El cambio de paradigma político, económico y social que se está produciendo como consecuencia de la última recesión mundial está provocando la necesidad de una transformación en la organización de las empresas que tiene mucho que ver con el crecimiento sostenible, el fomento de la transparencia y la información internas que está originando un cambio en el modelo que conocemos de las relaciones laborales, así como un rechazo del cortoplacismo que dio lugar a la crisis económica por el fomento e impulso de la visión de largo plazo en la actividad financiera y económica.

Y en este escenario, Euskadi se ha convertido en un elemento referencial hasta el punto de que la Unión Europea (UE) acaba de hacer suyo el modelo inclusivo-participativo de empresa que desde hace ya varios años está impulsando la Asociación de Amigos de Arizmendiarrieta-Arizmendiarrietaren Lagunak Elkartea (ALE), que se dedica a difundir los valores cooperativos y realiza actividades de reflexión y debate sobre nuevas fórmulas socioempresariales basadas en los principios que inspiraron al fundador del movimiento de Mondragon.

En este sentido, la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Marianne Thyssen, ha anunciado que la Comisión Europea (CE) está preparando un plan de acción para financiar actividades de desarrollo sostenible en el seno de la UE que se inspira en sendas resoluciones aprobadas por unanimidad el año pasado por los parlamentos Vasco y de Navarra, a partir de una iniciativa desarrollada por ALE, en la que se insta a los respectivos gobiernos a realizar actuaciones en apoyo al fomento e implementación del modelo inclusivo-participativo de empresa.

La comisaria Thyssen hizo pública esta semana esta decisión de la CE, casi coincidiendo con el final de legislatura del Parlamento Europeo, al responder a una pregunta formulada por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, acerca de si Bruselas tenía previsto desarrollar algún plan con parecidos objetivos al aprobado por los parlamentos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y Navarra.

En su contestación, Thyssen subraya que la CE es "muy consciente de las políticas locales en apoyo de los modelos empresariales participativos", dentro de su política de fomento del desarrollo de la economía social que, en opinión de la comisaria, "contribuye en gran medida al crecimiento inteligente, sostenible e integrador de los países de la UE". En este sentido, destaca que el modelo inclusivo-participativo aprobado por las cámaras de Gasteiz e Iruñea pone de relieve "la importancia de que las empresas den prioridad al crecimiento sostenible respecto a los resultados a corto plazo, lo que incluye la inversión en I+D".

En concreto, la actuación de la CE se enmarca dentro del Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible, que fue aprobado en marzo del año pasado, con tres objetivos claros. Por un lado, reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo; en segundo lugar, gestionar los recursos financieros derivados del cambio climático, la degradación ambiental y los problemas sociales y, por último, fomentar la transparencia y el largo plazo en la actividad económica y financiera.

Un planteamiento que casa perfectamente con el espíritu que impregna el modelo vasco de participación de los trabajadores en la empresa y que, como bien dice la eurodiputada jeltzale, Izaskun Bilbao "está en la vanguardia de la UE y es fuente de inspiración para los programas europeos". "Gracias al trabajo de todas y todos somos referencia en la UE y eso significa construir Europa con Euskadi. Por eso es un honor representar en Bruselas a una sociedad tan viva y dinámica como la vasca", ha señalado Izaskun Bilbao.

La pregunta que la eurodiputada del PNV formuló a la comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Marianne Thyssen, tiene su origen en unas jornadas celebradas el pasado mes de febrero en el Parlamento Europeo sobre los modelos de participación de los trabajadores en las empresas en las que participaron una nutrida representación de agentes institucionales y sociales de la CAV y Navarra, en donde se puso de manifiesto la necesidad de que desde la UE se pusiera en marcha un plan para promover este nuevo modelo de gobernanza de las empresas que parte de los valores cooperativos o de economía social.

