A la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz, se le ve siempre el plumero jacobino cuando se trata de cumplir acuerdos que favorezcan a los trabajadores vascos, por cuanto significa romper el modelo centralista de la negociación colectiva, a juzgar por el comportamiento negativo, o cuando menos, esquivo que, en este sentido, está teniendo desde el año 2022, cuando se aprobó la Reforma Laboral, en relación a la reivindicación vasca de que los convenios autonómicos deben prevalecer sobre los estatales, siempre y cuando sus condiciones sea mejores.
Hace unos días, Yolanda Díaz, se ha comprometido a que este asunto, acordado entre el PNV y el PSOE para favorecer la investidura de Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno español, sea llevado para su debate y aprobación al Congreso de los Diputados, dentro de un nuevo decreto de subsidios de los trabajadores que tiene que presentar, al decaer el que llevó hace unas semanas por el rechazo de los cinco diputados de Podemos.
Pero el compromiso de la ministra Díaz no ha sido a voluntad propia, sino, prácticamente, a regañadientes y forzado por una pregunta de la diputada del PNV en Madrid, Idoia Sagastizabal, formulada en una comisión del Congreso, donde la ministra Díaz explico las grandes líneas de su actuación política para esta legislatura. La diputada jeltzale le advirtió a la ministra que este asunto “sí o sí, debe incorporarse en la siguiente normativa que nos presente porque, de lo contrario, tendríamos un problema serio y podría no contar con nuestro voto”.
En el horizonte y ante la actitud poco entusiasta y renuente que ha mantenido la ministra Díaz en los últimos años, en relación a este asunto, el PNV, a través del diputado Aitor Esteban, lanzó hace unas semanas una amenaza clara al Gobierno Sánchez: “Vamos a hacer descarrillar votaciones si no se da prevalencia a los convenios porque los acuerdos están para cumplirlos. Ya lo hicimos con la Reforma Laboral, con la que estábamos básicamente de acuerdo”.
Cómo se ve el nivel de fiabilidad que ofrece la ministra Díaz es más bien bajo, por no decir inexistente, y por eso, el PNV está presionando para que la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos sobre los estatales se apruebe en la primera oportunidad que se presente, teniendo en cuenta que en el acuerdo suscrito con el PSOE se fijaba un plazo de seis meses.
Con este panorama de fondo, la líder de la formación Sumar, en un alarde de eliminar cualquier atisbo de duda sobre su entusiasmo a la hora de cumplir con la demanda del PNV, afirmó, no sin una cierta dosis de rubor ajeno, que “no sé dónde está el problema, porque lo importante es que mejora la vida de los trabajadores”. “Si no creyera en esto, no lo defendería”, agregó.
Esta forzada caída de San Pablo del caballo que ha protagonizado Yolanda Díaz tiene mucho que ver con el lema que instauró Pedro Sánchez y que forma parte del frontispicio de esta legislatura: “Hacer de la necesidad virtud”. Y a ello, se agarra el PNV.
El PNV votó en contra de la Reforma Laboral en el año 2022, por las resistencias de la ministra Díaz a tocar una sola coma del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social con la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, que se mostraron en contra de incluir en la ley la prevalencia de los convenios autonómicos sobre estatales, amenazando, incluso por parte de la patronal, de hacer saltar por los aires el pacto, si se recogía la propuesta. Incluso la propia Confebask, que ahora mantiene una posición discreta y silente, se mostró abiertamente contraria a esta reivindicación del PNV, hasta el punto de que su entonces presidente, Eduardo Zubiaurre, la consideró más “un debate político y filosófico, que una preocupación real”.
A pesar de que ahora, la ministra Díaz, se compromete a cumplir con el acuerdo y sacarlo adelante, lo cierto es que su compromiso sigue generando dudas, ya que pretende que el asunto sea objeto de negociación en la mesa de diálogo social con la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT, que se han mostrado siempre en contra de la medida, para llevarlo, posteriormente, a la aprobación del Congreso de los Diputados. La cuestión es saber si se va a repetir la situación de hace dos años, porque en el Congreso de los Diputados votan los grupos parlamentarios y no la mesa de diálogo social por mucha representatividad y legitimidad que tengan sus miembros. Y ahí es donde el PNV quiere comprobar si Yolanda Díaz cumple con su palabra y con el acuerdo firmado con Pedro Sánchez.
La insistencia en que la medida de que los convenios autonómicos tengan prioridad aplicativa sobre los estatales se recoja en una normativa laboral no es una cuestión baladí porque va a servir para evitar situaciones de conflicto cuando los sindicatos de obediencia estatal como CCOO y UGT puedan impugnar convenios firmados por la mayoría sindical vasca de ELA y LAB en el ámbito de Euskadi en base a un texto que puede tener poco recorrido en la interpretación de la norma, si, previamente, no hay explicitaciones diáfanas en sentido contrario
Se trata de acotar y establecer un marco que dé seguridad jurídica a la negociación colectiva en Euskadi, al margen del acuerdo interprofesional que, en virtud de la autonomía de las partes, suscribieron en el año 2017 la patronal Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, que recoge precisamente la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos vascos frente a los estatales. Un marco que tanto CCOO como UGT no quieren romper porque lo contrario significa reconocer que la realidad sindical vasca, cuya mayoría está formada por ELA y LAB, no tiene nada que ver con la que puede existir en el Estado.
Con este marco jurídico se quiere evitar que en Euskadi se pueda aplicar un convenio que puede ser muy satisfactorio por las condiciones de salario y laborales de los trabajadores de un sector a nivel de Estado y ser regresivo y perjudicial para los empleados vascos porque el nivel de vida y la situación económica en los dos ámbitos son muy diferentes. Con el mismo nivel salarial, un trabajador puede vivir holgadamente en Cuenca y malvivir en Euskadi.
A pesar de que algunos agoreros, aquellos que siempre plantean el café para todos para resolver los problemas territoriales en el Estado, señalan que puede existir una brecha salarial entre los trabajadores porque un empleado andaluz no puede pedir que se le aplique el mismo convenio que a un vasco en la misma empresa, lo cierto es que ese problema no va a existir. En primer lugar, porque la situación socioeconómica y laboral en el conjunto de las comunidades del Estado, salvo la vasca, será muy semejante a lo que se recoge en el convenio estatal, y, en segundo lugar, porque la correlación de fuerzas sindicales coincide en los dos ámbitos, a excepción de Euskadi.
Otro dato a tener en cuenta es que los convenios vascos, por norma general, son mejores que los estatales, con lo que “el torpedo contra la unidad de mercado laboral”, que denuncian los críticos a esta medida, no tiene ninguna razón de ser porque las diferencias entre trabajadores en igualdad de condiciones, existen en la actualidad. Son los que defienden a ultranza la uniformidad frente al reconocimiento de la diversidad, a pesar de que dicen posicionarse a favor de la denominada plurinacionalidad del Estado español. Ver para creer.