Hace un año la publicación de un informe elaborado por la consultora multinacional PwC en el que se preconizaba el cierre del puerto de Pasaia y se apostaba de manera clara por el de Bilbao, al ser considerado como "el puerto de Euskadi", desde el argumento peregrino de que los barcos que transportan automóviles con los años "serán más grandes y no cabrán por la bocana de acceso", provocó la inmediata reacción de las empresas usuarias y de los sindicatos que salieron en defensa y a favor de la reactivación de esta infraestructura. Un ataque que focalizaron su origen en lo que denominan el "lobby" empresarial vizcaino ante la pasividad y el silencio de las instituciones tanto regional, territorial como las locales ribereñas de la bahía de Pasaia.

Doce meses después, y con la llegada a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) de Félix Garciandia, las amenazas ya no vienen del exterior, en concreto, del oeste del Deba, -léase Bizkaia-, sino de las propias estructuras del puerto que están provocando una situación de falta de dirección y parálisis a la hora de implementar nuevas líneas de actuación y captación de nuevos tráficos, con lo que a día de hoy, la actividad de la dársena se mantiene por inercia y el buen hacer de todos sus trabajadores.

A esta situación insostenible en "el motor económico de Gipuzkoa" -tal y como se define el propio puerto en la publicidad que emite en una emisora- se ha llegado por las consecuencias que la actuación del presidente de la APP, Félix Garciandia, está generando en el equipo directivo de la entidad, hasta el punto de que ocho jefes de área, de los diez que lo componen, han presentado una denuncia a la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco en la que ponen de relieve su particular forma y modo de gestionar.

"El Sr. Garciandia está actuando de forma autoritaria, concentrando en su figura funciones que corresponden a otros niveles de la organización, fomentando el aislamiento de los miembros del comité de dirección y desprestigiándoles públicamente", afirman los denunciantes que argumentan la imposición de decisiones sobre "la gestión de la entidad sin su participación" y sin tenerlos "en cuenta en sus propios ámbitos de competencia".

Esta actuación, que ha provocado "arbitrariedad en la gestión de la contratación pública" e "irregularidades en la contratación de personal", está teniendo ya consecuencias en la salud de del equipo directivo, hasta el punto de que cinco de ellos, entre ellos el director de la APP, se encuentran de baja laboral por enfermedad. La situación es tal que a mediados de esta semana cuatro de los directivos han presentado una denuncia por acoso laboral ante la presidencia de la entidad, que si no tiene una respuesta aceptable, podría seguir su curso por vía judicial.

Con este panorama de paralización del funcionamiento normal de una infraestructura tan importante para la economía de Gipuzkoa como es el puerto de Pasaia y que sería impensable en cualquier empresa que como tal se precie, llama la atención no solo el lavado de manos que ha hecho la Comisión de Ética Pública del Gobierno Vasco, afirmando que no es competente porque el presidente de la APP depende de Puertos del Estado y no del Ejecutivo vasco, -a pesar de que fue esa institución quien lo nombró-, sino el elocuente silencio público que mantienen todas las administraciones, la Cámara de Gipuzkoa, las empresas usuarias, consignatarias, estibadoras, clientes, transportistas, etc., que como guipuzcoanos nos debería preocupar. El sindicato LAB, que tiene la mayoría en el comité de empresa de la APP, ha sido el único agente que ha denunciado la situación insostenible desde todo punto de vista que se registra en la entidad que debe dirigir la actividad portuaria.

Todas estas instituciones y agentes económicos y sociales son perfectamente conocedores de esta situación, bien porque han tenido conocimiento de la existencia de esa denuncia o directamente de propia voz por parte de los afectados, sin que hayan tomado hasta ahora ninguna decisión para poner fin a este estado de cosas.

En privado todo el mundo muestra su preocupación por lo que está ocurriendo y la deriva que están teniendo los acontecimientos no solo por lo que puede afectar a la actividad portuaria, sino a la propia imagen del puerto, sin que sean capaces de dar un paso y tomar la iniciativa para tratar de resolver esta situación.

El Estado, a través de los cuatro representantes que tiene en el consejo de administración de la APP, entre los que se encuentra Puertos del Estado, mantiene una actitud de prudencia y silencio, aunque ha podido adoptar decisiones importantes como impedir el nombramiento de un nuevo director por parte de Garciandia con la no inclusión en el orden del día en la reunión de febrero y la suspensión a última hora de la prevista el pasado jueves, colocando la pelota en el tejado del Gobierno Vasco, por ser el organismo que nombra y cesa a los presidentes de la entidad.

