Tras varias semanas de incertidumbre, impasse, negociaciones más o menos secretas, presiones, condiciones y decisiones judiciales cruzadas en medio de un ambiente enrarecido que amenazaba con dar con todo al traste, la investidura de Pedro Sánchez vivió ayer un importante acelerón y cobró un súbito impulso. La firma del acuerdo entre PSOE y PNV, escenificada por los líderes de ambos partidos, Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar, y merced a cuyos términos los jeltzales apoyarán la investidura; la presentación, por fin, del programa de gobierno pactado entre socialistas y Podemos con referencias explícitas a la "vía política" para resolver el "conflicto político catalán"; y el esperado informe de la Abogacía del Estado sobre la situación de Oriol Junqueras tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, recibido con un aval crítico por parte de ERC -todo ello en pocas horas-, da alas a la conformación del primer Gobierno de coalición en la historia del Estado español. Un final que queda a expensas de la decisión definitiva que tomará Esquerra el próximo jueves. Son todas ellas cuestiones distintas pero de calado y trascendencia indudable y que indican que el PSOE se ha movido con discreción en diferentes direcciones logrando resultados que solo pueden mostrarse compatibles si existen garantías en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, la gobernanza se ejerce con rigor y equilibrio con base en la estabilidad institucional y el desempeño de gobierno se realiza mediante un diálogo real y leal por todas las partes implicadas en la búsqueda de los objetivos del bien común y de la resolución de los problemas y retos de la ciudadanía. Por lo que respecta a Euskadi, el acuerdo PNV-PSOE contiene aspectos trascendentales cuya plasmación por escrito va mucho más allá de un apoyo a la investidura de Sánchez. Cuestiones clave como el abordaje de posibles reformas en la estructura del Estado para el "reconocimiento de las identidades territoriales" e incluso modificaciones legales para resolver los conflictos en Catalunya y Euskadi "atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia", así como el compromiso de negociación sobre el nuevo estatus y de la apertura del diálogo sobre las transferencias pendientes permiten abrigar contenidas esperanzas para la apertura de un nuevo tiempo político en el Estado, si es que finalmente se materializa.
