La decisión del Ayuntamiento de Donostia de cobrar una tasa a los turistas que pernocten en la capital a partir del año 2021, en contra de la opinión unánime de las empresas de alojamiento turístico, ha puesto de relieve cómo, frente a lo que ocurre en otros sectores económicos de mayor tradición, los intereses políticos han tomado una posición restrictiva contra una actividad que genera el 13,4% de su PIB, probablemente interpretando un sentir ciudadano al que parece no se le ha explicado de manera suficiente el importante peso que el turismo tiene en el desarrollo de la ciudad como sector económico.
Sorprende que una decisión de este tipo, de la que se lleva hablando desde hace varios años, no tenga todavía por parte de los responsables municipales un encaje legal y tributario en este momento, más allá de la elaboración de una ordenanza municipal al respecto, lo que indica que la aplicación de este impuesto turístico presenta numerosas complejidades y dificultades por la falta de competencias que tienen los ayuntamientos en algunas materias y porque el pago de una tasa lleva implícito el aprovechamiento de un bien o servicio público. Una cuestión que no parece existir en este caso, ya que los turistas que pernocten en los establecimientos de alojamiento donostiarras pagarán ese impuesto sin recibir nada a cambio.
Hay que destacar que el número de pernoctaciones diarias en el mes de agosto, que parece que es el mes de mayor afluencia turística, frente a las registradas en mayo supuso un incremento de 1.452, según datos del Eustat referidos a este año, con lo que el foco de los efectos del turismo en los meses veraniegos en Donostia habrá que fijarlo en otro aspecto, fundamentalmente en aquellos turistas o excursionistas que vienen de otras regiones y lugares próximos a pasar el día.
Si la intención de los responsables municipales es que los turistas que pernoctan en Donostia, que representan el 20% de los visitantes que recibe la ciudad, paguen por el impacto que generan en los servicios de la misma, habría que recordarles que la norma foral 11/89 del 5 de julio reguladora de las Haciendas Locales de Gipuzkoa, en su artículo 20, señala taxativamente que los municipios guipuzcoanos no podrán exigir tasas en "los servicios de abastecimiento de aguas en fuentes públicas, alumbrado en vías públicas, vigilancia pública en general, protección civil, limpieza de la vía pública y enseñanza en los niveles obligatorios".
Según esta disposición, parece que no es posible exigir a un turista que pernocta en la ciudad que, rayando el absurdo, pague una tasa porque ensucia nuestras calles cuando camina por ellas, se aproveche de la luz que proporcionan nuestras farolas cuando regrese por la noche a su hotel o se beneficie del servicio que presta la Guardia Municipal o de los agentes de Tráfico si utiliza un autobús o un coche privado.
El resto de las tasas municipales, como contraprestación a los servicios públicos que ofrece el Ayuntamiento, son ya abonados por los propios establecimientos de alojamiento, con lo que poco recorrido parece tener el Consistorio para recaudar este impuesto, si no es a través de otros existentes como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo objeto nada tiene que ver con una actividad económica o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que es de competencia de la Hacienda Foral, y donde solo podrían tributar aquellas empresas que facturan por encima de un millón de euros al año, con lo que quedarían fuera no solo las pensiones y los pisos turísticos, sino también los hoteles de una y dos estrellas. La utilización de esta figura tributaria tendría también consecuencias desarmonizadoras con el resto de las haciendas forales vascas, ya que tanto la Diputación vizcaina como la alavesa no tienen intención de aplicar el impuesto turístico en sus respectivos territorios.
La implantación del impuesto turístico -que va a convertir a Donostia en la primera ciudad del Estado en gravar las pernoctaciones, ya que en Catalunya y Baleares la existencia de esta tasa tiene un marco legal autonómico y es obligatorio a todas las localidades de sus respectivos territorios-, no parece que llega en el mejor momento en términos económicos, teniendo en cuenta que el sector todavía no está asentado y le queda recorrido para su fortalecimiento y para la mejora de la competitividad de las empresas. Es más, aparte de las aperturas de hoteles previstas en los próximos meses, hay una importante cadena de hoteles con una gran proyección histórica internacional que lleva mucho tiempo interesada en contar con un establecimiento en Donostia.
La tasa -que oscilará entre uno y cinco euros en función de la categoría del alojamiento, y que supondrá para las arcas municipales una recaudación de más de cuatro millones de euros-, no parece que vaya a afectar a un turismo que se basa en la calidad y no en los precios, pero sí a la rentabilidad de los establecimientos que, en temporada baja como la actual, puede suponer un incremento del 5,7% en el precio de una habitación por persona y noche en un hotel de cuatro estrellas, si se aplica un impuesto de cuatro euros. Tampoco hay que desdeñar el descenso de competitividad de los alojamientos donostiarras frente a los situados en municipios colindantes o próximos a la capital que, con toda seguridad, se van a ver beneficiados en su ocupación por esta medida.
En este contexto, todo parece indicar que las cuatro patronales del sector, es decir, la Asociación Hoteles de Gipuzkoa, integrada en Adegi; la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa; la Asociación de Viviendas de Uso Turístico, Aparture, y la Asociación de Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi, Nekatur, plantearán batalla jurídica contra las decisiones que tome el Ayuntamiento sobre el particular ante el divorcio existente entre las dos partes y que parece que, a día de hoy, tiene pocas posibilidades de arreglo. Un mal escenario para un destino que pretende desestacionalizarse.
