n estos últimos tiempos criticar a los políticos, así, sin matices, se ha convertido en un lugar común al que la actitud y la actuación de muchos de ellos contribuye de forma generosa. La pandemia, con toda su complejidad, y su gestión, que abarca todos los frentes como nunca hasta ahora, está debilitando su posición y contribuye a ahondar todavía más en esa causa general. Pero lo ocurrido esta semana con el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en apariencia un deber en la hoja de servicios del Gobierno Vasco, creo que retrata sobre todo a esa justicia que se dirime en los márgenes cambiantes con la política. Es una justicia que se ve desconectada de la realidad social, que parece pugnar por su espacio de poder y que provoca perplejidad y desconcierto entre la ciudadanía. De qué otra manera se puede entender el criterio exhibido por los mismos tribunales sobre las mismas causas en el estrecho territorio que se extiende entre Bera e Irun, Leitza y Berastegi o Altsasu e Idiazabal. El tribunal navarro ha demostrado que había otra forma de resolver la orden de limitar a seis personas los encuentros sociales. En la CAV se ha apostado por preservar el derecho de reunión de las personas frente al de la salud, ofreciendo al virus la posibilidad de moverse al ritmo del disfrute de ese derecho fundamental.
