Por higiene mental, creo que conviene por esta vez dejar de lado la refriega judicial, que me temo irá para largo, y volver a la vida política real, la que se trabaja cada día en nuestras instituciones. Y en este caso, en la recién estrenada legislatura presidida por Imanol Pradales. No viene mal tomarse un respiro y reflexionar sobre las posibilidades que ofrece el resultado de las urnas. Dejemos a navarros y navarras que aparquen sus afanes reivindicativos por sanfermines, y centrémonos en los nuevos pasos hacia el autogobierno que han vuelto a proponer nuestros dirigentes.
Para empezar, el hecho de que casi el 80% de los parlamentarios en Gasteiz sean partidarios de ejercer el derecho a decidir es significativo y va acompasado al planteamiento tanto del lehendakari saliente. Urkullu como el actual Imanol Pradales han insistido en su voluntad de plantear al presidente Sánchez la aspiración del máximo autogobierno, incluso la conveniencia de llegar a un pacto de país que lo garantice.
En teoría, nunca como en este momento ha sido tan evidente cuál es la presencia de la mayoría abertzale en las instituciones de Euskadi y, sin embargo, no puede decirse que se perciba una pulsión clara que aproveche esa coyuntura mayoritaria. Sería interesante, una vez asentadas las líneas generales de la legislatura, concretar cuándo y cómo va a acometerse el desarrollo de la sempiterna ponencia de autogobierno. En cualquier caso, lo que se percibe es una más o menos vehemente declaración de principios sobre todo por parte de EH Bildu y una circunspecta precaución por no elevar el tono.
Lo cierto es que la desastrosa experiencia del procès catalán enfrió entusiasmos y maximalismos abertzales. Entre el escarmiento y el reconocimiento de la realidad, el discurso independentista irredento ha quedado relegado al consumo interno y el baño de realidad lleva al mismísimo Arnaldo Otegi a afirmar el rechazo a la vía unilateral para proclamar la independencia (la DUI aclamada en Catalunya), la necesaria negociación con el PSE para la aceptación del derecho a decidir, el necesario consenso entre diferentes para ubicar a Euskadi en el Estado.
El autogobierno, aducen los adversarios, no es tema que preocupa especialmente a la sociedad vasca, apremiada por problemas más pedestres como la vivienda, o la sanidad pública, o el trabajo o el salario. Cierto, pero no lo es menos que sólo desde las más altas cotas de autogobierno seremos capaces de resolver esos problemas. Está suficientemente comprobado que las facultades que nos otorga nuestra autonomía han servido para asentar nuestro nivel de bienestar y que en la medida que reivindiquemos el máximo autogobierno iremos mejorando nuestro futuro. Para empezar, ya va siendo hora de que el cumplimiento del Estatuto sea asignatura pendiente. Cúmplase de una puñetera vez y posibilitemos nuevos espacios de autogobierno. Ya basta de que se nos racionen las transferencias a golpe de necesitar nuestros votos. El Gobierno de Pedro Sánchez sabe que también depende de nuestros representantes para subsistir, y no sólo de los soberanistas catalanes. Bienvenido sea ese pacto de país para unificar criterios sobre el derecho que nos corresponde a decidir nuestro futuro, y que desde el centralismo se respete nuestra voluntad pactada y consensuada.