El traspaso de la Seguridad Social

Con una sentencia del Tribunal Constitucional favorable, un pacto entre el PNV y el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez, en el que se recoge el traspaso de las competencias pendientes durante este año sin excepciones ni vetos, y un programa de gobierno entre los jeltzales y el PSE, que ha dado sostén al Gobierno Vasco y en el que la transferencia de la Seguridad Social se recoge como prioritaria, los socialistas, muy acostumbrados al filibusterismo y al juego de los triles, no parece que en esta ocasión tengan muchos argumentos para afirmar que ahora "no toca" por miedo a una derecha recelosa en ahondar en el autogobierno vasco.

Curiosamente, los que tanto claman a favor del respeto del Estado de Derecho son los primeros en rechazarlo, a juzgar por el histórico incumplimiento que han hecho del Estatuto de Gernika, y los mismos que siempre argumentan como privilegios unos derechos recogidos en un texto con rango de ley Orgánica y, por lo tanto, dentro de la Constitución.

Sea como fuere y a la espera del cronograma de transferencias que traiga dentro de diez días la ministra Darias, lo cierto es que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social "dentro de su carácter unitario y de respeto al principio de solidaridad" con el Estado, tal y como se recoge en la disposición transitoria quinta del Estatuto de Gernika, no solo es una reivindicación histórica pendiente, sino una necesidad que se antoja vital para los vascos ante la necesaria reforma que debe afrontar el sistema público de pensiones. La cuestión debe ir más allá de la de ser una mera ventanilla para gestionar los ingresos, pagos e incidencias de la Seguridad Social en Euskadi, como algunos pretenden, sino que debe ampliarse al conjunto del sistema social de pensiones teniendo como marco el Concierto Económico y contribuyendo de manera solidaria con el Estado, a través de la figura del Cupo que establece una contribución del 6,24%.

Se estima en unos 9.000 millones de euros el importe que el Gobierno Vasco podría gestionar con el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, una cantidad importante que puede servir para realizar una gestión más eficaz y garantista desde el punto de vista social, al poner en la misma línea de actuación no solo el sistema público de pensiones, sino también las políticas activas de empleo que desarrolla Lanbide a favor de una disminución de las prestaciones por un aumento de las incorporaciones al mundo laboral, junto a otras políticas pasivas, en donde la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) un complemento único en el Estado que sale de los Presupuestos del Gobierno Vasco, es un hecho referencial.

Y todo ello, teniendo en cuenta los cambios que se van a producir en el sistema público de pensiones estatal, marca un escenario en donde es posible el impulso de un modelo complementario como son las EPSV de empleo, que en Euskadi están muy desarrolladas, como es el caso de Geroa Pentsioak, y que garantizan que los futuros pensionistas no pierdan su poder adquisitivo cuando terminen su vida laboral. Se trata de una reordenación y racionalización de los recursos desde una visión de la realidad vasca en donde confluyen prestaciones que realiza la Seguridad Social con otros complementos que salen de las arcas de la CAV.

Las EPSV de empleo, en donde confluyen tanto empresarios como trabajadores a la hora de realizar las aportaciones al 50% cada uno, son unos instrumentos complementarios a las pensiones públicas que no están siendo aprovechados de la manera que las circunstancias lo están demandando por mor de unos perjuicios que no se entienden desde el lado político y sindical, el recelo de los empresarios a aumentar los costes laborales y la falta de un apoyo institucional que sigue sin creer en esta herramienta. Un instrumento que tiene como objetivo la cohesión social y evitar la exclusión de aquellos que, por no disponer de los recursos suficientes, no tienen la cultura del ahorro con fines de previsión futura.

En este contexto, hay que resaltar la constitución la semana próxima en el Congreso de Madrid de la comisión del Pacto de Toledo que debe fijar, de una vez por todas, un modelo de sostenibilidad financiera de las pensiones públicas desde la resolución del actual déficit originado por el hundimiento de las cotizaciones y derivado del envejecimiento de la población, así como por el aumento paulatino de la pensión media.

Lo recomendable, teniendo en cuenta los planteamientos retrógrados y revisionistas de Vox, al que le siguen de cerca el PP y Ciudadanos, es que la comisión comience su trabajo en el mismo punto en que lo dejó hace justo un año, cuando Podemos rompió el consenso al rechazar tres de las 21 recomendaciones acordadas como eran la fijación de la edad legal de jubilación, la ampliación de los años de cotización para el cálculo de la prestación y la existencia de un sistema complementario.

La actual situación política hará que Podemos ahora que tiene responsabilidades de gobierno, acepte las propuestas del ministro de Seguridad Social y expresidente de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, de aumentar la edad efectiva de las jubilaciones a los 67 años y ampliar el cálculo de la pensión a los 35 años de vida laboral, como ocurre en Europa. ¡Cosas veredes, amigo Sancho!