a ciudad de Barcelona vivió la noche del sábado un nuevo capítulo caracterizado por graves incidentes de violencia callejera enmarcados en las continuas protestas que, de manera generalmente pacífica, vienen teniendo lugar en la capital y en otras localidades catalanas desde que el pasado 16 de febrero fuera encarcelado el rapero Pablo Hasél. El modus operandi utilizado por los alborotadores se reproduce de forma sistemática e indica que, de manera presumiblemente organizada, aprovechan las manifestaciones masivas para, tras las mismas, provocar actos vandálicos, lanzar objetos contundentes a la Policía, atacar entidades y comercios e incluso realizar actos de puro saqueo y pillaje. El sábado, sin embargo, se produjo un salto cualitativo con el lanzamiento de líquido inflamable a un furgón de la Guardia Urbana que comenzó a arder con un agente dentro que finalmente pudo salir ileso, pese a la lluvia de piedras y botellas que recibió el vehículo con el objetivo de impedirlo. Aunque el grado de violencia y el riesgo para la vida del agente resultan de especial gravedad, no se trata de un hecho aislado, como ha podido comprobarse en las continuas agresiones a los Mossos d'Esquadra. Uno de los objetivos de estos actos de "violencia desbocada" -como la definió ayer el conseller de Interior, Miquel Sàmper- ha sido, desde el inicio, la Policía. De ahí que sorprenda la extrema dificultad que han tenido algunas fuerzas políticas -incluso con responsabilidades de gobierno, tanto en Catalunya como en Madrid- para condenar los hechos y dar apoyo a los Mossos. Más bien al contrario, las mayores invectivas han ido contra la actuación de los agentes, cuestionando su legitimidad para responder a los ataques. El que estos disturbios violentos coincidan con las negociaciones para la formación de un nuevo Govern, y con ello la exigencia de algunos partidos -en especial, pero no solo, la CUP- de condicionar un posible pacto a cambios en el "modelo policial" explica, en parte, esta actitud que, por el contrario, ha podido dar alas a los alborotadores. Es de esperar que tras la gravedad del último ataque, con riesgo cierto para la vida de un agente, haya consenso para condenar la violencia, exigir el fin de los incidentes y dar apoyo firme y real a los Mossos en su labor de mantenimiento del orden público y la seguridad del conjunto de la ciudadanía.