El juego político de las pensiones

Cuatro años después esa formación que aspiraba a liderar el cambio del panorama político español frente al neoliberalismo y la corrupción y presentarse como la única referencia válida y renovadora de la izquierda estatal, no solo no ha conseguido sus objetivos retrocediendo en sus apoyos en cada consulta electoral, sino que ha visto aflorar en su interior las distintas visiones estratégicas que anidaban en su seno, convirtiéndose en un auténtico polvorín de divergencias y luchas internas por el poder.

Estas luchas por el control del partido entre los sectores más radicales y ortodoxos vinculados a las viejas prácticas del PCE, hoy camuflado en Izquierda Unida, y aquellos con menos poso ideológico y más posibilistas que proceden de movimientos sociales o ecológicos, no solo se están proyectando al exterior, sino que incluso están afectando de manera directa a los ciudadanos en general, al primar los intereses particulares de grupo por encima de los generales, como ha ocurrido con el frustrado acuerdo en el Pacto de Toledo.

Podemos, de la mano de su diputada por La Coruña y militante de Esquerda Unida y del PC de Galicia, Yolanda Díaz, no solo ha dinamitado un acuerdo beneficioso para el conjunto de los pensionistas en el que, salvo las reticencias del PP, todos los partidos presentes en el Pacto de Toledo coincidían, -e incluso hasta el día anterior, su representante, la barcelonesa Aina Vidal, procedente de En Comú Podem-, sino que ha hecho de mamporrero del partido de Casado, que no quería bajo ningún concepto participar en un consenso en lo que consideraba un regalo electoral a Sánchez. Una versión actualizada de la "pinza" de IU con el PP, en la época de Julio Anguita, contra Felipe González.

Cuando se estaba tocando el cielo con las yemas de los dedos como consecuencia del consenso y el acuerdo entre las formaciones que componen el Pacto de Toledo: PSOE, Ciudadanos, PdCAT, PNV y ERC, al que a regañadientes se iba a sumar el PP, llegó la "comandante" y mandó parar presentando votos particulares a todas y cada una de las 21 recomendaciones elaboradas con lo que rompía la casi unanimidad alcanzada por los miembros del Pacto de Toledo. Una nueva versión de estrategia maximalista que forma parte de la historia de acción política de los partidos de izquierda y que tantos resultados negativos ha proporcionado.

Al anteponer su incapacidad para el entendimiento a sus necesidades partidarias, Podemos se ha cargado de golpe el trabajo de más de 54 reuniones celebradas a lo largo de casi tres años y 40 comparecencias de expertos en la comisión del Pacto de Toledo, en el momento en que había una coincidencia casi total de todos sus miembros de que, salvando unos tres escollos en forma de voto particular, las 21 recomendaciones del acuerdo iban a prosperar y ser aprobadas.

Esta negación de la política como el arte de poder llegar a acuerdos entre adversarios políticos desde la cesión y donde no cabe el control y la imposición es lo que todavía algunos siguen sin entender y hace que los extremos no solo se toquen, sino que se retroalimenten desde la excusa demagógica de defender los intereses de los ciudadanos.

Podemos y Yolanda Díaz deberán dar explicaciones a los pensionistas que mañana saldrán a las calles de las principales ciudades vascas sobre los motivos que han tenido para dinamitar un acuerdo que garantizaba el poder adquisitivo de las pensiones referenciándolo al IPC, así como aseguraba la sostenibilidad del sistema público fijando las cotizaciones sociales al pago de las pensiones contributivas y no a otras prestaciones y políticas de apoyo al empleo que deben tener en los impuestos su fuente de financiación.

Por no hablar de la posibilidad, que se recogía en el documento, de que el pensionista pudiera escoger aquellos años de su cotización más favorables, con el fin evitar la delicada situación en la que se encuentran muchos trabajadores que, como consecuencia de la depresión económica, perdieron su empleo y han terminado su carrera laboral en el paro y como consecuencia de ello, han sufrido una pérdida de cotización para su futura jubilación, precisamente en los 15 últimos años que son los más importantes, en este momento, en el cálculo de las pensiones.

Cómo se puede ganar el cielo, si Podemos rechaza que los trabajadores puedan tener pensiones complementarias a las públicas a través de las EPSV de empleo creadas al amparo de la negociación colectiva y sin ánimo de lucro, cuyo impulso aconsejaba el Pacto de Toledo de "forma preferente". Qué argumentos tiene Podemos para rechazar un modelo en donde el euro que cada trabajador adscrito a una EPSV de empleo, como el caso de Geroa Pentsioak, destina a su jubilación se convierte en 3,6 euros para complementar su futura pensión pública. En qué manual revolucionario de apoyo a la clase trabajadora o ponencia sobre el estado del bienestar aparece semejante actitud tan absurda.

Con este rechazo a las recomendaciones del Pacto de Toledo nos encontramos con una práctica que, como consecuencia de la incapacidad de ofrecer soluciones a los problemas tanto internos como colectivos, algunos políticos están trasladando sus problemas partidarios al conjunto de la sociedad aliñados con un toque de populismo que está empezando a pasar ya factura a los ciudadanos.

El brexit es un ejemplo palpable de cómo un problema interno de un partido que no supo dirimir sus diferencias entre los euroescépticos y los favorables a la permanencia en la UE no solo no ha creado una de las mayores crisis política, social y económica del Reino Unido en toda su historia, sino una gran incertidumbre en el conjunto de Europa que no sabe cómo afrontar un problema sobrevenido del que sus causantes y herederos políticos siguen sin encontrar una salida.

Salvando las distancias, Podemos por asaltar el cielo ha hecho caer a los demás en un infierno cuya salida para afrontar un panorama estable al sistema de pensiones en el Estado se presume muy incierto ante la perspectiva de que la acechante trilateral de la extrema derecha llegue a alcanzar La Moncloa. Si ahora ha sido imposible en un escenario, en principio, favorable, lo será mucho más por los intereses tan contrapuestos que existen en los dos lados ideológicos de la política española.

Ante este panorama, no queda más salida para garantizar la revalorización de las pensiones conforme a las subidas del IPC y que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo que la ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones, Magdalena Valerio, aproveche la vía del decreto-ley, ante las expectativas de un triunfo de los partidos de derechas, para modificar el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social que recoge los incrementos de las jubilaciones entre un 0,25% y un 0,33%, debido a la reforma llevada a cabo por el PP hace cuatro años para evitar la referencialidad a ese parámetro económico.

Si no lo hace es porque a día de hoy el PSOE no tiene garantizado el apoyo de Podemos, con lo que estos próximos días del final de legislatura van a ser muy interesantes para conocer la verdadera voluntad en este sentido, no solo del Gobierno de Pedro Sánchez, sino también de la formación morada liderada por Pablo Iglesias.

Ante esta situación de falta de realismo e ineficacia que vive la política española, la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, "dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad", tal y como se recoge en la disposición quinta del Estatuto de Gernika, se antoja como algo de la máxima prioridad para los vascos.

El problema es que con la actual deriva de recentralización que existe en los partidos españoles esta cuestión parece que ha quedado ya a título de inventario.