Pocas veces una decisión del Gobierno Vasco ha tenido tan poca aceptación como la pretendida implantación de la denominada tasa turística, que no es ni más ni menos que un nuevo impuesto a los turistas que se alojen en hoteles, pensiones, agroturismos, campings y pisos turísticos que pretende impulsar el departamento de Turismo, Comercio y Consumo dirigido por el socialista Alfredo Retortillo. La propuesta cuenta solo con el apoyo de la Diputación Foral de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donostia, que discrepa sobre quién debe ser la institución que recaude la tasa y quién debe disponer de los recursos generados por este tributo.

Que ni las diputaciones de Bizkaia y Araba, que ningún municipio con importante peso del turismo en su actividad económica, como pueden ser varios de la costa guipuzcoana y alguno de la vizcaína, y que todo el sector empresarial de los diferentes modelos de alojamiento existentes en Gipuzkoa se hayan pronunciado a su favor porque no lo ven necesario, en el caso de los primeros, o muestran sus grandes reticencias e incluso oposición, en el segundo, da una idea de que la propuesta del consejero Retortillo no solo no convence, sino que no se considera útil ni conveniente en el momento actual.

En primer lugar, llama la atención que una iniciativa con tan poco apoyo y que crea tanta división territorial se haya presentado para su traducción en una futura ley del Gobierno Vasco, a la espera del correspondiente informe técnico del departamento de Hacienda, sin conocer por parte de los agentes del sector la exposición de motivos que justifican una decisión de este tipo.

Si nos atenemos al ámbito estatal, Donostia, en el supuesto de que se adhiera a la iniciativa del consejero Retortillo, será el único municipio en solitario del Estado en aplicar este impuesto turístico que ya está implantado en las Islas Baleares y Catalunya. Según un informe municipal elaborado hace ya varios años, se estima que con un impuesto entre uno y tres euros por persona y noche, Donostia podría disponer de unos ingresos extras anuales entre 1,5 y cuatro millones de euros, curiosamente, cuando el nivel de actividad turística es radicalmente inferior al que se registra en las Islas Baleares y Catalunya. Mientras las Islas Baleares es el destino que más turistas recibe, por delante de Catalunya, con un ratio de 58 noches por habitante y año, en Gipuzkoa ese índice se reduce a tres noches por habitante y año.

En otras regiones con fuerte actividad turística y con un peso del 13% de su PIB, como es el caso de la Comunidad Valenciana, el cobro de este impuesto ha sido rechazado por el sector al considerar que no tiene un “objetivo claro y transparente”, reduce su competitividad respecto a otros destinos y lanza un mensaje de “mercado de saturación y turismofobia”.

Sin embargo, el departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha seguido adelante con la idea y ha encargado un dictamen a la EHU/UPV que establece que el Gobierno Vasco tiene la capacidad recaudatoria de esta tasa, cuya implantación será solo en aquellos ayuntamientos que así lo decidan previa adhesión y que lo recaudado se repartirá al 50% entre el Ejecutivo de Gasteiz y los municipios donde se aplique el tributo.

La medida, tal y como se ha planteado, genera también muchas dudas entre los expertos consultados, ya que el cobro de una tasa debe llevar implícito el aprovechamiento de un bien o servicio público, una cuestión que no parece existir en este caso ya que los turistas pagarán ese tributo sin que reciban nada a cambio.

La única manera que podría aproximarse a la idea que plantea el Gobierno Vasco está en la figura de una ecotasa como compensación a la afección al medio ambiente que pudiera generar el turismo y aquí, evidentemente, son los ayuntamientos los encargados de su recaudación.

Dado que, en virtud del Concierto Económico, en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) no se puede crear impuestos que no existan en el Estado, la única salida que tiene el Gobierno Vasco es acogerse a la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, que permite establecer nuevas vías impositivas en las regiones que así lo decidan. Sin embargo, teniendo en cuenta nuestra especificidad foral, esa posibilidad también genera importantes dudas sobre cómo se llevaría a cabo la recaudación de ese impuesto.

