Editorial

Toda la reparación posible

16.09.2020 | 23:56

La Ley de Memoria Democrática protege los derechos de las víctimas de la dictadura e impulsa la identificación de sus restos. Deslegitima además el franquismo, también en la escuela, y persigue el enaltecimiento del totalitarismo

el Gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos ha aprobado el anteproyecto de la denominada Ley de Memoria Democrática para declarar "nulos de pleno de derecho" los juicios sin garantías del franquismo, objetivo todavía pendiente que ya de por sí evidencia la dejación institucional al máximo nivel de la que han sido objeto las personas asesinadas por la dictadura, en lo que supone una vergonzosa doble victimización que por sí misma representa una vergüenza en un Estado de Derecho que se proclama como tal. Mejor tarde que nunca, esta norma actualizadora de la Ley de Memoria de 2007 viene a procurar toda la reparación posible a quienes fueron masacrados por una violencia de persecución ideológica y también a los pesarosos descendientes que durante décadas han padecido discursos justificativos del golpe de Estado de 1936 y del régimen del terror que le sucedió, emanados de la derecha gestada por la Alianza Popular del ministro franquista Fraga. Sirvan como ejemplo declaraciones miserables del PP como las de Rafael Hernando censurando a los deudos de los asesinados por a su juicio aflorar cuando se arbitraron fondos para recuperar los restos de las cunetas, así como las del ínclito Fernández Díaz interpretando que los perdedores de la guerra querían ganarla 40 años después por rechazar el infame mausoleo en Pamplona a Mola y Sanjurjo, a lo que agregar la mera existencia de la Fundación Francisco Franco a modo de enaltecimiento permanente del genocida. Justamente para deslegitimar completamente al franquismo sociológico todavía tan arraigado y ahora cobijado también en Vox, la nueva ley transforma el infausto Valle de los Caídos en un cementerio civil y prohíbe las asociaciones que promocionen el totalitarismo y a figuras dictatoriales, además de incorporar la memoria democrática al currículum educativo y fomentar la investigación de episodios históricos represivos, con máxima protección de los fondos documentales al respecto. Por añadidura, las víctimas de la represión y la dictadura tienen al fin una salvaguarda específica a través de la nueva Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo y se impulsa la identificación de los restos acumulados en fosas comunes mediante la habilitación de un banco de ADN, actuaciones que precisan de presupuesto y por tanto de las mayorías necesarias en todo el espectro político comprometido con los Derechos Humanos y la justicia restaurativa. Ya era hora.