Editorial

Una década en perspectiva

20.10.2021 | 00:30

Son innegables los avances en materia de convivencia tras el final de la amenaza terrorista y ese camino se cimenta aún hoy en un compromiso cívico colectivo que merece una posición central

El anuncio del fin de la actividad terrorista de ETA, hace hoy diez años, abrió la puerta a una expectativa de construcción de la convivencia que se puede analizar con perspectiva del camino recorrido. No ha sido corto ni deben desmerecerse los avances en este sentido. La mera desaparición de la amenaza sobre las vidas de miles de personas es un activo imponderable cuya verdadera dimensión solo pueden medir en su calidad de vida esas personas. La normalización de la vida política ha acreditado, además, que en democracia se puede avanzar en la reivindicación y la formulación de proyectos ideológicamente variopintos, con igual derecho a someterse al arbitrio de la ciudadanía en las urnas. Una realidad que durante décadas fue negada por quienes pretendieron configurar la voluntad del pueblo vasco a punta de pistola. La ausencia de violencia permite revisar nuestro pasado sin complejos, reconociendo con igual naturalidad y justa equivalencia el dolor de todas las víctimas con independencia de sus victimarios. Las iniciativas de las instituciones vascas en ese sentido se traducen en legislación específica que permite el público resarcimiento por el dolor injustamente padecido a manos de la propia ETA, pero también de organizaciones ultraderechistas, parapoliciales y aparatos del Estado. Cada víctima en su dimensión; todas ellas parte de esta sociedad. En paralelo se ha avanzado en los aspectos penitenciarios merced a la asunción de la legislación por parte del colectivo de presos y la presión social y política para la superación de políticas excepcionales. En todo ello ha habido un compromiso político transversal y un esfuerzo social evidente. Desde la firmeza con la que la sociedad vasca condenó la violencia de ETA hasta propiciar su derrota, hasta la reclamación de iguales derechos a todas las personas, el compromiso colectivo de una mayoría abrumadora del país merece no verse sometido a la tentación de capitalizar políticamente el escenario de convivencia que se está construyendo. En ese sentido es profundamente desafortunada la rapidez con la que la izquierda independentista ha convertido en mero trámite su declaración del lunes para pasar a gestionarla en términos de tacticismo político marcado por el reproche al rival y la apropiación unilateral de un protagonismo en el fin de la violencia que pretende hurtar a la sociedad.

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