a represión a porrazo limpio de la consulta, la posterior aplicación del artículo 155 y la judicialización del conflicto con su corolario de exilio y cárcel para los políticos soberanistas fue la triple acción unionista para enterrar hasta el próximo siglo las tentaciones emancipadoras del pueblo catalán. Ni se sabe la cantidad pronósticos que se han leído y oído anticipando la muerte del procés, siquiera por inanición. Pero la realidad es muy terca y esta semana en la que se han cumplido tres años del famoso referéndum, el conflicto aflora de nuevo con la desproporcionada sentencia que inhabilita al presidente de la Generalitat por no retirar una pancarta con el lema en favor de la libertad de los presos soberanistas, un deseo que cuenta con el respaldo de la gran mayoría de la sociedad catalana. La sensación de injusticia por las penas impuestas, despojados además de sus beneficios penitenciarios, convive con la realidad de una verdad revelada ya sin disimulo: la de un poder judicial convertido en una irrenunciable herramienta de control político en manos de la derecha y una magistratura que desde su cúpula desafía al ejecutivo español, alineándose con la estrategia para derribar a la coalición gobernante al grito de ¡Viva el rey! Solo falta darle la razón a Díaz Ayuso en su pulso por el cierre de Madrid. Pronto lo sabremos.