oy de la opinión de que la decisión de poner punto final a décadas de estrategia violenta debería ir acompañada de una revisión crítica de ese pasado desde la perspectiva de los derechos humanos. El problema de no hacerlo, teniendo en cuenta que los principales objetivos políticos no han cambiado, es que deja una duda permanente sobre la consideración ética y la utilidad que, todavía hoy, se le otorga a aquella estrategia para la continuidad de los fines en esta nueva etapa. Será más difícil normalizar la convivencia en este país con esa interrogante pendiente de despejar. Pero lo que se le pedía a la izquierda abertzale era que asumiera la legalidad y rompiera con la actividad violenta, cosa que hizo y luego bendijo el Tribunal Constitucional. El intento de invalidar su representación para el juego político no es más que una burda maniobra en la que se utiliza a las víctimas en favor de intereses propios, manteniendo vivo el fantasma de la violencia como si nada hubiera cambiado en la última década. La participación de la izquierda abertzale en el juego político asumiendo las reglas fue la demanda que se le hizo durante todo el tiempo anterior al fin de ETA. Hoy, como todos, pone en valor sus votos en Madrid para los presupuestos. Otra cosa es la opinión que merezca el balance servido en un plato que se ve vacío cuando hace años se protestaba por las lentejas que conseguían otros.