Está claro que el actual sistema público de pensiones puede tener problemas de sostenibilidad para mantener en el futuro el mismo nivel de pago de pensiones que hoy tienen los jubilados, con lo que el debate que se plantea es saber si en el porvenir los futuros pensionistas van a tener las mismas percepciones que los actuales. Desde un planteamiento realista, parece que esa situación no va a ser posible porque al aumento de los pensionistas hay que añadir, no solo una reducción de la población activa, sino también la existencia de unos índices de paro importantes entre los jóvenes y unos empleos precarios y temporales que son elementos negativos para la sostenibilidad del sistema.

En este sentido, la necesidad de la promoción de las pensiones complementarias que mitiguen el descenso que puede darse a futuro en las percepciones de jubilación públicas es una realidad que se impone como un ejercicio de responsabilidad política y social y que tiene que ver mucho con la cohesión de la sociedad y evitar la exclusión del sistema de aquellos ciudadanos con menos renta. Y para ello las EPSV de empleo, que es un modelo basado en la capitalización y el reparto, se convierte en el mejor instrumento para complementar esa reducción en las pensiones públicas que con toda probabilidad van a tener los pensionistas en el futuro.

Y se da la circunstancia de que ese modelo, que es ejemplo y referente en Europa, además de la envidia en el Estado por su desarrollo, hasta el punto de que está siendo objeto de estudio por parte de la Comisión del Pacto de Toledo, lo tenemos aquí en Euskadi, sin que el Gobierno Vasco haya decidido todavía, al margen de manifestar de manera pública su voluntad e intenciones, ponerse manos a la obra y extender esta fórmula que parte de un acuerdo previo entre empresarios y trabajadores en la negociación colectiva.

No hay capacidad de liderazgo para sentar a las dos partes y tratar de implementar un sistema complementario de pensiones en las empresas de este país, sin que ello pueda originar ningún conflicto con el Estado, ni romper ninguna caja única, porque la CAV tiene nivel competencial para ello y cuenta con su propio marco jurídico como es la Ley sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.

El Gobierno Vasco sigue en la inacción más absoluta en este terreno,, sin que las declaraciones realizadas por el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, a favor del desarrollo de las EPSV de empleo y de poner en marcha medidas fiscales para su impulso, a tenor del rechazo de los empresarios, que se oponen a este modelo porque incrementaría los costes laborales, y de los sindicatos, que se muestran reacios porque antes están la subida de los salarios y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, se hayan visto reflejadas en la realidad.

Hasta el momento y para desatascar esta situación de bloqueo de las dos partes y motivar la acción de los agentes sociales, no se ha producido ninguna propuesta a las Haciendas forales que contemple la puesta en marcha de nuevas medidas fiscales o recuperar algunas deducciones como las desaparecidas en las últimas reformas. En este sentido, parece que de partida algunas de las medidas a aplicar están ya tasadas, como son las de plantear deducciones fiscales a los trabajadores en la declaración del IRPF no sobre la base de cotización, sino sobre las cuotas que se pagan a la EPSV o, en el caso de las empresas, recuperar la deducción del 10% en el Impuesto de Sociedades, que estaba vigente hasta el año 2014. De la misma forma, las Haciendas deberían primar la distribución del capital en forma de renta, que ahora está penalizada al 100%, y no favorecer su rescate, que tiene una contribución fiscal del 40%.

El Consejo Vasco de Previsión Social, que engloba a la Administración pública, patronal, sindicatos, cooperativas y consumidores, sigue siendo una entidad fantasma, ya que desde su constitución, en mayo de 2016, no ha celebrado nunca ninguna reunión, con lo que se pone en evidencia la falta de sensibilidad que algunos agentes sociales muestran sobre este asunto.

De ahí que algunos, sobre todo desde Gipuzkoa, piensen que las dificultades para implementar las EPSV de empleo en Bizkaia y Araba no resida tanto en la implementación de ventajas fiscales como de tratarse de un asunto de raíz cultural y de comportamientos con gran raigambre social que no se generan de un día para otro.

