A pesar de que estamos en una situación de bonanza, al margen de la desaceleración económica que se está produciendo -lo que no quiere decir que en Euskadi no se esté creciendo al 2,6%-, sin embargo las consecuencias de la pasada crisis económica no solo han tenido como primer resultado un agrandamiento de la desigualdad social que no solo hay que analizarla en términos de un aumento del número de ricos cada vez con mayores patrimonios y de un ensanchamiento de la población pobre, sino un descenso importante de la clase media que se presenta como la primera víctima de la gran recesión de 2018.

La política monetaria del Banco Central Europeo que ha provocado descensos en los tipos de interés, que en algunos casos tienen tasas negativas, ha servido para desapalancar niveles de deuda en las empresas y en las economías domésticas y reactivar la inversión a través de nuevas líneas de crédito, pero también para penalizar el ahorro con todos los efectos colaterales que ello tiene.

En este sentido, los tipos de interés a cero han provocado que aquellos productos financieros con vocación conservadora de ahorro, que tenían como objetivo en el caso de los jubilados complementar su pensión pública, no solo estén teniendo en este año de 2018 rentabilidades muy bajas o ninguna, sino que encima están provocando pérdidas de capital, con lo que se está aumentando el riesgo de las inversiones.

Es decir, se está dando la paradoja de que aquellos productos financieros que se contrataron en su día con un perfil muy conservador para sacar una pequeña rentabilidad al capital y poder disponer de él a futuro o transmitirlo a los hijos o nietos, no solo no están dando ningún interés, sino que encima está afectando a la inversión provocando descensos en el nominal.

Y el problema a día de hoy, es que el mercado financiero no ofrece en este momento ninguna otra alternativa a esta situación, salvo dejar el dinero en una cuenta corriente o en el colchón, porque las entidades disponen de un dinero más barato del que le pueda proporcionar un particular con sus ahorros.

El consejo que dan las entidades financieras es tener paciencia y esperar a que la situación amaine y que el Banco Central Europeo vuelva a subir los tipos de interés como lo ha hecho la Reserva Federal de Estados Unidos, una circunstancia que no parece que vaya a producirse a corto plazo.

Sin embargo, la realidad es que 2018 está siendo un año muy complicado en términos financieros por las incertidumbres que se están produciendo en el mundo con las tensiones arancelarias, el déficit y la subida de prima de riesgo italiana, el Brexit, la crisis de los mercados emergentes, el auge de los populismos neoconservadores y de extrema derecha, que hace que las perspectivas a corto y medio plazo no sean muy claras.

Esta situación no solo va a tener consecuencias en una pérdida del poder adquisitivo y, por tanto, de la capacidad de consumo de los ahorradores, con todo lo que ello significa para el desarrollo y crecimiento de la economía, sino que echa por tierra una práctica transmitida de padres a hijos de incentivar el ahorro como ejemplo de sensatez, buen hacer, prudencia y visión de futuro.

En cuestión de unas décadas hemos pasado de impulsar el ahorro como base y desarrollo de la economía y progreso de nuestro entorno tanto empresarial como familiar, así como medio para que las entidades bancarias pudieran ejercer mejor su actividad al disponer de unos recursos más baratos que si tuvieran que acceder al mercado interbancario, a demonizarlo hasta tal punto de que no solo no interesa, sino que incluso hasta puede llegar molestar por la ausencia de márgenes financieros que genera.

Esta demonización del ahorro pasará factura a medio o largo plazo, no ya por las consecuencias negativas que puede tener la pérdida de poder adquisitivo y la bajada del consumo de los ahorradores, sino cuando la cultura del ahorro desaparezca no habrá nadie que pueda tomar el relevo, una vez que las aguas de la política monetaria europea vuelvan a su cauce. En este sentido, el cambio de costumbres y hábitos ya se está produciendo no ya porque en este momento las líneas de crédito ofrecen ventajosas condiciones, sino porque la situación laboral de empleos precarios y temporales en la que se encuentran los jóvenes les dificulta para hacer hucha de la misma forma que lo podían hacer sus padres.

