El hecho de que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del 8% hasta los 1.080 euros al mes, aprobada esta semana por el Gobierno de Sánchez suponga superar el 70% el sueldo medio que perciben los trabajadores en un total de 24 provincias españolas, entre las que destacan Badajoz, Cáceres, Almería, Alicante y Jaén, debería haber sido motivo más que suficiente para moderar, –aunque sea por solidaridad con esas personas que van a ver un poco mejorada su situación económica por impulso de una decisión política–, la euforia incontenida con la que los directivos de los principales bancos estatales han dado a conocer los mejores resultados económicos de su historia.
Si se analiza el mapa peninsular donde la subida del SMI va a tener más incidencia, se puede ver una mancha que cubre toda Andalucía para subir por el Centro y Extremadura a algunos territorios de Castilla y León y Galicia, con lo que puede resultar obsceno el alarde que los directivos de los seis principales bancos estatales han protagonizado estos días al dar a conocer unos beneficios récord en conjunto de 20.800 millones de euros, lo que significa un 26% de aumento interanual.
A ese panorama hay que sumar que el 14% de la población del Estado tenía dificultades para hacer frente a la hipoteca, el alquiler o las facturas y se retrasaba en los pagos relacionados con el hogar en 2021, sin contar el efecto de la subida de los tipos de interés y el aumento desbocado de la inflación que se produjo el año pasado. Un porcentaje que significa cinco puntos por encima de la media de las familias europeas, según datos de Eurostat.
Y este resultado histórico que ha tenido la banca tiene su origen en el aumento incesante de los tipos de interés que, desde el pasado verano, está acometiendo el Banco Central Europeo (BCE) hasta llegar al actual 3%, con una previsible subida de medio punto el próximo mes de marzo, que ha hecho que los márgenes financieros hayan subido del 13% al 35% en solo un trimestre. También ha tenido un efecto importante la bajada de gastos de explotación como consecuencia de una mayor digitalización y las reducciones importantes de plantilla que han acometido las entidades financieras.
Y todo ello, sin tocar las comisiones que cobran los bancos a sus clientes y que han sido justificadas con la excusa de que el negocio se había visto afectado como consecuencia de la existencia de unos tipos de interés en negativo. Esas comisiones han supuesto para esas seis entidades bancarias un total de 2.000 millones de euros durante al año pasado, al pasar de los 21.000 millones de euros en el año 2021, a los 23.000 en 2022.
Como ocurre con las gasolineras que repercuten la subida inmediatamente del precio de combustible y, sin embargo, no muestran tanta rapidez cuando el crudo desciende, la banca todavía sigue siendo renuente a renumerar el pasivo, es decir, el ahorro de sus clientes, en medio de un cambio radical de paradigma con un alza en el coste del activo, tras el abandono de los tipos de interés en negativo.
Por el momento, no parece que esos bancos –en donde se encuentran los directivos del sector mejor pagados de toda Europa, entre los que sobresale el líder que cobra 15 millones de euros anuales–, se den mucha prisa en cambiar la tendencia y favorecer los intereses de los ahorradores y mejorar la atención con sus clientes que sigue siendo la gran asignatura pendiente del sector.
En este sentido, las iniciativas del sector bancario, tras la denuncia de la campaña Soy mayor, pero no idiota, en la que se denunció la falta de empatía de los bancos con las personas mayores al dirigirlas hacía operaciones tecnológicas y no presenciales, ignorando la brecha digital existente, han sido mínimas y ponen de relieve la existencia de un mercado único en la que los ciudadanos no tenemos escapatoria alguna porque el sistema no nos permite ninguna alternativa a la hora de depositar nuestros ahorros.
A esos directivos bancarios debería darles vergüenza ver la imagen de ciudadanos haciendo colas en las sucursales del Banco de España para invertir en letras del Tesoro, a pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, para obtener una rentabilidad del 2,98% a doce meses y de 2,58% a seis meses, obligados por su negativa de remunerar sus depósitos. Los ciudadanos han visto en las letras del Tesoro el atractivo de un bajo riesgo y una rentabilidad asegurada en un entorno de inversión complicado, al tiempo que compensan los efectos negativos de la inflación.
Sería bueno que esas colas cambiaran de acera y se formasen también en cualquiera de las sucursales de las seis entidades que han sacado pecho con sus resultados de récord histórico para reclamar la remuneración de sus depósitos reavivando la imagen de las crisis económicas, corralitos y retiradas de efectivo. Puede ser una medida efectiva, porque los clientes minoristas han perdido fuerza de respuesta suficiente ante la gran concentración del sector bancario que ha quedado reducido en muy pocas entidades. Algunos echaran de menos a las antiguas cajas de ahorro que fueron grandes pagadoras de grandes intereses en depósitos y cuentas corrientes no hace tantos años.
Y tras la “fiesta” de los bancos vendrá la que en las próximas semanas protagonizaran las empresas eléctricas y gasistas, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, así como la petrolera Repsol. Según los analistas, las tres primeras empresas presentarán un aumento en sus resultados del 20% en conjunto, lo que significa 1.300 millones de euros más que el año anterior. Un panorama que se contrapone con la pobreza energética en el Estado que, en 2021, afectó al 14% de los hogares del Estado que no tenían recursos para mantener una temperatura adecuada en sus casas, lo que significa el doble que la media europea.
En este sentido, en Euskadi la situación también arroja datos preocupantes, ya que el 12% de la población vasca estaba en riesgo de pobreza en 2021, lo que significa un aumento de casi 50.000 personas respecto al año anterior, según recoge la galería de indicadores correspondiente a 2022, elaborada por Gaindegia, el Observatorio para el desarrollo económico y social de Euskal Herria.
En este informe, –que recoge información socioeconómica conjunta de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), Navarra e Iparralde y que será presentado el próximo martes, en Donostia–, Gaindegia aporta un dato desconocido hasta ahora y a la vez preocupante. El estudio señala que el grado de emisiones de CO2 por habitante en el conjunto de Euskadi es de 8,8 toneladas al año, casi el doble que la media mundial. En Europa, los Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, República Checa o Canadá y los Emiratos árabes registraron emisiones de gases por efecto invernadero que alcanzan entre las 11 y 13 toneladas de CO2 por habitante.
Este alto grado de contaminación que se registra en Euskadi tiene su origen en el importante peso que la industria tiene en la economía del país no solo como actividad productiva en sí misma, sino como elemento tractor para otros muchos sectores económicos como el de los servicios. Teniendo en cuenta este parámetro, el debate que se plantea en este país es la necesidad que tenemos los vascos de tratar de compaginar el desarrollo industrial con la sostenibilidad y el medio ambiente para tratar de contribuir en la medida de nuestras posibilidades a amortiguar los efectos del cambio climático. Una cuestión que necesita de un gran consenso social y de arrimar el hombro entre todos en beneficio del bienestar e interés general.
