Parece el mundo al revés. Mientras en Madrid se sorprenden y se disponen a poner en marcha iniciativas innovadoras y de éxito contrastado surgidas en Gipuzkoa y pioneras en el Estado como es el caso de Geroa, el modelo vasco de pensiones complementarias de empleo, en Euskadi, el Gobierno Vasco sigue en la inacción más absoluta en este terreno, a pesar de que en el pasado mes de agosto, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, anunció que estaba trabajando para lograr un "consenso amplio" entre los agentes económicos y sociales para generalizar y extender las EPSV de empleo a todos los trabajadores vascos.

Esa disposición en la que también coincide, como lo ha manifestado en varias ocasiones, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, parece que está tardando en materializarse porque el Consejo Vasco de Previsión Social -que es el órgano adecuado para ello y donde deben plantearse estas cuestiones, ya que congrega a la Administración Pública, patronal, sindicatos, cooperativas y consumidores-, no ha celebrado ninguna reunión sobre esta cuestión. Se ha convertido en una entidad inoperante porque desde su constitución en mayo de 2016 no se ha reunido nunca. Existía la posibilidad de que lo hiciera el pasado mes de septiembre, pero quedó en mera intención, por lo que hasta la fecha no hay ninguna convocatoria a corto plazo.

Mientras los empresarios rechazan aumentar sus costes laborales con el pago de la cuota que deben abonar a la EPSV de empleo, los sindicatos se niegan a poner en marcha estas entidades alegando que antes está la subida de los salarios y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores que dedicar esfuerzos a montar un sistema complementario de pensiones. La tercera pata que es el Gobierno Vasco, a juzgar por los hechos, no se atreve a actuar, intervenir entre esos agentes y liderar una iniciativa que tarde o temprano va a estar obligado a hacer porque la situación se agrava cada día que pasa. Un dato: en Gipuzkoa cada año se jubilan 7.000 personas, mientras que solo 2.000 se incorporan al mundo del trabajo.

Esa inacción todavía es más flagrante cuando la propia Administración Pública Vasca cuenta con sus propias EPSV de empleo para sus funcionarios como Elkarkidetza e Itzarri y, sin embargo, no está siendo capaz de sentar en una mesa a las patronales y a los sindicatos para implementar a través de un acuerdo un modelo de pensiones complementarias que alcance al mayor número de trabajadores vascos. Las ventajas son varias porque se generan flujos de ahorro, se garantiza la sostenibilidad y la eficiencia del sistema de pensiones, y se favorece la cohesión social al afectar a segmentos de la población con rentas medias y bajas sin capacidad de ahorro.

Mientras en Gasteiz parece que están a otras cosas, en Madrid los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo han visto claramente la situación, las ventajas que aporta este sistema y han decidido estudiar las posibilidades de extender el modelo vasco de pensiones complementarias de empleo al conjunto del Estado, a raíz de la propuesta realizada en este sentido por el diputado del PNV de Gipuzkoa, Iñigo Barandiaran. Todo un sarcasmo.

El diputado jeltzale lleva desde el inicio de los trabajos del Pacto de Toledo en esta legislatura planteando la necesidad de poner en marcha un sistema complementario de pensiones de empleo, siguiendo el ejemplo de Geroa, desde el convencimiento de que el sistema público no va a contar con la misma capacidad de respuesta a la hora de realizar las prestaciones por jubilación que la que tiene ahora. Se trata de que, a través de estas EPSV de empleo, los trabajadores incrementen la pensión respecto al último salario para reducir la brecha existente al percibir la pensión pública. Es más, la gerente de Geroa Pentsioak EPSV, Virginia Oregi, compareció en febrero de 2017 ante el pleno del Pacto de Toledo para explicar el modelo de funcionamiento de esta entidad desde el convencimiento de que es perfectamente aplicable en cualquier lugar a nada que haya voluntad para ello entre empresarios y trabajadores, como ocurrió en Gipuzkoa en 1995.

