a crisis del coronavirus está provocando ya un tensionamiento de las estructuras de las sociedades democráticas tanto en su vertiente política como respecto a la convivencia. Los crudos datos de la expansión de la emergencia sanitaria avalan un refuerzo de las disposiciones tendentes a garantizar en lo posible la salud de la población. Ante esta situación de “aumento paulatino” de casos que objetivamente están generando un “riesgo inminente y extraordinario” para la salud de la ciudadanía, resultaba obligado tomar medidas adicionales a las ya adoptadas, como hicieron ayer el Gobierno Vasco y se esperaba del Ejecutivo español. Medidas de obligado cumplimiento -legal y cívicamente hablando- que siguen siendo preventivas, con una duración de quince días prorrogables y que precisan de la colaboración y responsabilidad de todos. Imágenes como las vistas ayer con miles de personas disfrutando despreocupadamente del ocio en medio de una emergencia sanitaria como la actual o el asalto casi literal de los supermercados no pueden ni deben repetirse en ningún caso y son factores de desgaste de la necesaria empatía social. Estamos ante un reto de concienciación y, sobre todo, de cooperación. Sorprende por ello el proceder del presidente Sánchez. Lejos de profundizar en las virtudes que el modelo autonómico aporta para una gestión respetuosa con los principios de eficiencia y subsidiariedad, el Gobierno español ha irrumpido unilateralmente violentando el modelo institucional, acaparando funciones legalmente descentralizadas y anulando de facto aspectos significativos del autogobierno vasco -los servicios sanitarios y de seguridad-. La pretendida coordinación no está reñida con el respeto institucional, mucho menos cuando se inclumplen los propios compromisos de preservarlo. El mensaje es grave y no responde a la realidad porque la centralización de decisiones no garantiza eficiencia, ni la gestión más cercana al ciudadano es menos eficaz. Sánchez ha entrado como elefante en cacharrería en el entramado autonómico debilitando ante la opinión pública el mismo modelo que viene ponderando como garante de la convivencia. La desagradable impresión de que ha querido sustituir la lentitud previa y la gestión trémula de las pasadas semanas por una medida de autoridad deja por el camino jirones de la confianza con que las instituciones vascas han ofrecido cooperación plena.