Casi empiezo por el final. Ahora que ya ha pasado el maratón de elecciones, me parece que a todos los partidos políticos, detrás de sus promesas y programas electorales, se les debería exigir presentar una memoria económica que detallara un presupuesto que cuadrara ingresos y gastos. Si me apuran, hasta debería exigirse lo mismo a quienes propongan enmiendas en cualquier negociación presupuestaria. De forma obligatoria. Lo demás, termina siendo una tomadura de pelo.

Me parece muy bien que cada partido tenga unas bases ideológicas sobre el alcance, forma o de cual debe de ser el rol de un estado o la administración en el devenir económico, social y en la vida de las personas. Todo enfoque puede ser legítimo, defendible y respetable? siempre y cuando tenga un mínimo de rigor. Emulando la lógica organizacional, de poco sirve plantear un discurso sobre la misión, visión y valores si la estrategia o táctica no está soportada por un modelo financiero sostenible que haga factible la puesta en práctica de dicha visión. Y al analizar los programas electorales, al menos a mí (puedo estar equivocado), sólo me salen estados quebrados. Veamos.

Un partido planteaba dos puntos. La solución para poder pagar las pensiones implica la eliminación de las autonomías y 82.000 cargos políticos (por generar duplicidades y costes innecesarios) y la recentralización de la administración (por ejemplo, como dato, el costo de la administración española es un 2,5% del PIB, inferior a un estado centralizado como Francia). El segundo punto para mejorar el país es combatir la inmigración ilegal, aparentemente, el mal usurpador de los recursos del estado (sin aportar ninguna cifra, claro.) ¿Estimación mínimamente seria de lo que supondrían las medidas? Paso palabra.

Hace un mes desde Bruselas se puso en solfa las cuentas presentadas por el gobierno. Como exigencia de control de déficit y deuda pública, cumplir con el acuerdo supone generar ingresos por 6.000 millones mediante un incremento de impuestos. Ni rastro de los mismos en su programa electoral.

En cuanto al IRPF, un partido no proponía modificaciones, otro una rebaja fiscal a todos los contribuyentes y fijar el tipo máximo por debajo del 40% (5 puntos menos), otro situar el y otro reducir la carga impositiva a la mitad en ciertos tramos. Otros dos se centraban en subir impuestos a las rentas altas (para uno altas suponían todo lo que pasara de 60.000 euros anuales, para otro a partir de 100.000).

En general, quienes planteaban rebajas no explicaban con un mínimo de rigor cómo se iban a sufragar las reducciones de ingresos en un contexto de desaceleración económica en el que no parece que vaya a aumentar mucho la recaudación. Por el contrario, quienes proponían subir impuestos soltaban a la ligera que las modificaciones en los tramos del impuesto aportarían 42.000 millones a las arcas. Otro ejemplo. Se propuso un impuesto para grandes fortunas que tengan un patrimonio superior a los 2,5 millones de euros grabándolos con entre el 1,7% y el 2%. Hacemos la cuenta de la vieja y nos sale una previsión de recaudación de 10.000 millones, sin considerar el efecto que una política de ese tipo tendría en la atracción de capitales al territorio español, y pensando que dichos contribuyentes se quedarían quietos esperando a pagar esos impuestos.

En lo referente al impuesto de sociedades, un partido proponía una reducción de 5 puntos en el impuesto y ampliar acuerdos internacionales para evitar dobles imposiciones. Es razonable pensar que son medidas que podrían incrementar la capacidad de gasto y fomentar inversión empresarial, pero ni rastro de estimaciones. Sobre el tipo efectivo que pagan las grandes empresas, seguimos confundiendo impuestos abonados en España con beneficios consolidados. Y cuando nos comparamos con otros países más “avanzados”, se confunde la presión fiscal (lo que se recauda/PIB), con esfuerzo fiscal (lo que se recauda/renta per cápita) mezclando churras con merinas en los argumentos.

En otro plano, un conjunto de propuestas que ojalá sean posibles implantar como la de supresión de copagos farmacéuticos, tarifa plana para autónomos, inclusión de la salud bucodental en el sistema público, revalorización de las pensiones, incremento de salarios para el colectivo funcionario, salario mínimo de 1.200 euros, etc. Curiosamente, sin especificar cómo se van a financiar para poder hacerlas factibles.

Resulta triste que la dinámica política consista en prometer iniciativas y políticas sin hacer un ejercicio serio sobre cómo estas se van a financiar, de proponer reducciones en fiscalidad o en materia de impuestos sin especificar dónde se pretende recortar, o mostrando cifras sin ningún rigor. Al final, esto es como tener una manta corta, y si tapas la parte de arriba la de abajo queda al descubierto. No soy tan ingenuo como para pensar que hacer cuadrar presupuestos cambiaría mucho las tornas, ni que en apuestas a medio/largo plazo se puedan conocer todos los números con exactitud, pero quizás un poco más de exigencia en las implicaciones de lo que se propone harían los debates más serios.Mondragon Unibertsitatea. Investigación y transferencia