no hay día que pase que desde instancias internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o estatales, como el Banco de España o la patronal CEOE, demanden una vuelta de tuerca más en términos de endurecimiento de la reforma laboral y del abaratamiento del despido, en una demostración más que palpable de un desconocimiento de la realidad que está exigiendo otro nuevo marco legal que responda mucho mejor al día a día de nuestras empresas.

Las normativas que desde Madrid, tanto con el PP como con el PSOE, se han hecho para cambiar las relaciones laborales por mor de aumentar la competitividad y productividad de las empresas, mediante la desregulación de la negociación colectiva en detrimento de las condiciones de los trabajadores, han podido ser eficaces en el Estado, pero en Euskadi no han funcionado porque su tejido productivo basado en la pyme tiene unas características muy diferentes.

Es más, mientras en el Estado desde algunas instancias políticas y sindicales se está planteando con la boca pequeña la derogación de la reforma laboral, en Euskadi hemos asistido al primer acuerdo interprofesional entre la patronal Confebask y los sindicatos ELA, LAB, CCOO y UGT, que nace como consecuencia de los efectos negativos que ha traído el cambio de normativa por parte del PP para dar prioridad y garantizar los convenios vascos por encima de los estatales.

Un acuerdo al que no se le ha dado la suficiente importancia, no ya porque se produce después de 18 años de ausencia de diálogo entre la patronal vasca y los cuatro sindicatos juntos en una misma mesa de negociación, sino porque supone romper con la uniformización de las relaciones laborales que desde el Gobierno español se ha pretendido con la reforma laboral tirando por elevación, sin tener en cuenta las distintas realidades económicas existentes en el Estado.

Bien es verdad que la crisis ha traído como consecuencia un cambio sustancial del marco en el que hasta ahora actuaban los agentes económicos y sociales y que parecía estar reglamentado por la fuerza de la costumbre. Así, Confebask ha visto cómo no es el único interlocutor patronal que existe, ya que importantes asociaciones empresariales sectoriales como las de comercio y hostelería han firmado convenios colectivos y los sindicatos han podido constatar cómo los trabajadores de algunas grandes empresas vascas han hecho caso omiso de sus recomendaciones y han aceptado acuerdos, a pesar de contar con su rechazo, incluso siendo mayoritarios. Por no hablar de los convenios de eficacia limitada donde se han dado casos de que trabajadores afiliados a sindicatos contrarios al acuerdo se han adherido a pesar de las proclamas en sentido contrario.

La afiliación a un sindicato ha dejado de ser sinónimo de militancia y acción reivindicativa, como lo fue en el pasado, para convertirse en una afiliación por la que se paga mensualmente una cuota como contraprestación a un futuro servicio en el momento en que pueda ser necesario. Es como un seguro de médico privado que se paga regularmente no porque sea útil en el momento, sino para prevenir el futuro.

Y en ese ámbito, probablemente, estemos asistiendo a un cambio en el paradigma de la negociación colectiva donde el paraguas del convenio general que cubre a las empresas de un sector y que, en función de su situación, se limitan a aplicarlo o a mejorarlo con pactos propios, puede desaparecer en un flujo que nacerá de abajo, es decir, de las propias compañías, a partir de la casuística inherente a cada una de ellas, y en un proceso ascendente fijar un marco genérico mínimo que no constriña su desarrollo futuro. Sobre todo por la situación de incertidumbre en la que todavía estamos viviendo, a pesar del crecimiento consolidado que se está produciendo en la economía vasca, tal y como están reflejando los grandes indicadores económicos.

La cada vez más rápida y mayor presencia de las nuevas tecnologías en las empresas está provocando un cambio radical en la formación de unas plantillas que deben contar con un personal cada vez más cualificado en una coyuntura en la que la globalización exige un mayor conocimiento para ser más competitivos. Esa mayor incorporación de lo que, en su tiempo, se llamaban trabajadores de bata blanca en las empresas está ya provocando un cambio en el modelo del diálogo y el tratamiento de las condiciones de trabajo en el seno de las compañías.

Estamos pasando del viejo esquema de la lucha de clases antagónicas en sus intereses y sometidas a una eterna confrontación y donde las relaciones se basaban en términos de conquista, por otro marco en el que la empresa se configura como un proyecto que afecta tanto al empresario como a los trabajadores y que está dando lugar a que se traten en conjunto aspectos como los niveles de eficiencia y productividad, las expectativas de empleo, mejora retributiva y las condiciones laborales de los empleados.

Este cambio de paradigma está provocando la irrupción de una nueva cultura en el seno de las empresas tanto por parte de empresarios como de trabajadores que está haciendo que el diálogo social tenga como referencia la situación de las compañías. En primer lugar hay que crear unos ambientes de trabajo abiertos, participativos y con una comunicación permanente en los que la información esté al alcance de todos y no, como hasta ahora, lo que supone una transparencia en la toma de decisiones y fijación de objetivos.

Este ambiente de diálogo social hace que haya en empresas que ya están aplicando retribuciones en función de resultados estableciendo por abajo un suelo fijo -que está dando lugar a importantes crecimientos salariales muy por encima de lo que se podría haber conseguido con el antiguo modelo de relaciones laborales-, se incentive las aportaciones e implicación de los trabajadores en el proyecto empresarial, se generen mayores oportunidades, mayor flexibilidad horaria que haga posible la conciliación familiar, etc.

Y todo ello desde la autonomía de las partes, sin tener en cuenta un marco normativo que no solo no está respondiendo en general a la situación de una economía como la vasca, sino que mantiene viejos esquemas que no tienen mucho que ver con la realidad de nuestras empresas fruto del importante cambio tecnológico que se ha producido y de la necesidad de garantizar la máxima competitividad.

En este aspecto hay que destacar el proceso de consolidación que está experimentando la economía guipuzcoana después de los pasados años duros de la crisis que fija para este ejercicio de 2017 un crecimiento en torno al 2,8% y la creación de unos 5.000 puestos de trabajo a los que hay que añadir los otros 5.300 que se generaron en 2016, según datos de la última Encuesta de Coyuntura realizada por Adegi.

El fuerte peso de la industria en Gipuzkoa está provocando un descenso de la temporalidad media que en 2008 era del 30%, mientras que en 2016 se situó en el 25,5%. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la temporalidad en la industria guipuzcoana es del 15,8% frente al 25,4% en los servicios de mercado y el 31,9% que se registra en la Administración Pública, Educación y Sanidad. En este sentido, el sector público arroja una temporalidad del 36,4% frente al 23,3% del sector privado. Todo un ejemplo.