La aplicación del modelo Geroa, que es mixto, es decir, de capitalización y reparto, está incluida en la recomendación número 16 que fue debatida por los miembros del Pacto de Toledo esta semana y que, a propuesta del diputado Iñigo Barandiaran, establece "la conveniencia de crear, potenciar e impulsar entidades complementarias de pensiones de empleo sin ánimo de lucro, gestionadas por expertos profesionales, a través de una capitalización responsable", frente a las EPSV individuales que son gestionadas por entidades financieras.

En el texto de la recomendación la comisión del Pacto de Toledo reafirma su apuesta por impulsar la implantación efectiva del denominado segundo pilar del modelo de pensiones en paralelo a la recuperación de los salarios y al fortalecimiento de la negociación colectiva. Frente a las fórmulas de rescate del capital que se plantea en las EPSV individuales, el texto recoge la necesidad del abono de los complementos en forma de renta que es el verdadero espíritu de este tipo de entidades.

La importancia de esta disposición está en que partidos que hasta ahora tenían las pensiones públicas como una especie de tabú sobre el que no se podía discutir de su existencia futura, comienzan a percibir que en el porvenir ya no va a ser posible contar con unas jubilaciones de la forma de las que existen hoy.

Así el PSOE, a falta de posición oficial, se ha mostrado favorable a los sistemas de previsión de empleo frente a los planes de pensiones individuales. También Podemos muestra su apoyo al modelo de EPSV de empleo, al señalar que las recomendaciones del Pacto de Toledo no deben recoger ninguna mención a los planes privados de pensiones gestionados por las entidades financieras.

Por contra, el PP, sin rechazar el modelo de empleo, plantea la necesidad de establecer nuevos incentivos fiscales para fomentar los planes individuales de pensiones, que supondrían una reducción de 700 millones de euros de los ingresos de Hacienda. Por su parte, la propuesta de Ciudadanos es que estos planes deberían ser gestionados por el Estado, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, mientras que el PDeCAT aboga por la adscripción a un plan de pensiones de empleo cuasi obligatorio, como ocurre en el Reino Unido. Dos propuestas que cuentan con el rechazo del resto los grupos.

Y mientras en Gipuzkoa, el departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa continúa tomando la iniciativa y empeñado en incentivar y fomentar el nuevo modelo de organización de empresas que es la participación de los trabajadores en el capital de las compañías como base para apuntalar las firmas al territorio, mejorar su cohesión interna y amarrar el talento. Una nueva forma de entender el proyecto empresarial que tiene mucho que ver con la cultura del auzolan tan enraizada en Gipuzkoa.

Con este motivo ha elaborado un anteproyecto de Norma Foral, que se espera que sea aprobada en el próximo mes de diciembre, que va destinada a incentivar la participación de los trabajadores para favorecer el reflotamiento de empresas liquidadas. Toda una gran iniciativa que tiene como objetivo anticiparse a situaciones de crisis que puedan producirse en el futuro y evitar el trauma económico y social que supone la desaparición de empresas como lo hemos visto en los últimos años.

En este sentido, el anteproyecto de Norma Foral elaborado amplía con carácter adicional la Norma Foral de 2016 que recoge incentivos fiscales en IRPF y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para fomentar la participación de los trabajadores en las empresas. En este caso, las deducciones fiscales para la suscripción de acciones o participaciones para la constitución de empresas donde participen los trabajadores serán del 10%, en el caso de los hombres, y del 15%, en el de las mujeres, del dinero aportado en el primer ejercicio fiscal. En los sucesivos años, la aportación de los trabajadores no podrá ser superior a 1.200 euros en el caso de los hombres y 1.800 en el de las mujeres.

La puesta en marcha de esta iniciativa confirma los buenos resultados que están teniendo las medidas fiscales que el departamento de Hacienda está adoptando desde 2016 para incentivar la participación de los trabajadores en las empresas y su arraigo en el entorno.

Si en 2016 un total de 138 trabajadores, de los que 100 fueron hombres y el resto mujeres, accedieron a la propiedad de 36 empresas del territorio, en 2017 los resultados no han podido ser mejores, con un aumento del 40,57%, lo que significa que un total de 194 personas decidieron dar el salto y acceder al capital de 45 empresas. Unas medidas que revelan una capacidad de anticipación a posibles escenarios inciertos y una toma de decisión y liderazgo en el momento oportuno.