la salida del Reino Unido de la Unión Europea, materializada de manera oficial desde ayer, tiene múltiples efectos de diferente índole, no solo en las relaciones internacionales y económicas y comerciales, sino también desde el punto de vista de los ciudadanos y de las naciones que conforman el Estado británico. Así, el brexit ha supuesto la pérdida automática de la ciudadanía europea de las personas que residen en Escocia, a pesar del inequívoco apoyo mayoritario que han expresado, y oficializado en el referéndum -con un 62% de respaldo-, a la permanencia en la Unión. La misma noche que se hizo efectivo el abandono del club de los 28 -ahora ya 27-, la fachada de la sede de la Comisión Europea en Bruselas fue escenario de una proyección en la que, mediante distintos símbolos, se subrayaba el "amor" entre Escocia y la UE. En este mismo sentido, el nacionalismo escocés ha lanzado en los últimos días un claro mensaje que subraya su inquebrantable europeísmo y su esperanza de regresar más temprano que tarde al seno de la Unión: "Deja una luz encendida para Escocia". Ayer mismo, Edimburgo vivió una nueva manifestación europeísta bajo el lema mayoritario de "Escocia todavía ama a la Unión Europea". De ahí que las autoridades escocesas, con la presidenta, Nicola Sturgeon, a la cabeza, insistan en la necesidad de que se celebre un segundo referéndum de independencia, a la vista de que, consumado el brexit contra la voluntad mayoritariamente expresada de los escoceses, es ya la única oportunidad para que su nación vuelva a formar parte de la UE. Tras las muchas apelaciones que ha realizado Sturgeon al respecto, el pasado miércoles el Parlamento escocés aprobó una moción en la que se reconoce "el derecho soberano del pueblo escocés a determinar la forma de gobierno que mejor se adapte a sus necesidades", ante la evidencia de que se ha producido "un cambio material en las circunstancias" desde 2014, cuando tuvo lugar el referéndum en el que una corta mayoría rechazó la independencia. Europa sangra por la herida de Escocia, que tiene pleno derecho a decidir su futuro ante la alteración de las condiciones tras el plebiscito. Y la UE tiene la obligación de atender esa reclamación e intentar canalizarla de manera democrática, dejando -tal y como demandan los escoceses- una luz encendida para que puedan expresar su voluntad.
