Un ajuste fiscal insuficiente

Veintiocho años después del nacimiento de Geroa Pentsioak EPSV –que fue la primera entidad de este tipo en el Estado y ha sido el ejemplo en el que se ha basado el Gobierno español para poner en marcha un plan complementario de pensiones para el conjunto de los trabajadores y empresas estatales que quieran participar de este modelo–, los responsables políticos de este país se han dado cuenta de que el denominado segundo pilar del sistema de pensiones es una pieza importante para “la cohesión social de Euskadi”.

En esta “caída del caballo de Saulo”, los partidos que gobiernan las principales instituciones de este país han reconocido la importancia de reforzar las EPSV de empleo a través de deducciones fiscales tanto en lo que se refiere a las aportaciones de los trabajadores, a través del IRPF, como de los empresarios, por medio del impuesto de Sociedades, así como en el cobro de las prestaciones en forma de renta y no del rescate del capital.

Las Haciendas forales se han mostrado históricamente renuentes a favorecer fiscalmente el modelo de las EPSV a través de las deducciones fiscales de las aportaciones de trabajadores y empresarios y, en un afán recaudatorio, sin entender la filosofía que subyace detrás de una entidad de previsión, penalizar el 100% de la base imponible general del IRPF la percepción de la pensión en forma de renta, mientras que si se opta por el rescate del capital el gravamen fiscal es del 60%.

El “ajuste fiscal” plantea entre el 30 o 40% de las percepciones de una EPSV de empleo que se cobre en forma de renta estarán exentas de tributación, mientras que las aportaciones tendrán una deducción en el IRPF de entre el 10% y el 25%, en función de la cantidad de dinero que se destine cada año, y que tiene un tope de 8.000 euros.

La propuesta fiscal –que deberá ser aprobada por las respectivas Juntas Generales de los tres territorios con el consiguiente apoyo de un tercer grupo juntero en Gipuzkoa y Araba, ya que en Bizkaia el PNV y PSOE tienen mayoría absoluta–, tampoco ha sido del agrado de los empresarios que ven muy cortas las deducciones fiscales de las aportaciones que tienen que hacer para complementar las pensiones públicas de sus trabajadores.

Sorprende que los impulsores de este “ajuste fiscal”, no hayan reparado en una excepcionalidad como es la de Lagun Aro, la EPSV de los cooperativistas pertenecientes en su mayoría a la Corporación Mondragon. Los socios cooperativistas de Lagun Aro, reciben una pensión, de la que el 60% procede de la Seguridad Social y el 40% restante de la propia EPSV de empleo, cuya percepción en forma de renta se beneficiarán de las exenciones tributarias que contempla la reforma impulsada por el PNV y PSOE.

Una situación que no se va a dar en los jubilados en general que no son cooperativistas ya que cobrarán su pensión de la Seguridad Social sin contar con ese beneficio fiscal, con lo que puede dar lugar a un panorama de cierta discriminación o ausencia de equidad.

EPSV individuales

Por otra parte, sorprende la ausencia de referencias en este “ajuste fiscal” a las EPSV individuales, que son las promovidas por las entidades financieras y que ahora, cuando finaliza el año, están en plena campaña de captación de recursos por parte de sus clientes y que son la antítesis de lo que significa un plan de ahorro destinado a complementar las pensiones públicas. Se trata de unos productos financieros, cuyo capital puede aflorar antes de que se produzca la edad de jubilación y con un destino que puede estar en las antípodas de lo que se presupone que es el objeto de un plan de previsión.

La ausencia histórica de determinación de nuestros gobernantes a la hora de incentivar y de impulsar el sistema de cobertura complementaria de las pensiones que no solo favorece a las actuales generaciones, sino también a las venideras, garantizando de esta manera una sociedad más igualitaria y con una mayor cohesión, es lo que ha provocado que, al hilo del individualismo existente en la actualidad, algunos socios de las EPSV de empleo entiendan que sus aportaciones han sido depositadas para obtener una determinada rentabilidad financiera y no como una garantía de un mejor bienestar futuro en su etapa de jubilados.

Esto es lo que ha hecho que se formen grupos como la autodenominada Plataforma de Agraviados por Geroa que, tras perder las demandas judiciales que han presentado para solicitar la recuperación de sus aportaciones en forma de capital y no de renta, se dedican a lanzar amenazas, proferir insultos, colocar por las calles pasquines con las fotos de los dirigentes de la EPSV o como, en la recientemente celebrada asamblea extraordinaria, lanzar comida o escupir a los miembros de la junta de gobierno y trabajadores de la entidad, que, obviamente, nada tienen que ver en este asunto.

Y mientras tanto, llama la atención el elocuente silencio de alguno de los agentes concernidos en las EPSV de empleo ante este tipo de actuaciones violentas que merecen todo tipo de desaprobación y condena, sobre todo cuando existe una legislación que fija de manera clara el límite para poder realizar el rescate en forma de capital por debajo de 43.398 euros.

Mejor tratamiento

Es de esperar que este primer paso que las Haciendas forales de la CAV quieren dar a la hora de favorecer fiscalmente el sistema complementario de pensiones a través de las EPSV de empleo sea el inicio de un mejor tratamiento de estas entidades por parte de las instituciones vascas para favorecer este sistema y alcanzar al máximo número de trabajadores beneficiarios en Euskadi. Según datos del departamento de Hacienda del Gobierno Vasco, referidos al primer semestre de este año, un total de 47.755 jubilados complementaban su pensión con una renta mensual de 653 euros de media, que, en el caso de las provenientes de las EPSV de empleo se situaban en los 250 euros.

Por no hablar de las inversiones que las EPSV de empleo vascas realizan en empresas consolidadas de este país o en sectores emergentes como el aeroespacial o biosalud, así como en inteligencia artificial o ciberseguridad.

Curiosamente, el Gobierno Vasco quiere que las EPSV, tanto las de empleo como las individuales, por el gran volumen de recursos que disponen y que alcanzan los 28.000 millones de euros, ejerzan un papel tractor en el tejido empresarial vasco. Una realidad, la de las EPSV de empleo, que debe ser objeto de una mayor atención y de poner la política fiscal en favor de su impulso y desarrollo, para garantizar una mejor cohesión social y un mayor bienestar intergeneracional en este país.