De Madrid al paraíso... fiscal
El dicho "De Madrid al cielo" que utilizan los madrileños para ensalzar la grandeza y la belleza del patrimonio de la capital frente a otras ciudades del Estado, bien pudiera cambiarse por el "De Madrid al paraíso... fiscal", a tenor de la puesta en marcha de una política fiscal consistente en bajar aún más los impuestos, donde tienen competencia las comunidades autónomas, por parte del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid, formado por el PP, Ciudadanos y Vox, siguiendo la estela iniciada hace años por los populares.
Si antes las ventajas fiscales que ofrecía la Comunidad de Madrid eran importantes respecto a otras autonomías y regiones del Estado, ahora la nueva presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) ha dado otra vuelta de tuerca al poner en marcha una rebaja histórica de medio punto en cada uno de los cinco tramos del Impuesto sobre la Renta (IRPF) con un ahorro por parte de los contribuyentes que alcanza el 5,5% en términos generales, con lo que las diferencias siguen aumentando.
Mientras la rentas altas tributan a un máximo del 43% en Madrid, en Catalunya lo hacen al 48%, en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) al 49% y en Navarra al 52%, las diferencias también se dan en las rentas más bajas con un tipo mínimo del 18% en el caso de los madrileños que en Euskadi se eleva al 23%. A ello hay que sumar el Impuesto de Patrimonio que está bonificado hasta el 100%, cuando en la mayoría de las comunidades autónomas el gravamen se aplica por encima de los 700.000 euros; el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que tiene una bonificación del 99% para los familiares directos; el de Transmisiones Patrimoniales Onerosas queda al 6%, frente al 10% general, y el de Actos Jurídicos Documentados que se sitúa en el 0,75%, la mitad que en otras regiones.
Esta muestra de insolidaridad con el Estado y el resto de las comunidades autónomas está justificada desde la vieja teoría económica de que las mejoras fiscales dejan más dinero en manos de los ciudadanos, lo que aumenta las posibilidades de consumo e inversión y eleva por lo tanto el crecimiento económico, favoreciendo un incremento de la recaudación y, por otro lado, la competencia fiscal permite atraer empresas y profesionales de otros lugares, lo que en muchas ocasiones compensa el mejor tratamiento fiscal. Por eso, 493 de los 877 contribuyentes que más tributan por IRPF en el Estado han fijado ya su residencia en Madrid durante los años 2006 y 2012 al albur de las ventajas fiscales que ofrece esta región.
A esta tesis le falta un aspecto importante que es el efecto aspirador que tiene el ser capital de un Estado y que se ve favorecido a la hora de atraer empresas en un nuevo paradigma en el que la terciarización de la economía y el incremento de las compañías de servicios está provocando que la actividad económica ya no necesite de la cercanía de los grandes núcleos urbanos, sino que se instala en las grandes capitales. Un fenómeno que se está dando en Europa y que explica el mejor comportamiento en términos de crecimiento que está teniendo Madrid con respecto a Catalunya y Euskadi, donde el sector industrial tiene un peso muy importante en sus economías.
Frente a esta situación, hay que destacar también la tendencia favorecedora que tiene el Estado respecto a Madrid, que no solo se traduce en el alto nivel de inversiones, sobre todo en infraestructuras, que realiza, sino en el rescate de una red de autopistas en quiebra, amén de otras políticas de apoyo.
En el fondo de esta cuestión se halla una determinada concepción territorial del Estado basada en la recentralización en torno a Madrid que, desde hace años y de manera sutil y silenciosa, comenzó el PP utilizando el gobierno de esa comunidad como ariete, unas veces en connivencia con La Moncloa cuando los populares la ocupaban, y otras, como es el caso, como contrapeso a las decisiones del gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Y como en este dumping fiscal que de manera unilateral y no consensuada está protagonizando la Comunidad de Madrid no se pone en cuestión los valores sacrosantos de la unidad de España, a pesar de que significa una flagrante insolidaridad no solo con el Estado, sino con los territorios que lo componen, y un incumplimiento del artículo 138 de la Constitución española que trata de garantizar la solidaridad interregional, todos los partidos políticos estatales muestran su coincidencia en la iniciativa, unos por obra y otros por omisión.
Como ejercicio empírico propongo una reflexión al lector sobre qué es lo que hubiera pasado si desde Euskadi se hubiera propuesto, -y en este caso con competencias en la materia- una rebaja sustancial del IRPF, un descenso del Impuesto de Sociedades, la desaparición del Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, etc.
¿Cuántos políticos de derecha e izquierda e instituciones del Estado vociferarían hasta la extenuación denunciando lo que denominarían un nuevo desafío nacionalista y una muestra de insolidaridad interregional para impedir que los vascos tributasen menos que otros ciudadanos? ¿Qué adjetivos y descalificaciones habríamos oído los vascos por parte del recentralizador líder del PP, Pablo Casado, o del rey del Cuponazo, el falangista Albert Rivera, por no hablar de los barones del PSOE, tan defensores de la uniformidad y del café para todos? Son los mismos que los que ahora promueven esas medidas en Madrid y guardan silencio y los que critican lo hacen con la boca pequeña. La diferencia es que se envuelven en otra bandera y cuentan con los resortes del Estado.