Editorial

Un 'paraguas' con muchos agujeros

05.05.2021 | 01:22

La decisión del Gobierno español de dejar en manos del Tribunal Supremo la decisión final sobre las medidas de las comunidades tras el estado de alarma no ofrece ni instrumentos ni cobertura real

Tras varias semanas de absoluta indefinición e incertidumbre, acompañada únicamente de buenas palabras sobre el soporte jurídico del que dispondrían las comunidades autónomas para tomar medidas contra la pandemia una vez decaiga –el 9 de mayo– el estado de alarma, el Gobierno español adoptó ayer finalmente una decisión decepcionante, insuficiente y que no ofrece garantía alguna. La prometida "cobertura legal" parece más un paraguas plagado de agujeros que puede dejar a las autonomías a la intemperie en su obligada lucha para frenar el covid-19 y al albur de las decisiones finales que adopten los jueces, por muy pertenecientes al Tribunal Supremo que sean. Porque la solución aportada ayer por el Gobierno, lejos de prorrogar el estado de alarma de forma total o parcial o de, alternativamente, activar una reforma legal, no es sino un real decreto que permitiría a las CCAA recurrir en casación al Alto Tribunal español en caso de que las medidas que adopte sean tumbadas por los tribunales. No es eso lo que, a la vista de la situación de la pandemia y de la pérdida de la cobertura legal que supone el fin del estado de alarma, pedían el lehendakari y otras comunidades. Demandaban, simplemente, instrumentos con los que hacer frente a la expansión del virus. Las medidas que deben adoptarse en esta crisis sanitaria no pueden resolverse en el ámbito judicial, porque la responsabilidad de decidir si una restricción concreta es eficaz o conveniente en determinadas circunstancias no puede corresponderle a los jueces. El TS decidirá, así, si en la estructura legal y administrativa del Estado una determinada administración puede o no adoptar una medida concreta. Pero que no pueda hacerlo –si así lo determina el tribunal– no significa que esa disposición o norma no sea necesaria. Los precedentes sobre decisiones del propio Supremo en esta pandemia lo corroboran. Resulta obvio que es cada vez más urgente un estado verdaderamente descentralizado en el que el Gobierno no aproveche cada circunstancia excepcional para absorber competencias autonómicas, vaciando a las CCAA de instrumentos para actuar en su obligación de satisfacer las necesidades de su ciudadanía, y hacer tabla rasa, bien asumiendo el control absoluto para justificar la acción del Estado o bien, como ahora, dejando al resto de administraciones sin herramientas.

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