Esto es lo que explica el éxito de Geroa Pentsioak, la EPSV de empleo que nació hace ya 22 años gracias a un acuerdo entre la patronal Adegi y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT ?que curiosamente ahora se muestran reacios a la implementación del modelo en los otros territorios vascos?, y que da una cobertura complementaria a las pensiones públicas a 108.400 trabajadores guipuzcoanos pertenecientes a 9.319 empresas de 19 sectores de actividad.

Un modelo que no solo está sirviendo de referencia a los grupos parlamentarios presentes en la comisión del Pacto de Toledo, que hace algo de un mes decidió estudiar las posibilidades de extender e impulsar el modelo de Geroa Pentsioak al conjunto del Estado, gracias a la propuesta realizada en este sentido por el diputado del PNV por Gipuzkoa, Iñigo Barandiaran, sino que acaba de ser reconocido en Europa al recibir por segundo año consecutivo el premio IPE (Investment Pensions Europe) al Mejor Fondo de Pensiones Multiempresa del Estado.

En la edición de este año de IPE, que es la revista especializada en el sector de fondos de previsión social de Europa y que tuvo lugar hace unos días en Dublín, el jurado destacó de Geroa Pentsioak en su valoración que su “rentabilidad a largo plazo es consistente y produce muy buenos resultados para sus partícipes”. Curiosamente, Geroa Pentsioak tuvo que competir con fondos europeos que gestionan un patrimonio diez veces mayor y con una trayectoria más larga que la entidad guipuzcoana.

El jurado de los premios IPE, que sirven para reconocer los resultados obtenidos por los diversos fondos de pensiones en Europa y que gozan de un gran reconocimiento en el sector, valoró a la hora de conceder ese galardón a Geroa Pentsioak la rentabilidad generada a lo largo de 2017, que fue de un 9,95% frente a la media del sector del 3,19%, y la política de diversificación de la cartera, que le otorga un perfil de bajo riesgo. La rentabilidad histórica de los últimos 20 años de Geroa Pentsioak ha sido del 6,42%, mientras que la media de los fondos españoles es del 3,6%.

En la edición de este año, Geroa Pentsioak, que se presentaba al certamen por tercera vez obteniendo en todos ellos el primer premio, también ha quedado finalista entre los tres primeros puestos en la categoría de Estrategia de Inversión a Largo Plazo, Mejor Fondo Multiempresa y Gestión de Renta Variable. De la importancia de estos galardones da una idea el número de solicitudes presentadas en la edición de este año, que han alcanzado un total de 459 en 42 categorías. Los fondos de pensiones que concurren a estos premios gestionan en conjunto más de dos trillones de euros y representan a 90 millones de personas en 24 países de toda Europa.

El hecho de que desde el sector de los fondos de pensiones de empleo de Europa se reconozca ya en tres ocasiones, las dos últimas de manera consecutiva en 2017 y 2018, el buen hacer y la magnífica gestión que se está realizando en Geroa Pentsioak del patrimonio de sus participes, no solo significa una satisfacción como país de lo que se hace bien aquí, sino que debe servir de acicate para que desde el Gobierno Vasco se ponga este asunto como prioritario porque cualquier día que pasa sin implementar este modelo supone un importante retroceso que como sociedad lo vamos a sufrir en el medio y largo plazo.

La contradicción es que la propia Administración pública ya tiene sus propias EPSV de empleo como son Elkarkidetza, en el caso del Gobierno Vasco, e Itzarri, para el resto de las instituciones y, sin embargo, parece que no es capaz de conseguir trasladar este modelo de ahorro entre el conjunto de los trabajadores vascos.

Se trata de facilitar el ahorro a aquellos que menos capacidad tienen y de extender la previsión social a segmentos de población con rentas medias y bajas que dependen en gran media de las pensiones públicas, con todo lo que ello supone de alcanzar un alto nivel de cohesión social. Sirva como ejemplo que un trabajador medio del sector del Metal de Gipuzkoa de 43 años de edad y que ahora aporta 109,09 euros al mes, podrá, cuando se jubile, complementar la pensión pública que reciba con 310,76 euros más al mes. Por lo tanto, es hora de voluntad política, compromiso y liderazgo, mucho más cuando las previsiones económicas no plantean situaciones de volatilidad en el futuro más inmediato?. l