l requisito de conocimiento del euskera para acceder a una plaza pública vuelve a estar en entredicho. Ahora, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en respuesta al recurso de un ciudadano que considera que su derecho a optar a un puesto de policía municipal en Irun se veía vulnerado porque en la convocatoria para la provisión de las doce plazas se exige algún grado de conocimiento de euskera. El fallo del tribunal, presidido por el popular juez Garrido, estima que se trata de un requisito que actúa como "elemento discriminador" hacia una parte importante de la población, porque en Irun solo el 8% de la población es euskaldun. Para ese 8%, sugiere el tribunal, basta con que uno de los dos agentes que forman la pareja sea capaz de comunicarse en euskera. Me pregunto si para ponerse al volante del coche patrulla basta también con que solo uno de los dos sepa conducir. La ley dirá lo que quiera en defensa de ya sabemos qué, pero si el objetivo es garantizar los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos eso solo es posible con una administración bilingüe y no con la realidad sociolingüística del municipio en cuestión. Sorprende que los jueces digan que la convocatoria da preferencia a un grupo de ciudadanos por el hecho de conocer el euskera. Va a resultar que para los jueces españoles el euskera es el idioma de una comunidad que lo maneja como un arcano. ¿No habíamos quedado en que el euskera era de todos y no era patrimonio de nadie?. En el fondo, no es sino una consecuencia de la posición hegemónica que la Constitución otorga al castellano, cuyo conocimiento es obligatorio, y la condición subordinada que impone al euskera, al que solo se reconoce el derecho a usarlo.
