Código de conducta judicial europeo: independencia e imparcialidad

el complejo y costoso proceso de construcción europea va a cumplir el mes de marzo de este año 2017 que ahora estrenamos 60 años. Con sus muchos defectos y problemas, que los tiene, sigue siendo un tesoro, un proyecto político colosal que tiene en el egoísmo de los propios Estados que lo integran y en sus mandatarios la principal razón de que no haya todavía terminado de lograr enganchar a la ciudadanía. El deporte favorito del cinismo hipócrita de muchos dirigentes estatales consiste en europeizar todo fracaso y nacionalizar todo éxito. Hay que cambiar el rumbo de esta UE desde dentro y nuestra rebelión cívica como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su futuro es clave.

Y sin embargo no todo pueden ser críticas. Hay ejemplos de muy buenas prácticas, como las del Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo (TJUE), que lleva años desarrollando una labor judicial importantísima limitando el poder de los gobiernos de los Estados europeos cuando sus decisiones son contrarias a los derechos reconocidos en la Unión Europea. Los dos recientes ejemplos en materia sociolaboral (garantizar la no discriminación de los trabajadores interinos en cuanto a la indemnización por rescisión del contrato) y en el ámbito de las cláusulas suelo hipotecarias son claros exponentes con fuerte proyección social de una labor tan callada y silente como importante para hacer de la UE una verdadera comunidad de Derecho y donde los derechos han de ser respetados.

El propio tribunal ha aprobado y publicado para su plena aplicación y vigencia desde el 1 de enero de este año 2017 que ahora estrenamos un Código de Conducta para los jueces que lo integran y para los que han formado parte del mismo en algún momento de su historia, y representa un excelente ejemplo de cómo ha de entenderse la independencia judicial, clave para que los ciudadanos confiemos en la justicia, que es a su vez la base de todo sistema democrático como verdadero contrapeso imparcial al poder ejecutivo y al legislativo y garante de un auténtico Estado de Derecho.

Si proyectamos alguno de los mandatos que dirige el recién aprobado Código de Conducta del tribunal europeo a nuestra dimensión judicial interna española y a algunos tristemente célebres ejemplos, obtendremos una buena lección de la que aprender para mejorar nuestro sistema:

sus miembros (los actuales y los antiguos) han de desempeñar su mandato con total independencia, integridad, dignidad e imparcialidad. Con lealtad y discreción. Deben dejar de lado todo interés personal o nacional a la hora de juzgar. No solicitarán ni seguirán instrucción alguna de instituciones, órganos u organismos de la UE ni de los Estados ni organismos o personas, sean públicos o privados.

No aceptarán ni obsequios ni prebendas que puedan poner en cuestión o en entredicho su independencia. Deberán prestar especial atención a no comportarse ni expresarse, sea cual sea el medio utilizado, de un modo que menoscabe la percepción por parte del público acerca de su independencia, integridad y dignidad de sus funciones.

Si aprecian que al tener que conocer un asunto puede suscitarse un conflicto de intereses, sea económico, personal o de otra índole, deben informar de forma inmediata al presidente del tribunal. Han de respetar el secreto de sus deliberaciones y el deber de discreción en la tramitación de los asuntos. Y durante los tres años siguientes a la finalización de su mandato, no podrán participar como abogado o abogada en ningún caso ante el propio tribunal al que ha pertenecido.

El Tribunal de Justicia de la UE nos brinda así un excelente ejemplo, un muy bien modelo de conducta a seguir para que la ética y la justicia sean un binomio bien avenido. Ojalá el modelo se proyecte a nuestra justicia en su integridad, despoliticemos aquellos ámbitos de la justicia que pervierten su verdadero sentido y dignifiquemos este ámbito del poder judicial que representa la piedra de toque de toda democracia.

Sin justicia independiente no hay verdadera democracia. La partidocracia debe dejar paso a la meritocracia en el acceso a todo órgano judicial. Y sus miembros, como de hecho lo hace ya una amplísima mayoría de jueces, magistrados y magistradas, deben obrar con imparcialidad e independencia de criterio. El Tribunal Europeo nos muestra el camino a seguir para una verdadera justicia.