En su argumentación, Izaskun Bilbao se basa en el contenido de la proposición no de Ley aprobada por unanimidad por el Parlamento Vasco el pasado mes de septiembre y de la resolución de la comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Navarra que también contó con el apoyo de todos los partidos en el mes de junio, en los que se insta a sus respectivos ejecutivos a diseñar sendos planes para impulsar la participación de los trabajadores en la gestión, resultados y propiedad de las empresas.

En esas resoluciones se parte de un cambio en la gobernanza de las empresas a favor de la cultura de la corresponsabilidad y de una preocupación por las personas como ejes del proyecto frente al paradigma de la confrontación que ha existido hasta ahora.

No solo plantean la participación de los trabajadores en la gestión y resultados de las empresas, sino también en su propiedad, mediante la adquisición de acciones por parte de los trabajadores para lo que se pide la puesta en marcha de políticas fiscales orientadas en esa dirección. El modelo vasco se centra en la prioridad de la sostenibilidad del proyecto empresarial frente a los objetivos de grupos de interés con lo que se fomenta el crecimiento sostenible frente a la rentabilidad a corto plazo, se destina el 50% de los beneficios anuales a fondos propios, así como un alto porcentaje de los resultados a inversión en I+D

La decisión de Bruselas de tomar como referencia el modelo inclusivo-participativo de empresa vasco supone el mejor espaldarazo que puede haber tenido el trabajo que durante varios años ha estado realizando ALE en favor de una nueva gobernanza en el seno de las compañías, que se presenta como una herramienta fundamental para garantizar la continuidad de las empresas y favorecer su enraizamiento en el territorio, al tiempo que retiene el talento en los proyectos empresariales. Y ahora que tanto se habla de la posible deslocalización de Euskaltel, la participación de los trabajadores en las empresas puede ser también el mejor antídoto para evitar el desplazamiento de los centros de decisión fuera de Euskadi, incluso en compañías cotizadas en Bolsa como ya existen en este país.

En este sentido, hay que poner en valor la decidida actuación que en este campo está realizando la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través de los departamentos de Hacienda y de Promoción Económica, en favor de este nuevo modelo empresarial, hasta el punto de situarlo como una seña de identidad del territorio. Este objetivo estratégico, que ha centrado la legislatura que termina, parte del conocimiento empírico por el que las empresas que incorporan modelos participativos tienen un mejor comportamiento en el mantenimiento y creación de empleo y en la calidad de los puestos de trabajo, así como en el enraizamiento de las personas con la propia compañía.

Dentro de esta estrategia, hay que poner de relieve, las ayudas que la Diputación Foral de Gipuzkoa concedió el año pasado por un importe de 907.414 euros a 43 compañías para poner en marcha este nuevo modelo de empresa que ha influido en el mantenimiento de 7.659 puestos de trabajo, de los cuales 2.235 corresponden a mujeres. También hay que tener en cuenta las deducciones fiscales que tienen los trabajadores a la hora de participar en el capital de una empresa por falta de sucesión en la propiedad. Según los últimos datos que se tienen de 2017, 194 trabajadores decidieron dar el salto y acceder al capital de 45 empresas, lo que supone un 40,57% más que el año anterior.

Por otra parte, el mandato del Parlamento Vasco al Gobierno Vasco para que impulse y fomente el desarrollo de este nuevo modelo empresarial está teniendo sus primeros resultados como su incorporación a la agenda de la mesa de diálogo social que reúne a las asociaciones empresariales, las centrales CCOO y UGT, así como al Gobierno Vasco, a pesar de las reticencias de algunos sindicatos y patronales, sobre todo de Bizkaia y Araba.

Asimismo, se está estudiando la forma jurídica adecuada para las empresas participadas y, en su caso, la elaboración de una ley que perfeccione la actual. También en Navarra se han aprobado la aplicación de deducciones fiscales para los trabajadores que quieran participar en el capital de sus empresas. En definitiva, un modelo que, en contra de lo que algunos puedan pensar, ha llegado para quedarse porque encaja perfectamente con la nueva forma de entender el funcionamiento y organización de las empresas, sobre todo a raíz del cambio de paradigma que nos ha traído la última recesión.