Editorial

La hoja de ruta de Sánchez

12.01.2022 | 00:02

El calendario legislativo del Gobierno parece orientado de forma electoralista, evitando cuestiones de fricción que pueda aprovechar la derecha y abordando otras reformas que implican recentralización

La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022 gracias a los votos de la mayoría de la investidura proporcionaron al Gobierno de Pedro Sánchez la necesaria estabilidad para afrontar un año complicado social, política y económicamente y que va a ser clave para la recuperación pospandemia. Una tranquilidad relativa, toda vez que la situación general sigue siendo complicada y de que la derecha, con el PP a la cabeza, está empeñada en utilizar toda su artillería –incluida la manipulación– para desalojarle de La Moncloa, aprovechando el ciclo electoral autonómico, empezando por Castilla y León. Sánchez es plenamente consciente de ello y todo hace indicar que está dispuesto a adaptar su hoja de ruta en el objetivo de agotar la legislatura o alargarla lo máximo posible. El calendario legislativo del Gobierno para 2022 parece ir en esta línea. Es indiscutible que la recuperación económica ligada a la recepción de los fondos europeos –y, por ello, al cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas– es la máxima prioridad en estos momentos. Pero esto no quiere decir que se olviden o se aparquen otras cuestiones que tienen que ver también con compromisos internos y con sus socios de legislatura. De ahí que sorprenda que el Plan Normativo previsto por el Gobierno para este año obvie las cuestiones más espinosas y que a buen seguro constituirían elementos de fricción que serían aprovechados por la derecha con fines electoralistas para mantener el clima de confrontación y de ataque directo a Sánchez. Sobre todo, en asuntos de interés político y social para Euskadi y Catalunya y, por tanto, para una parte sustancial del apoyo parlamentario al Ejecutivo. No abordar este año –lo que supone que, en la práctica, no lo serán ya en la legislatura– cuestiones como la reforma de la Ley de Secretos Oficiales que impide investigar crímenes del GAL y las fuerzas del Estado, la del Código Penal –lo que implica que no se tocan las penas por sedición y rebelión– o la Ley de la Corona y, en cambio, priorizar otras que prevén la uniformización y recentralización de servicios y competencias puede parecerle rentable al Gobierno en el corto plazo, pero puede suponer una afrenta para sus socios, irritados ya por otros incumplimientos de compromisos y la cerrazón en negociar la reforma laboral. Una apuesta peligrosa para Sánchez.

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