uando el Gobierno de Pedro Sánchez puso sobre la mesa -hace cuatro semanas- su decreto para suspender la obligación de usar la mascarilla en todo momento en la calle, lo hizo sobre la previsión de una evolución a la baja de los contagios de covid-19 y de un aumento de la vacunación. Ayer, cuando se respaldó la medida en el Congreso, la realidad era ya tan diferente que hace incongruente la medida. En cifras récord de transmisión del coronavirus por la evidente relajación de las medidas de seguridad, el mensaje de las fuerzas políticas que han respaldado la suspensión de la mascarilla en espacios públicos abiertos choca con sus propios discursos. La medida ha alineado a formaciones divergentes como JxCat, Ciudadanos o EH Bildu. Vaya por delante que la medida no exime de ejercer la responsabilidad de hacer uso de la mascarilla, puesto que esta sigue siendo opcional, pero sí transmite a la ciudadanía un mensaje contradictorio. El tipo de mensaje que, esta misma semana, abogaba por evitar el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cuando exculpaba de responsabilidad a los practicantes del botellón por lo que denominaba “inputs” contradictorios que reciben, entre los que citaba, precisamente, el final del uso de la mascarilla. El respaldo de su partido es una incongruencia que dificulta formar y extender la cultura de la convivencia responsable en favor de agradar a colectivos que pueden considerar un buen caladero de votos. No estamos para renunciar a las medidas de autoprotección y a la vista está que la libre decisión individual requiere de un marco que propicie la convivencia segura. Los bandazos interesados en los mensajes a la ciudadanía son un aliado de la pandemia. Solo puede empeorar si se asentara la tentación de “militar” en la ausencia de mascarilla por mera afinidad política con quienes la propugnan. Las normas de protección se conocen de sobra y, sin embargo, hay resquicios de laxitud. Ampliar ese espacio favorece la expansión de la enfermedad. Tras las recientes decisiones del Tribunal Constitucional y los Superiores de Justicia de varias comunidades; tras el decreto, el marco general deja al libre albedrío de cada ciudadano decisiones de efecto colectivo, con honda raíz ultraliberal en el concepto de las relaciones sociales aunque lo abracen formaciones que se dicen progresistas. Solo queda apelar al sentido común de la mayoría ciudadana.