Editorial

Transferencias históricas

17.04.2021 | 00:57

El acuerdo para el traspaso a Euskadi de cuatro competencias, entre ellas la de Prisiones que permitirá un modelo penitenciario vasco, es un hito que debe tener continuidad para cumplir el Estatuto

El acuerdo alcanzado entre los gobiernos vasco y español para la transferencia a Euskadi de cuatro competencias, entre ellas la de Prisiones, supone por la relevancia de estas materias –en especial, esta última– y por el contexto en que se produce, un hito histórico en el largo camino para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. El pacto cobra importancia en sí mismo, en primer lugar, porque es fruto del diálogo y la negociación bilateral entre Euskadi y el Estado, base sobre la que se asienta el autogobierno vasco aunque los sucesivos gobiernos españoles hayan pretendido ignorarlo o soslayarlo. Además, el actual escenario político en el Estado caracterizado por la confrontación permanente no es precisamente el más idóneo para el diálogo y el logro de acuerdos, menos aún en el escenario electoral en el que se encuentran los partidos a las puertas del arranque de la campaña en Madrid. No cabe duda de que la presión ejercida hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez tanto desde el Gobierno Vasco como por el PNV ha dado su fruto en forma de este pacto alcanzado con el Ministerio que lidera Miquel Iceta. Tras este acuerdo, la Comisión Mixta de Transferencias, órgano bilateral entre las administraciones vasca y española, ratificará los traspasos el próximo 10 de mayo. De ahí que, desde el punto de vista político, los nuevos traspasos cobren una especial dimensión. La gestión de los centros penitenciarios ubicados en la CAV ha sido una reivindicación constante, negada por los diferentes gobiernos bajo la excusa de la existencia de ETA. Recogida en los artículos 10.14 y 12.1 del Estatuto de Gernika, esta competencia permitirá el diseño de un modelo penitenciario vasco propio basado, según el proyecto y la exitosa experiencia acumulada por parte del Gobierno Vasco en el ámbito de la justicia juvenil, en la reeducación, la resocialización y la reinserción de las personas presas. En definitiva, la materialización de un nuevo sistema penitenciario más humano y respetuoso con los derechos humanos. Con todo, estas nuevas transferencias no zanjan, ni mucho menos, la lista de traspasos pendientes para cumplimentar, más de 40 años después, el Estatuto –por lo que el Ejecutivo español tiene aún deberes por hacer–, ni una vez culminado agotan las ansias y necesidades de mayor y mejor autogobierno para Euskadi.

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