La decisión del Gobierno Vasco de poner en marcha un Plan Renove del automóvil para favorecer la renovación del parque de coches de más de 10 años de antigüedad es una buena noticia en sí misma y, por diferentes motivos, como respuesta al despropósito y la irresponsabilidad demostrada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez en su campaña de estigmatización y demonización del diésel que ha provocado no solo incertidumbre entre los consumidores, paradas de producción en los fabricantes con plantas en Euskadi y caídas en la cartera de pedidos del sector de equipos y componentes, clave en la industria vasca, sino que también se ha traducido, en principio, en una pérdida de cinco décimas de nuestro PIB al cerrar 2018 con un crecimiento de 2,8%.
Y este ha sido el primer dato negativo constatable que está sufriendo la economía vasca por la denominada crisis del diésel impulsada por unas iniciativas y declaraciones políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, sin presentar a cambio ninguna alternativa y ningún plan ordenado para transitar de la mejor manera posible del coche de combustión al eléctrico, al que le falta dos o tres décadas para ser una realidad plena.
Por el efecto retardado que tienen este tipo de decisiones en la economía, el alcance de sus consecuencias negativas en nuestra industria las vamos a ver de manera clara y nítida en el primero y segundo trimestres de este año, por lo que ante ese escenario previsible, bueno será adelantarse y adoptar posiciones de respuesta.
Por ello, en lo que supone otro ejemplo más del denominado coste de la dependencia, que es, ni más ni menos, que los efectos negativos que las decisiones unilaterales y arbitrarias toma el Gobierno de Madrid sin tener en cuenta la realidad de la economía vasca y los intereses de nuestras empresas, era necesario que, desde el Gobierno Vasco, ?tal y como lo sugerí el pasado domingo desde estas mismas páginas?, se reaccionara y se pusiera en marcha un Plan Renove.
La puesta en marcha de esta iniciativa no solo se centra en sacar de la carretera a los coches de más de 10 años de antigüedad, que son los más contaminantes, sino también en afrontar de manera sensata y ordenada el proceso de descarbonización del automóvil, impulsando la venta de coches y con ello, ayudando al sector de componentes de automoción, tan estratégico para la economía de este país.
La decisión anunciada por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pone de relieve la importancia que para nuestra economía tiene la existencia del Concierto Económico, que es la columna vertebral de nuestro autogobierno, y de que su buena utilización puede servir para anticiparse a la falta de previsión e inacción, en este caso del Gobierno de Madrid, en un sector tan importante como el de la automoción, y paliar de algún modo las consecuencias negativas que esa situación está teniendo en nuestras empresas.
Y si la Comunidad Autónoma Vasca lo puede hacer, de la misma manera un Plan Renove similar se puede llevar a cabo en Navarra, utilizando la figura del Convenio Económico, teniendo en cuenta la existencia en ese territorio de un fabricante de automóviles tan importante como Volkswagen y de una potente industria de componentes de automoción a su alrededor.
Mientras en países europeos de nuestro entorno (Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca) sus gobiernos han puesto en marcha planes Renove o han establecido ayudas para la compra de vehículos no contaminantes, al tiempo que han diseñado programas para la puesta en marcha de infraestructuras de recarga eléctrica, en el Estado español ese tipo de iniciativas no existen por el momento.
Solo se conocen unas declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunciando un Plan Renove para el año 2020 por un importe de 200 millones de euros, que saldrían de la recaudación generada a lo largo de 2019 por el aumento del impuesto al precio del diésel que se estima aportaría a las arcas estatales un total de 670 millones de euros. La incertidumbre de que Pedro Sánchez pueda ser capaz de sacar adelante los Presupuestos del Estado deja todo en el aire.
Mientras tanto nada se sabe y nada se espera, aunque eso sí con la salvedad, única en nuestro entorno europeo, de que ha sido el único Estado en poner fecha a la desaparición de los coches diésel y gasolina: Año 2040. Evidentemente, nadie del sector de la automoción fija ese año como el final de la transición del coche de combustión al eléctrico. Otra ocurrencia y otra demostración más de falta de rigor de la ministra para Transición Energética, Teresa Ribera.
Como ocurre en la vida ordinaria, la audacia también debe formar parte de la acción de un gobierno, sobre todo para reaccionar frente a los maximalismos de políticos que desconocen el entorno en el que viven, el sinsentido de afirmaciones que parten más de deseos que de la realidad y un populismo que ha impregnado la acción política en el Estado español para buscar el efecto mediático cortoplacista con fines electorales.
Con este anuncio, el Gobierno Vasco está demostrando un conocimiento profundo de la realidad en la que se encuentra el sector de componentes de automoción, una rapidez en la toma de decisiones, ya que desde la detección del problema hasta la puesta en marcha del Plan Renove en marzo van a pasar muy pocos meses y un liderazgo en el conjunto del Estado a la hora de plantear soluciones a la industria del sector y aportar certidumbre a los consumidores que están retrasando sus decisiones de compra con lo que no se están renovando los coches más antiguos y, por lo tanto, más contaminantes. Y en esta iniciativa, algo han tenido que ver los empresarios guipuzcoanos.
Asimismo, la propuesta del Gobierno Vasco parte del principio realista de que la transición del coche de combustión al eléctrico no sólo va a durar varias décadas, sino que en ese proceso van a coexistir los coches de motorización diésel y gasolina con los híbridos y eléctricos, que, conforme pase el tiempo, adquirirán un mayor protagonismo frente a los vehículos que utilizan combustibles fósiles.
Por eso el Plan Renove anunciado por la consejera Arantxa Tapia contempla también ayudas no solo a los coches híbridos o eléctricos, sino también a los diésel y gasolina, teniendo en cuenta que la media del parque automovilístico en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es de 11,4 años y que el 30% de los coches que circulan por las carreteras vascas tiene más de 16 años.
Hay que decir que la tecnología que incorporan los coches diésel, donde Europa es líder mundial en su fabricación, ha hecho posible que esa motorización, con arreglo a la norma europea Euro 6, tenga un 15% menos de emisiones de CO2 que los automóviles de gasolina y que la pequeña diferencia que puede haber en la emisión de dióxido de nitrógeno (NO2) se subsana con el consumo menor de combustible que tienen los vehículos que se mueven por gasóleo. Esa es la consecuencia de que los fabricantes han ido mejorando e innovando los motores diésel a la hora de reducir sus emisiones a la atmósfera, mientras que en el caso de los de gasolina no se ha producido esa evolución tan drástica y continua.
A la espera de conocer el próximo mes de marzo el alcance y la cuantía de este Plan Renove, lo que sí parece probable es que afectará a aquellos coches con un precio por debajo de los 25.000 euros con motores diésel y gasolina y entre 30.000 y 35.000 euros en el caso de los vehículos eléctricos, con lo que se espera que el sector se dinamice y aumenten las ventas que en el pasado mes de enero tuvieron en Gipuzkoa una caída del 9,88%, mientras que en la CAV el descenso fue del 14,4% con respecto al mismo mes del pasado año.
Lo que está claro es que los efectos del Pan Renove son positivos, a juzgar por la experiencia de los ocho planes PIVE que el Gobierno español puso en marcha desde octubre de 2012 a julio de 2016 que no solo benefició a 1.113.202 compradores, de los que 56.351 fueron vascos, sino que aparte de incentivar de manera importante la actividad de las empresas del sector de la automoción, también supuso impulsar de forma considerable el flujo de recaudación en las Haciendas a través de impuestos como el IVA y matriculaciones. La experiencia demuestra que este instrumento de activación económica impulsada desde el sector público devuelve con creces la inversión previa realizada. l