas, ya que, en el año 2020, lanzó un Plan Renove del automóvil que contemplaba todo tipo de tecnologías, desde los eléctricos e híbridos hasta los de combustión, que fue todo un éxito al agotarse en muy pocos meses, y que supuso la retirada de 5.000 coches de las carreteras. Un año después, el departamento de Industria, puso en marcha otro plan que no se agotó porque las ayudas solo iban dirigidas a determinadas tecnologías vinculadas con la electrificación de los coches. Desde entonces, el Gobierno Vasco ha estado inactivo en programas de subvenciones abiertos a todas las tecnologías y solamente ha impulsado planes dirigidos a la adquisición de vehículos eléctricos o enchufables.

Otro sistema de movilidad como es el ferroviario anda en las últimas semanas algo revuelto entre los principales fabricantes europeos después de la decisión de la operadora belga SNCB de seleccionar a la empresa guipuzcoana CAF para hacerse con el megacontrato de renovación de la flota por un importe de 1.695 millones de euros, ampliables, previsiblemente, hasta los 3.400 millones, lo que supone el mayor pedido que ha tenido la compañía goierritarra en toda su larga historia.

La decisión de SNCB, que supone lograr un contrato de unos 12 años de duración y garantizar durante una buena sucesión de ejercicios la estabilidad de la cartera de pedidos de CAF -basada en la capacidad y oferta tecnológica de la compañía guipuzcoana-, no ha gustado a sus competidores, la francesa Alstom y la alemana Siemens que han decidido acudir al Consejo de Estado de Bélgica para expresar su rechazo y que se establezca un nuevo baremo en el sistema de puntos en la licitación del concurso.

A pesar de que la operadora SNCB ha optado por CAF, al ser la oferta mejor posicionada en lo que se refiere a la relación “calidad-precio”, Alstom aduce que su propuesta era 107 millones de euros más barata que la de la compañía guipuzcoana y que cuenta con dos plantas productivas en Bélgica que dan empleo a 1.900 trabajadores. Por su parte, Siemens, que presentó la oferta más cara con 3.600 millones de euros, frente a los 3.400 millones de CAF y los 3.200 millones de Alstom, también aduce afecciones al empleo local al tener también instalaciones fabriles en Brujas.

Este movimiento de los competidores de CAF puede suponer un importante retraso en la adjudicación del contrato, ya que si presentan recurso a una decisión favorable del Consejo de Estado belga, que deberá pronunciarse a mediados del próximo mes de abril, la decisión se alargaría seis semanas más. En el supuesto negativo, es decir, que el organismo estatal suspenda la orden administrativa de la SNCB el proceso de un nuevo concurso puede alargarse tres o cuatro años más.

La reacción de Alstom y Siemens es una muestra más de utilizar la vía política de los organismos públicos para subsanar las deficiencias que afloran cuando se juega en el terreno de la libre competencia. Una nueva expresión del nacionalismo económico a la que nos tienen habituados Alstom, acostumbrada a vivir del proteccionismo industrial de los respectivos gobiernos franceses que siempre han priorizado a sus empresas frente a las del resto de Europa, lo que ha permitido, hasta ahora, tener una posición de privilegio y casi de monopolio en el país galo, a pesar de la normativa comunitaria.

Mientras Europa trata de buscar su unidad y habla de contar con una estrategia común en su defensa frente a Estados Unidos, Rusia y China, todavía en el viejo continente perduran algunos tics chauvinistas rancios que no se dan cuenta de que los tiempos han cambiado y que lo que antes eran elementos a considerar ahora no sirven.

Mientras en Europa se sigue sin brújula y a la greña, una empresa ha conseguido cerrar el triángulo territorial de la CAV, en pleno debate sobre la disyuntiva del enlace del TAV con Navarra entre Ezkio-Itxaso o Gasteiz. Precisamente, el hasta ahora, director general del Negocio de Vehículos de CAF, el más importante de la compañía, Josu Imaz, ha sido fichado como consejero delegado de Tubacex, en sustitución de Jesús Esmoris, que deja el cargo después de 12 años al frente de la compañía, a la que le ha dado la vuelta en este período de tiempo, para dedicarse a una sociedad patrimonial familiar. Imaz, guipuzcoano del Goierri, entrará a dirigir una empresa cotizada cuya sede social está en Llodio (Araba) y la corporativa en Derio (Bizkaia). Por su parte, un navarro, Javier Iriarte, hasta ahora CEO de Solaris, sustituirá a Imaz en CAF. Un país en marcha.