orma uno parte de la amplia cuadrilla de gente a la que ha entusiasmado la incorporación de José Antonio Rodríguez Ranz a la Secretaría General de Derechos Humanos y Convivencia del Gobierno Vasco. Los que hemos tenido la suerte de relacionarnos con él en su ya dilatada carrera en el ámbito académico, institucional o intelectual sabemos de su buen hacer y su capacidad de empatizar con el entorno.
Miriam Vázquez nos informó anteayer en este diario que la ciada secretaría tratará de desbloquear mediante el Instituto Gogora todo aquello que quedó enfangado en la ponencia de Parlamento Vasco en esta materia tan importante. Nos cuentan que se tratará de aplicar una nueva metodología consistente en avanzar en pequeños acuerdos y tejer complicidades en un ámbito más discreto, no tan condicionado mediáticamente como la sede parlamentaria. Con ello, añaden, se posibilitará además la incorporación a la dinámica de trabajo de un partido como el PP que decidió ausentarse de aquella ponencia.
No cabe duda de que hay cuestiones que requieren de mucha prudencia y reserva para que lleguen a buen puerto. Una búsqueda de complicidades difícilmente alcanzables en un escenario público tan voraz como el parlamentario. Muchos de los consensos políticos alcanzados aquí y en otros sitios lo han sido fuera de las luces y los taquígrafos de plenos, comisiones y ponencias. Nada hay de reprochable, por lo tanto, a este intento de desenredar la madeja.
Pero a su vez nos resulta complicado no sentir cierta desazón ante la novedad, no considerar como fracaso este repliegue. Porque en el fondo se nos está reconociendo implícitamente que se hace mejor parlamentarismo fuera del parlamento, que los partidos alcanzan más acuerdos entre bambalinas y que aquellos que boicotean ponencias con su ausencia merecen ser rescatados en otros foros para debatir sobre lo mismo. Es posible que así deba ser, pero tal circunstancia pone en evidencia una realidad cuando menos ruborizante.