Ni el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola (PSOE), ni el viceconsejero de Infraestructuras y Transportes, Antonio Aiz (PNV), ni la diputada foral de Movilidad y Ordenación del Territorio, Marisol Garmendia (PSOE), que también forman parte del consejo de administración, tampoco parece que se sienten concernidos por lo que está ocurriendo en el puerto guipuzcoano, al menos que se sepa públicamente, con lo que está inacción puede provocar la sensación de que para nuestras instituciones el puerto guipuzcoano no parece que esté en su agenda de preocupaciones.

De la misma forma, -y es lo más llamativo de este silencio que paradójicamente "suena" por toda la dársena-, la nula actuación que está teniendo la Cámara de Gipuzkoa en la defensa del puerto de Pasaia, cuando es la organización representativa de todas las empresas para las que debe estar a su servicio y a los intereses generales del territorio. Su denominación oficial como Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa le da un plus de responsabilidad en este campo a la hora de defender y fomentar la actividad portuaria que no tiene ningún otro agente, por lo que no se comprende cómo todavía su secretario general, Javier Zubia, que tiene un asiento en el consejo de administración, al igual que Carmen Echeverria Guibert y Beñat Odriozola, que representan a compañías con intereses en Pasaia, no hayan tenido una actuación más decidida a la hora de poner fin a este impasse que vive el puerto.

Precisamente, la competencia que registran las compañías usuarias del puerto y los distintos y contrapuestos intereses que defienden, ha hecho que entidades como Giport, otrora tan activa y vigilante en su papel de contrapunto con la Administración para favorecer la actividad del puerto, tenga muy difícil alcanzar consensos para poder tomar una decisión y expresar su posición ante lo que está ocurriendo en los últimos meses en Pasaia.

A todo ello hay que añadir la falta, a día de hoy, de una actualización del Plan Estratégico 2015-2025, que fue elaborado al final de la depresión económica y en vísperas de la crisis que vivió el acero en Europa por el dumping chino y que afectó de manera importante a Pasaia en los tráficos de chatarra y producto siderúrgico terminado que, junto con el de automóviles, es donde está más especializado.

La captación de tráfico de contenedores sigue siendo una apuesta estratégica que no termina de materializarse, a pesar de los dos intentos que se han hecho en el pasado y del posible interés que puede haber a día de hoy por parte de alguna compañía. La competencia con otros puertos y las circunstancias orográficas de Pasaia hacen que la puesta en marcha de líneas regulares de transporte de contenedores, que suplan la desaparición de otros tráficos en el pasado, sea misión complicada. Para ello, se debería de realizar una labor comercial muy intensa, ya que de las 600.000 toneladas que mueve Bilbao, una quinta parte tienen su origen en el hinterland de Pasaia, es decir, Navarra y Aragón.

Tampoco se está planteando la creación de suelo público de gran superficie en el entorno del puerto que permita la instalación de empresas industriales y logísticas ofreciendo accesibilidad al transporte marítimo y terrestre, como ocurre en otros puertos, donde se está fomentando la instalación de plantas fabriles casi en la misma lámina de agua. Por no hablar del disparate que supone la intermodal de Gaintxurizketa en el transporte de mercancías por tren al puerto de Pasaia, por las importantes deficiencias técnicas que presenta, a lo que hay que añadir el proyecto de la variante ferroviaria entre Astigarraga y Gaintxurizketa, que aislaría a la infraestructura portuaria y la abocaría a un futuro muy incierto por falta de conexión ferroviaria directa, que a día de hoy es uno de sus principales activos operativos.

Todo este cúmulo de circunstancias y silencios, -a los que hay que añadir los cinco años de inactividad, salvo dar la puntilla al proyecto del puerto exterior, de la etapa del anterior presidente, Ricardo Peña-, lleva a algunos a tener la sospecha de que desde ciertas instancias y de manera sutil se está favoreciendo un proceso de inanición que podría terminar con la toma de una decisión, -evidentemente justificada por la existencia de un declive real-, de que el mantenimiento de la actividad comercial en Pasaia ya no se vea necesaria, por lo que el tráfico de mercancías podría desviarse a Bilbao. Dentro de unos días, como marca la tradición, los candidatos electorales de la mayoría de los partidos acudirán de nuevo al puerto de Pasaia a hacer campaña. Será un buen momento para conocer qué alternativas nuevas de futuro presentan para la dársena guipuzcoana.

Pasaia no solo es una herramienta importante para la economía guipuzcoana, sino es también una infraestructura que da empleo directo a un total de 1.500 personas, una de las mayores empresas del territorio. De ese silencio, que hoy calla en público y habla en privado, y debería de convertirse en sonido altivo y gallardo, depende su futuro.