os lamentables episodios de violencia callejera y agresiones a la Er-tzaintza que se vienen sucediendo con cierta asiduidad en las últimas semanas protagonizados por grupos de alborotadores que se niegan a cumplir las medidas adoptadas para frenar la pandemia, poniendo con ello en grave riesgo la salud pública, han generado una polvareda política alimentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos que ha derivado en una campaña contra la Policía vasca. Resulta de todo punto inadmisible que representantes políticos que aspiran a gobernar el país centren sus esfuerzos en momentos de altísima gravedad debida a la crisis sanitaria en cuestionar y deslegitimar a la Ertzaintza y utilizarla de manera torticera para atacar al Gobierno Vasco. No es, ni mucho menos, una estrategia novedosa. La izquierda abertzale la ha utilizado desde siempre, en especial desde la lógica y necesaria implicación de la Er-tzaintza en la lucha contra ETA, y lo sigue haciendo ahora porque entiende que le proporciona rédito político y cree que desgasta al Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Una actitud mezquina pero sobre todo irresponsable y peligrosa, a la que parece haberse sumado de manera gregaria Elkarrekin Podemos. Poner en cuestión -como han hecho diversos altos representantes de EH Bildu- el carácter democrático de la Ertzaintza en estas circunstancias roza la indignidad, por mucho que las actuaciones de la Policía vasca -como las de cualquier otro cuerpo- puedan y deban ser fiscalizadas. En el caso de los últimos incidentes hay pocas dudas de que la intervención de los agentes era necesaria, por cuanto los alborotadores no se limitaban a mantener “actitudes incívicas” sino que al incumplir las normas establecidas frente al de facto