Todavía no he visto a ningún político, ni responsable económico, hacer mención a esta situación, ni poner de relieve la figura del ahorrador que, en general, son trabajadores pertenecientes a la clase media que con su trabajo y esfuerzo de muchos años han conseguido reunir un capital. Los ahorradores son los grandes ausentes de las políticas de los gobiernos, a pesar de que deben ser un modelo para evitar situaciones que derivaron en la crisis de hace diez años y son un papel fundamental en la cohesión y el desarrollo social gracias al sostenimiento de las familias y de las empresas. Simplemente han desaparecido.

Y en este terreno, sorprende -aún estando de acuerdo en la necesidad de impulsar las EPSV (Entidad de Previsión Voluntaria) de empleo-, que el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, haya rescatado hace unos días su propuesta de favorecer la puesta en marcha de este instrumento de pensiones, que debe ser financiado por empresarios y trabajadores, en ese territorio y no haya hecho mención a favorecer la percepción vía renta de las EPSV individuales y no bonificar el rescate del total del capital de la pensión. Y todo ello en medio de una recaudación fiscal que nos retrotrae a los años de bonanza de antes de la crisis.

Las haciendas vascas deberían penalizar a las EPSV individuales promovidas por las entidades financieras, cuando se proceda al rescate del total del capital de la pensión, en el que la tributación alcanza a día de hoy el 60% en la base imponible general del IRPF, mientras que si se hace en forma de renta mensual la carga fiscal alcanza el 100%. Al parecer, las necesidades de recaudación fiscal aconsejan a optar por lo concreto y no por la dilación temporal.

complemento de pensiones Es una flagrante contradicción con el espíritu que debe tener este tipo de previsión, que nacieron para ser un complemento de las pensiones públicas y no como un instrumento de inversión financiera pura y dura. Hace años se pusieron en marcha estos instrumentos para impulsar un ahorro destinado a la previsión con el atractivo de que la inversión estaba sujeta a deducción fiscal. Esta circunstancia, a la que hay que sumar los efectos negativos que en este año está teniendo su rentabilidad debido a la situación de incertidumbre en la que se están moviendo los mercados financieros, está provocando que los jóvenes se sientan también poco atraídos por este modelo.

Teniendo en cuenta esa realidad, la lógica, desde un planteamiento social, dicta que se revierta la política tributaria de las EPSV individuales y se favorezca el rescate del capital a través de rentas mensuales con el fin de complementar las pensiones públicas.

En paralelo, desde el sector público vasco es necesario impulsar la constitución de las EPSV de empleo, una cuestión que se antoja difícil en este momento, por la situación de confrontación en la que se encuentran las relaciones laborales que hace que empresarios y sindicatos no se sientan concernidos en la puesta en marcha de este instrumento que favorece la situación de los trabajadores cuando se jubilan. De hecho, y por distintas razones, la patronal vizcaina y el sindicato ELA se han opuesto a esta iniciativa.

Si en Gipuzkoa, la patronal Adegi y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT se pusieron de acuerdo en 1995 para impulsar un modelo de éxito como es el de Geroa EPSV, no tiene ningún sentido que lo mismo no se haga en Bizkaia, teniendo en cuenta que estas entidades permiten extender la previsión social a segmentos de población con rentas medias y bajas que no tienen capacidad de ahorro y que dependen en gran medida de las pensiones públicas. Son instrumentos de cohesión social y que deben ser considerados como una inversión en clave de ciudadanía. En el Reino Unido, las empresas están obligadas por ley a contribuir con una aportación mínima, siempre y cuando el trabajador también lo haga en los tramos que desee. En Alemania, Holanda y Francia también existen EPSV de empleo. También en estas cuestiones el norte de Europa debe ser la referencia a tener en cuenta.