os partidos políticos vascos salieron de la reunión de ayer con el lehendakari con la información compartida que maneja el Gobierno Vasco y que le ha animado a proponer la posibilidad de que las elecciones autonómicas se convoquen en julio próximo. Se abre ahora un período de reflexión de dos semanas durante las cuales los partidos deberán madurar sus posiciones y desactivar el automatismo de ejercer de oposición. Hay una ficción en la creencia de que no toca plantear la celebración de elecciones como lo es la pretensión de que hay margen temporal suficiente para dejar atrás las implicaciones sociales y psicológicas de esta pandemia. El límite legal del 25 de octubre próximo es real, vigente y tope de la provisionalidad. Más allá, el terreno es desconocido, improvisado y deja a las instituciones autonómicas vascas sometidas a una incertidumbre que no facilita la toma de decisiones que serán necesarias. No hay mesa de partidos ni de agentes sociales que, en democracia, suplante las funciones de un gobierno y un parlamento electos. Por eso, el escenario real sobre el que se deben manifestar los partidos es el de si apuestan por habilitar una convocatoria electoral en julio -aun a sabiendas de que su mera convocatoria no garantiza su celebración, ya que esta depende de las circunstancias sanitarias-, o si, por el contrario, renuncian a esa posibilidad en favor de una no menos insegura situación a la vuelta de verano. Nada garantiza que el escenario de julio sea mejor que en octubre; ni que sea peor. Es el mero sentido práctico de aprovechar una oportunidad o jugarlo todo a la carta de alargar la legislatura hasta que expire. En este escenario habría que asumir los mismos riesgos que ahora se pretenden soslayar o directamente improvisar un procedimiento alternativo al modelo de Ejecutivo-Legislativo de dudosa legalidad y evidente improvisación. Con la salvedad del PNV, que abogó ayer por aprovechar la opción de julio, ningún otro partido ha transmitido un criterio argumentado en un sentido u otro. Los mensajes de Gorrotxategi, Iturgaiz y Otegi -contrario a la opción de julio- volvieron a tratar el voto de la ciudadanía vasca como si fuese un mero capricho del lehendakari y no la base de toda la legitimidad. También de la de ellos. Da la impresión de que temen que la ciudadanía diga quién debe guiarla en la salida de esta crisis, lo que habla mal de la confianza en sus liderazgos.