Hace unos días se ponía en evidencia en alguna tertulia política, la poca relevancia que Euskadi está teniendo desde hace algún tiempo en los medios de comunicación estatales, de los que la práctica totalidad tienen su sede en Madrid, hasta tal punto de que la elección de un nuevo lehendakari y la constitución del Gobierno Vasco con más carteras de toda su historia no han tenido el eco que unos acontecimientos de esta magnitud deberían de requerir.
Quizás la normalidad con la que se desarrolla la política en Euskadi y la responsabilidad con la que se afronta una nueva etapa en este país en la que hay que dar respuesta urgente a los problemas estructurales que están afectando al bienestar de los ciudadanos vascos, frente a la política barriobajera de insultos, desplantes y chulería que se vive en Madrid, no concita el interés informativo de unos medios que son columnas vertebrales de un centralismo que ignora lo que ocurre en la periferia, si va en detrimento de sus postulados.
Afortunadamente, hemos pasado de estar todos los días en las portadas de los periódicos, como consecuencia de la existencia de la violencia de ETA a prácticamente desparecer cuando este país ha alcanzado unos niveles muy altos de normalidad y de convivencia para sorpresa de algunos, sobre todo de aquellos nostálgicos que siguen añorando tiempos pretéritos porque se han quedado sin discurso y sin perspectiva política.
Parece que los vascos, viendo lo que ocurre en Catalunya en los últimos años, hemos heredado aquel “seny”, santo y seña en el pasado de su vida política y socioeconómica, y que nos provocaba una sana envidia cuando veíamos que en este país el avance y el acuerdo eran imposibles por la existencia del terrorismo
Sin embargo, ese “seny” vasco que poco interesa en Madrid sigue teniendo un latiguillo que, en estos días, cual Guadiana emergente, ha vuelto a aflorar con motivo del debate sobre la reivindicación de los partidos independentistas catalanes de contar con un modelo de financiación propia, similar al que tenemos en la CAV y Navarra.
Nuevamente los vascos seguimos apareciendo como unos “privilegiados” por contar con el Concierto Económico de la CAV y el Convenio Económico de Navarra desde aquellas posiciones que niegan el derecho de Catalunya a tener un modelo de financiación propio que, con toda probabilidad, no será nada semejante a la principal herramienta de nuestro autogobierno, pero que debe de paliar una situación enquistada desde hace muchos años.
Ahora, no solo han vuelto a reiterar una vez más nuestra condición de privilegiados, sino que, incluso han dado un paso más adelante, al incidir en una supuesta ruptura de un modelo fiscal único en todo el Estado, sin tener en cuenta nuestro régimen foral y los Derechos Históricos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Gernika.
En ese sentido, el Foro Económico de Galicia ha planteado la revisión del sistema del Concierto Económico de la CAV y del Convenio de Navarra. En opinión de este foro, nuestro régimen fiscal “representa una anomalía sin parangón en el panorama internacional”, ya que “a diferencia de otros países con estructuras federales, ningún otro gobierno central ha renunciado al control fiscal de una parte de su territorio como ocurre en España”.
Para estos expertos gallegos, al igual que hace unas semanas proclamaban, los miembros de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la extensión del modelo de concierto económico a Catalunya comprometería “la viabilidad económica” del Estado, es decir, se lo cargaría. Nunca hubiéramos pensado que nuestro Concierto Económico tuviera semejantes fortalezas.
Pero estos expertos nada dicen de los privilegios que tiene Madrid hasta el punto de que el PSOE empieza a acusar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de hacer “dumping fiscal”. Han tardado tres años, desde que el exlehendakari Iñigo Urkullu, lo hiciera, justo después de que la Comunidad de Madrid comenzara a reducir los tramos del IRPF.
La Comunidad de Madrid, que es un producto artificial resultante de la nueva distribución de la estructura del Estado surgida con la llegada de la democracia a la que no se conoce históricamente ningún elemento identitario propio, tiene el privilegio de ser la capital estatal y, con ello, el lugar donde se concentra el mayor gasto público muy por encima del resto de las comunidades. Desde que llegó Sánchez al Gobierno central, Madrid ha recibido un 40% más de recursos, casi 30.000 millones de euros, que durante los seis años de Rajoy.
Ese factor de capitalidad hace que Madrid sea receptora de la gran mayoría de las inversiones públicas del Estado, con lo que concentra cada vez mayor actividad económica en perjuicio de otras regiones. Basta echar un vistazo a las infraestructuras de transportes, como, por ejemplo, el ferrocarril, para comprobar esa situación beneficiosa. En Euskadi llevamos años y años, esperando la llegada del TAV, mientras que los madrileños viajan en alta velocidad desde 1992. Un privilegio de 32 años.
Da igual el indicador de gasto público al que se recurra, como, por ejemplo, el último referido al gasto per cápita del sistema de financiación de cada comunidad, para conocer que Madrid aparece siempre en una posición ventajosa, en esta ocasión, en primer lugar y a gran distancia de la segunda, mientras Andalucía y Valencia cierran la lista. Gracias a estos privilegios, en donde buena parte del gasto que se ejecuta en Madrid es asumido y pagado directamente por el Estado, especialmente, los funcionarios, amén de los porcentajes correspondientes sobre el IRPF, IVA y determinados impuestos especiales, el Gobierno de esta comunidad se puede permitir el lujo de eliminar el impuesto de Patrimonio, del que se benefician 500 contribuyentes, y de contar con importantes deducciones y bonificaciones en los de IRPF y Sucesiones y Donaciones, en este caso, del 99%.
Esta situación está provocando un efecto llamada de contribuyentes de otras regiones que se instalan en Madrid para pagar menor impuestos. Todo un alarde de solidaridad intracomunutaria, a pesar de que según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), este dumping fiscal supone dejar de recaudar alrededor de 4.000 millones de euros anuales. Se estima que, en los últimos 20 años, desde que Madrid comenzó a aplicar las rebajas fiscales, ha dejado de recaudar alrededor de 60.000 millones de euros.
A esta política que nada tiene que ver con la justicia social, la redistribución de la riqueza y la progresividad, se le va a añadir lo que denominan la ley Mbappé. Una nueva norma fiscal que contempla una reducción del 20% del IRPF, para aquellas fortunas cuya residencia no estuviese establecida en Madrid en los últimos cinco años que quieran invertir en la comunidad en renta fija o variable y se comprometan a trasladar su domicilio durante seis años. Ayuso calcula que hasta 30.000 extranjeros podrían acogerse a esta medida, a pesar de que dejaría de recaudar 60 millones de euros.
Gracias a este modelo de bajos impuestos, menos trabas burocráticas y a la gran ayuda que le presta el Estado, Madrid se ha convertido en foco de atracción de la inversión directa extranjera, hasta el punto de que el 62% de los 6.678 millones de euros de capital foráneo que entraron en el Estado en el primer trimestre de este año, eligieron la capital madrileña para su ubicación. Esta es una de las razones por las que las multinacionales y las grandes empresas recalan en esa comunidad, con lo que se está generando un agravio con otras regiones que tendrá graves consecuencias socioeconómicas en el futuro.
Mientras Ayuso rechaza la financiación singular que pide Catalunya y aplica políticas neoliberales para favorecer a los que más tienen, no le importa que Madrid sea la comunidad que menos invierta en servicios públicos básicos como sanidad y educación, que cada vez están más deteriorados. No es ninguna casualidad, sino que forma parte de una ideología elitista, insolidaria y basada en privilegios. A menos impuestos, menor recaudación y, por lo tanto, menor capacidad de gasto en políticas sociales.
