Una maniobra de última hora en la redacción de la orden que el Gobierno español publicó ayer en el BOE va favorecer que se puedan conciliar sus medidas de “obligado cumplimiento” con los criterios aprobados por el LABI a principios de semana para la gestión de la pandemia con vistas al verano y hasta que el 70% de la población esté vacunada. Este hábil regate ha sorteado el principal obstáculo del choque al que Moncloa precipitaba a ambos ejecutivos: los horarios y aforos de la hostelería, sobre los que pendía la amenaza de regreso a restricciones pasadas por un inesperado ataque de centralismo justo un mes después de aquella declaración de Pedro Sánchez en la que dijo que el estado de alarma “es el pasado”. El presidente español afeó entonces a las comunidades autónomas sus lamentos y les instó a echar mano de sus “amplias competencias” para gestionar la pandemia en el ciclo abierto por la vacunación, a punto de alcanzar velocidad de crucero. Pero en medio ocurrió el desastre electoral de Madrid y los efectos de esa mala digestión se pagan con ataques de centralismo a cargo del autoproclamado gobierno de la cogobernanza y la España federal. Los hechos vuelven a ser tozudos y demuestran que el que tiene la sartén por el mango, si puede, ni siquiera lo comparte.