En este sentido, parece claro que son los ayuntamientos los encargados de la recaudación de esa tasa, cuyo pago habría que justificarlo como contraprestación al aprovechamiento de un bien o servicio público, además de que, por razones obvias, difícilmente estarían dispuestos a repartir los ingresos generados con otras instituciones.

En este sentido, el Ayuntamiento de Donostia, -por ahora, el único municipio vasco que se ha mostrado dispuesto a aplicar este tributo en los establecimientos de alojamiento-, discrepa de la propuesta porque los recursos económicos generados no reviertan en su totalidad al municipio donde se generan, sino que se repartan al 50% con el Gobierno Vasco. Según la propuesta del consejero Retortillo, el dinero recaudado se destinará al fomento de políticas turísticas sostenibles, como son los programas de desestacionalización, recuperación del patrimonio, el impulso de la investigación, formación y la calidad, etc.

La resultante de ese escenario que se plantea por parte del Gobierno Vasco es que, -en el supuesto de que el ayuntamiento de Donostia se adhiera a la iniciativa-, la mitad de los ingresos generados por el impuesto a los turistas que pernocten en cualquiera de los alojamientos de la ciudad podrá ir destinado a las políticas que el departamento de Turismo, Comercio y Consumo realice en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), lo que quiere decir, fundamentalmente en Bizkaia y Araba.

Un agravio que difícilmente puede ser entendido por los ciudadanos del principal y más importante destino turístico de Euskadi, como es Donostia, por mucho que cuente con el apoyo exultante y poco crítico de los correlegionarios políticos del consejero Retortillo en la Diputación Foral de Gipuzkoa y en el Ayuntamiento de Donostia.

La pretensión supone una afrenta cuando desde el Gobierno Vasco no se ha colaborado en la medida en que hubiera querido el sector en los últimos años con el desarrollo del turismo de congresos en Donostia, sobre todo por parte de entidades y sociedades públicas dependientes del Ejecutivo que, precisamente por la inercia de tener ubicadas sus sedes operativas en Bilbao o Gasteiz, organizan sus eventos en esas dos ciudades. Precisamente la capital donostiarra es la que mayores niveles de satisfacción provoca entre los asistentes a estos actos, según las encuestas realizadas.

Habría que preguntar al departamento de Turismo si el 50% de ese impuesto que se recaude en Donostia servirá para impulsar el destino turístico del territorio en lo que se refiere a la necesidad de convertir el aeródromo de Hondarribia en un aeropuerto con los servicios que requiere una infraestructura de ese tipo y un aumento de las conexiones aéreas, mejorar las líneas ferroviarias que distan mucho de la calidad y la frecuencia de las que existen en otros lugares, por no hablar de los problemas que se producen de manera habitual, -más allá de los puntuales del verano-, en la muga de Biriatu, etc.

Sorprende que la aplicación de este impuesto sea saludada afectuosamente por el teniente de diputado general y diputado foral de Turismo, Denis Itxaso (PSOE), afirmando que va a mejorar la competitividad del destino y equilibrar “lo que el turismo deja y lo que da” cuando está por ver las actuaciones realizadas en ese ámbito para impulsar su desarrollo en comparación con las grandes inversiones que tanto en Bizkaia como en Araba están llevando a cabo sus respectivas diputaciones forales para incentivar sus destinos y favorecer su actividad económica.

De la misma forma que el primer teniente de alcalde y concejal de Turismo, Ernesto Gasco (PSOE), ferviente defensor también del impuesto turístico, trata de rentabilizar políticamente la iluminación navideña que luce estos días Donostia, con el objetivo de que se convierta en un referente turístico en estas fechas invernales, cuando hace nueve años el equipo de gobierno municipal liderado por el entonces alcalde socialista Odón Elorza decidió dejar a la ciudad sin luces de Navidad en razón a la existencia de la crisis económica.

Una decisión que tuvo su importante contestación ciudadana en forma de concentraciones que no entendían que la situación podría provocar tal grado de penuria en las arcas municipales para eliminar de un plumazo toda la iluminación navideña en unos momentos en los que impulsar la alegría era el mejor antídoto contra el desánimo provocado por la coyuntura económica. Ni tanto ni tan poco. l