ace ya un mes que el BOE publicó la Ley de regulación de la eutanasia. Un hito legislativo que ha quedado ensordecido por el continuo ruido de sables entre partidos de la política española. Durante demasiado tiempo, no pocas personas y sus familias han tenido que enfrentarse a padecimientos graves, crónicos y generadores de sufrimientos intolerables, huérfanos de una base legal para morir dignamente. La nueva ley reconoce a quienes lo deseen el derecho a solicitar ayuda para morir como uno más de los servicios del sistema sanitario público. Y aunque algunos intenten enredar, eso no supone que la eutanasia sea una obligación, sino solo un derecho. Precisamente, era la falta de una ley la que obligaba a que nadie tuviera este derecho. Además, poder dejar de vivir una vida invivible de forma legal y segura, no supone el fin de los imprescindibles cuidados paliativos. Provocar la muerte (eutanasia) y evitar el sufrimiento hasta que aquella llegue (paliativos), ni son lo mismo ni se contraponen.
Sánchez se pondrá la medalla de haber legalizado la eutanasia como Zapatero lo hizo antes con la ley de la dependencia. Pero justamente me acuerdo hoy de la dependencia porque ha tenido un gran desarrollo en Euskadi, mientras que en una mayoría de comunidades autónomas, sigue languideciendo a la espera de financiación. Así, en muchos lugares del Estado, si tienes una dependencia, no solo no se te ofrecen los apoyos que requieres, sino que ni siquiera se te valora. En concreto, 55.487 personas fallecieron en 2020, 152 cada día, en las listas de espera de la dependencia. No puede ser que morir vía eutanasia sea un derecho más fácil de ejercer que el de tener servicios públicos de la dependencia. Así que ongi etorri a los nuevos derechos, aunque no estaría de más que el Gobierno de PSOE diera un serio empujón a los ya existentes.
